Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en la República Argentina como consecuencia de la llegada del coronavirus a nuestro país, el transporte público de pasajeros (colectivos, taxis y remises), se ha visto profundamente afectado.
Claramente, en el medio de una pandemia que afectó al mundo entero, este acontecimiento extraordinario obligó a la ciudadanía en su conjunto a quedarse en su domicilio, evitando salir lo menos posible a la calle para evitar contagiarse; y por ende, esto impactó en el funcionamiento del transporte público debido a la falta pasajeros.
Pero lo más grave y preocupante, es observar la llamativa ausencia de los estados municipal, provincial y nacional, frente al momento crítico y extremo que atraviesan las trabajadoras y trabajadores que brindan un servicio público de transporte.
No se ha asistido (ni ayudado) con políticas de Estado al transporte urbano de pasajeros y a los taxis y remises durante la cuarentena.
Muchos de estos sectores como el que representa el Sindicato de Peones de Taxi, en la persona de su Secretario General (Héctor Miguel Arias), han realizado pedidos de ayuda y auxilio por notas ingresadas a través de la mesa de entradas, a los estados municipal, provincial y hasta en el Ministerio de Trabajo de la Nación. En ningún caso obtuvo respuesta alguna a estas presentaciones, lo que desde ya es una vergüenza y a la vez demuestra la indiferencia de la política, a la angustiante situación económica, laboral y familiar de los taxistas cordobeses.
¿Qué pretende hacer el Estado con el transporte público? ¿Hasta cuándo el Estado va a seguir mirando para otro lado, sin tomar decisiones rápidas para auxiliar al transporte público de Córdoba?
Hay aplicaciones de transporte de personas por vehículos (que no son de transporte público y que no cuentan con habilitación municipal) que están sacando provecho del pésimo momento que atraviesa el transporte público en Córdoba.
Se han perdido miles de fuentes de trabajo, como en el caso de taxis y remises, solo en Córdoba.
Asimismo, son innumerables los casos de trabajadoras y trabajadores que se encuentran dentro de sus propias actividades encuadrados como servicios esenciales, y que van a su lugar de trabajo en colectivos, taxis o remises.
Es deber de los estados nacional, provincial y municipal, garantizar a los trabajadores y trabajadoras del transporte público, todos sus derechos constitucionales (los previstos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Córdoba).
Se necesitan respuestas urgentes, decisiones urgentes, medidas urgentes. Todas ellas deben beneficiar al pueblo trabajador, teniendo en cuenta que muchas de ellas en los últimos meses solo han sido en contra de los activos cordobeses y hasta de los pasivos también.
El transporte público de Córdoba (como el de todo el país), y el pueblo argentino se los demanda.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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