Tres jueces federales investigan maniobras de espionaje ilegal en distintas formas ocurridas durante el gobierno de Cambiemos y que tuvieron como víctimas a dirigentes políticos de todos los sectores, referentes religiosos, sociales y sindicales y periodistas con el denominador común de que en todos los casos se sospecha del papel que jugó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Dos de las causas se encuentran radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py, en juzgados a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y la tercera está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ya comenzó a informar a las eventuales víctimas acerca de la prueba recolectada en su expediente.
En el caso que se investiga en Lomas de Zamora se analizan maniobras de seguimiento cuerpo a cuerpo a dirigentes de la más alta jerarquía como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vice, Diego Santilli.
En los otros dos expedientes, abiertos por denuncias de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, se investigan más de 80 intercepciones de correos electrónicos cuyos rastros fueron hallados en un disco rígido encontrado en la sede principal de la central de espías; mientras que en el otro se investiga si la Agencia intervino en la confección de fichas ideológicas de unos 500 periodistas y académicos que se acreditaron para participar de cumbres del G20 y la OMC realizadas en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.
La causa de Lomas de Zamora, que se disparó tras la declaración de un supuesto narcotraficante que en febrero de este año dijo haber sido contratado por la AFI para darle “un susto” a un ex funcionario del ministerio de Defensa, es la más avanzada: tras una serie de allanamientos se recolectaron fotos, videos y audios que robustecieron la hipótesis de la existencia de una célula de espionaje que reunía información sin ninguna autorización judicial.
En el marco de esa causa, la ex Presidenta concurrió al juzgado de Lomas de Zamora acompañada por su abogado Carlos Beraldi, y mantuvieron una audiencia con el juez Villena que durante más de dos horas y apoyado por dos pizarrones le presentó la prueba del supuesto seguimiento que la habría tenido como víctima.
A la ex jefa de Estado y a sus abogados les fueron exhibidos informes sobre una presunta infiltración en el espacio político Unidad Ciudadana, otros sobre sus reuniones en el Instituto Patria, detalles sobre las reuniones que posibilitaron su acercamiento político a Sergio Massa, fotos de ella misma ingresando al edifico de la calle Juncal en el que vive y grabaciones entre agentes de inteligencia que hablan sobre como espiarla.
En la misma visita a Lomas de Zamora y tras tomar contacto con la prueba, el abogado Beraldi solicitó que la vicepresidenta sea tenida por parte querellante, para poder solicitar medidas de prueba y tener participación en el expediente; algo que el juez Villena aceptaría en los próximos días.
Hoy se sumó al expediente otro pretenso querellante: se trata del subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, quien sostuvo que se enteró del supuesto espionaje a ese espacio político a través de los medios.
En la causa en la que se investiga la supuesta intercepción de correos electrónicos, el fiscal Jorge Di Lello ya imputó al ex presidente Mauricio Macri; al ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; a su segunda Silvia Majdalani y a otros tres agentes de inteligencia.
Allí se investiga el hallazgo de un disco rígido marca Western Digital –que ya está siendo sometido a peritajes-, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.
La novedad de ese expediente es que hoy Arribas presentó espontáneamente un escrito ante el juez Martínez de Giorgi con el que negó “terminantemente haber cometido delito alguno” durante su paso por la AFI entre 2015 y 2019.
El ex funcionario designó a Gustavo Presman como perito de parte para intervenir en una pericia dispuesta al disco rígido que originó la denuncia y nombró como abogados a Andrés Coronato y a Alejandro Perez Chada, uno de los abogados predilectos de Macri.
El último expediente en iniciarse, también tras una denuncia de Caamaño, investiga supuestas maniobras de espionaje masivo sobre periodistas, académicos y empresarios que se acreditaron para participar de las cumbres del G20 (en 2018) y la OMC (2017), y también supuestas infiltraciones en los partidos de izquierda, que preparaban las manifestaciones de repudio.
Tras encontrar las fichas de los acreditados ideológicas de los acreditados –con información vinculadas con inclinaciones políticas o participación de movimientos como el Ni Una Menos- en oficinas de la AFI, su interventora formuló una denuncia penal y reclamó las indagatorias de Macri, Arribas y Majdalani.
Instantes después de la recepción de la denuncia, el viernes pasado, el juez Martínez de Giorgi la delegó en la fiscal Paloma Ochoa que por estas horas analiza todo el material recibido y evalúa las primeras medidas a realizar para darle impulso a la investigación.
Muchos de los periodistas espiados –de distintos medios de diferentes plataformas- se presentarán como querellantes en los próximos días agrupados en un planteo colectivo que encabezará el Centro de Estudios Legales y Sociales.
(Con información de Agencia Telam).
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