La sociedad argentina, en un 82%, declara tener “escasa, baja o nula” confianza en la Justicia. Un proceso judicial por corrupción política, económica o sindical dura en Argentina un promedio de 14 años y solo tiene un índice de condena del 4% (informe CIPCE 2009. Encuestas Colegio de Abogados de Córdoba 1993/2016). El costo económico estimado por los sobreprecios de la obra pública en el periodo 2003-2015, asciende a 40 mil millones de dólares.
En un proceso judicial de corrupción existe un promedio de 10/12 recursos incidentales que plantean los imputados.
Este es el diagnostico real del problema argentino, que es político y cultural, antes que económico. Estamos en presencia de un modelo de acumulación de poder político, económico y sindical basado en la corrupción y legitimado por la Justicia y por el pensamiento jurídico dominante. Sobreprecios, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado, lavado de activos y toma de deuda externa. Este es el sistema que aparece como constante en los 36 años de Democracia argentina más allá de ideologías y de los partidos políticos.
Y es sin duda este modelo de poder, la causa no sólo de la desconfianza social en la Justicia sino también del nulo crecimiento económico del país en los últimos 36 años y del fracaso de la lucha contra la pobreza y contra la inflación. Este modelo de poder basado en la corrupción es el que se debe desmontar y para ello no es suficiente una reforma judicial o una reforma a los Códigos Penales o Procesales. Se debe cambiar una política criminal que garantiza impunidad a los delitos del poder político, económico y sindical. Y para ello hace falta valentía y grandeza política.
LA EJEMPLARIDAD MORAL DE LOS JUECES
Este es un dato imprescindible a tener en cuenta para desmontar el modelo de poder basado en la corrupción. Nada ni legal ni ético justifica el privilegio de los jueces de no pagar impuesto a las Ganancias. Nada justifica jubilaciones privilegiadas. Son obscenos privilegios que violan el Derecho Humano de Igualdad ante la Ley del artículo 24 de la Convención Americana sobre DDHH.
LA DESCONFIANZA DEL ARGENTINO EN LA JUSTICIA
El argentino tiene razón en desconfiar de la Justicia y de la Ley. Porque mira hacia arriba y ve que los crímenes del poder nunca pagan. Y que la víctima de la corrupción, que es la sociedad, carece de todo derecho.
La Sociedad como víctima tiene dos Derechos Humanos: que se castigue a los responsables y que se devuelvan los bienes robados. Sus derechos en el proceso penal argentino son teóricos. Este debe ser el fundamento de una nueva política criminal, el de garantizar los derechos de la victima de los delitos de corrupción. No alcanza con ampliar el número de juzgados ni modificar los mecanismos de selección de los jueces. Hay que cambiar una política criminal que garantiza impunidad al poder. Y comenzar por la falsa tesis de que una sentencia firme en los procesos por corrupción es la de cuarta instancia. Es decir, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nunca llega. El artículo 8 de la Convención Americana consagra la doble instancia y no una cuarta instancia. Los problemas de la Justicia Argentina no son simplemente funcionales o de celeridad procesal. Ni los jueces corporativos de Comodoro Py ni los jueces militantes de Justicia Legítima le garantizan al argentino el Derecho Humano de “imparcialidad e independencia” que impone el mencionado artículo 8 de la Convención Americana.
Pero, además, la desconfianza social en la Justicia impacta de lleno en la economía. El funcionamiento de la economía de un país tiene directa relación con el funcionamiento de la Democracia. Y una Democracia funciona cuando existe respeto en la ley y confianza en la Justicia. Ningún programa económico va a funcionar en la Argentina, ninguna política monetaria y ninguna política antinflacionaria si no se recupera confianza en la Justicia y en la Ley. Y ese objetivo, sólo se logra terminando con la impunidad de los delitos del poder. Este es el diagnóstico real del verdadero del problema argentino. No se trata de reformar la Justicia, sino de cambiar una política criminal y desplazar el peso de la persecución penal del Estado hacia los crímenes contra la Democracia, como son la corrupción, el narcotráfico y la Trata de Personas. Pero todo comienza con el castigo eficaz a la corrupción del poder.
* Juan Carlos Vega, Ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Autor del libro “La corrupción como Modelo de Poder” (Editorial Astrea, diciembre 2019).
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