El concejal Tomás Méndez (Bloque Vamos).
El dilatado proceso de licitación y adjudicación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos sigue sumando polémicas en la ciudad de Córdoba, luego de que el intendente Ramón Mestre resolviera postergar la firma del contrato con las tres empresas adjudicatarias.
Ello ocurrió pese a que estaba prevista para el lunes 6 de agosto la firma del instrumento legal que completaría un proceso que no se ha visto exento de polémica, fundamentalmente por la participación, aceptación de oferta y adjudicación de parte del contrato a la UTE Solvi-Caputo.
En tal sentido, desde el bloque Vamos, que conduce el edil y periodista Tomás Méndez, volvieron a plantear una serie de objeciones al proceso, al que señalan viciado por la participación de la firma brasilera en tándem con la compañía propiedad de Nicolás Caputo, amigo personal del presidente Mauricio Macri.
“Todos los pedidos de informe que ha presentado nuestro bloque fueron sistemáticamente rechazados por los concejales de Mestre, que se han encargado de levantar la mano para que todo el proceso se resuelva de una forma muy poco transparente”, señaló Méndez.
TODOS RECHAZADOS
El detalle indica que el 25 de octubre, el bloque Vamos pidió detalles sobre la composición accionaria de la firma Caputo y la participación de la firma TGLT como accionista.
Luego, el 11 de diciembre, los ediles de ese boque opositor pidieron precisiones sobre las empresas brasileras Solvi y Vega (que conforman la UTE con Caputo) para que se determinara si están siendo investigadas en el proceso Lava Jato.
El 20 de febrero pidieron documentación contable, laboral y previsional de la firma Cotreco, así como copias de sus estados contables.
A posteriori, el 16 de marzo, propusieron invitar a las tres empresas oferentes a presentarse en el Concejo Deliberante para exponer sus propuestas ante los concejales.
El 23 de abril, desde el bloque Vamos se pedían notas aclaratorias y decreto de la Comisión de Evaluación, así como su informe final.
Y finalmente el 4 de julio pidieron directamente a Mestre que concurriera a informar a los ediles sobre las diferentes circunstancias polémicas en torno a la pata brasilera de la UTE Solvi Caputo.
Ninguna de esas iniciativas fueron aprobadas por el oficialismo, que cuenta con mayoría automática. Por esa razón, aseguran desde el bloque opositor, es que “se debió avanzar con una denuncia penal contra el intendente Mestre por no haber rechazado la participación de Solvi-Caputo pese a la sucesión de causas penales que enfrenta (algunas con condena firme) tanto en Brasil como en Perú”.
“Nunca nos escucharon, nunca nos respondieron, nunca nos informaron. Por eso le pido a Mestre, que dice que tiene un gobierno abierto, a que venga al Concejo y nos dé a los vecinos las respuestas que todos estamos necesitando, sobre todo en lo que va a ser el contrato más oneroso para todos los cordobeses durante muchos años”, concluyó el edil.
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