Una asamblea de Luz y Fuerza en la sede sindical.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba decidió ayer levantar el paro que venía desarrollando y aprobó continuar con trabajo a convenio y asambleas informativas “activas y sorpresivas de dos horas por turno”.
La medida del gremio es en reclamo del pago de la deuda de la BAE (Bonificación Anual Complementaria), que EPEC propuso pagar en dos cuotas en los meses de julio y agosto, a un millar de empleados y en rechazo a los ajustes que lleva adelante la empresa, entre otras demandas.
Luz y Fuerza inició un paro el jueves pasado, luego que la empresa comunicara que no estaba en condiciones de abonar la BAE. La medida de fuerza se mantuvo hasta anoche, en que mutó por el trabajo a reglamento y las asambleas sorpresivas de dos horas por turno.
Además adelantó que presentará “las denuncias correspondientes por el no pago de horas extras y cubrimiento de cargos donde existe un efectivo desempeño de la función, producto de lo generado por las resoluciones emanadas de la empresa”; y exigirá la conformación de ámbitos de discusión dentro de la Empresa para garantizar el correcto funcionamiento de la EPEC estatal e integrada”.
También pedirá “la apertura de la discusión paritaria producto del deterioro económico por el despegue inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.
En otro punto, anunciaron que solicitarán el retiro de la policía de EPEC.
El conflicto entre la empresa y los sindicatos de Luz y Fuerza se inició a principios del mes de abril, con la decisión de cerrar centros de atención comercial en abril (medida que se aplicará ahora) y luego se extendió a un ajuste operativo en el funcionamiento de la compañía, incluyendo la reducción de horas extras, eliminación de viáticos, y modificaciones del sistema de reemplazos de jefes, entre otras medidas.
Luego el gobierno provincial y EPEC pidieron abrir una negociación para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, donde entre otros puntos se propuso reducir los pagos de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE). Como la negociación en el ámbito provincial fue rechazada por los tres sindicatos de Luz y Fuerza, el Ejecutivo impulsó modificaciones de hecho en el CCT a través de tres leyes (ilegales, porque no se puede modificar un acuerdo de partes a través de una ley). Los cambios son los siguientes: eliminación de la Bolsa de Trabajo para acceder a las vacantes en la empresa; reducción del beneficio de energía eléctrica para consumo residencial de los empleados; y eliminación de un aporte patronal para una caja compensadora jubilatoria.
A todo ello, se le sumó el elevado desprestigio de la línea gerencial de EPEC, que ha quedado expuesta por sus decisiones operativas y “beneficios” personales en la administración de la empresa; y la decisión del gobierno de dividir la operación contable en tres áreas: generación, transporte y distribución. Esta última medida apunta claramente a sentar las bases para una futura privatización de la generación. La excusa de la transparencia de los costos se cae por su propio peso, dado que la operación de la compañía ya tiene sus números diferenciados.
Por último, se le han sumado persecuciones, desplazamientos de personal de carrera, “importación” de gerentes con experiencia en gas natural o el PAMI, pero nulo conocimiento de la operación eléctrica; y el retraso en el pago de salarios y la BAE.
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