El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Foto: Prensa Gobierno Nacional.
El problema de taparse los ojos para ver es que no se ve. Muchos sectores sociales y políticos prefieren no ver y repetir lo que escuchan de los voceros del establishment. En dos años y tres meses de gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, el costo mayorista de la electricidad aumentó 1447,65%, pasando de 76,75 pesos por megavatio/hora en diciembre de 2015 a 1187,8 pesos en febrero de este año. Los datos son de la propia Secretaría de Energía de la Nación.
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El siguiente item cuyo costo explotó es el del transporte de energía, que pasó de 2,97 pesos por megavatio/hora en diciembre de 2015 a 91,8 pesos en febrero de 2018: una suba de 2990%.
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El siguiente tema es el de los subsidios: este año desaparecerán para usuarios industriales y el año que viene los consumidores residenciales sólo tendrán un 10% de subsidio por cada Kw/h demandando. A fin de 2018, todavía conservarán un 18%.
Luego, al comparar los datos de la Secretaría de Energía de la Nación sobre las tarifas residenciales de hasta 300 kw/h de consumo, sin impuestos, aparece que las provincias de Córdoba, Buenos Aires (sin el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires) y Santa Fe tienen facturas similares, con una leve mayor eficiencia de EPEC respecto del valor propio que adiciona -al valor de la energía comprada al sistema mayorista nacional más el transporte- para su operación de transmisión y distribución.
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.
Cualquier discusión sobre la eficacia de las prestatarias provinciales del servicio eléctrico arrojará -como en toda operación empresaria- posibilidades de optimización e incremento de eficacia, pero en márgenes no sustanciales respecto de los elevadísimos valores con los que llegan las boletas de luz. El problema no radica en EPEC. Al igual que sucede con el gas y las naftas, que las empresas privadas prestatarias del servicio público perciban tarifas con una elevada tasa de ganancia, dispara una brutal transferencia desde la población, el comercio, los servicios y las industrias a estas compañías. Eso es lo que está sucediendo. En definitiva, la piedra en el zapato está en Buenos Aires, no en Córdoba.
El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, aseguró ayer que la parte “más importante de la readecuación tarifaria ya se hizo”, lo que no modifica el impacto de las boletas que llegan a hogares e industrias. El proceso de transferencia de ingresos entre sectores es una condición de la restauración del sistema neoliberal en Argentina, pero muestra con claridad quiénes son ganadores en el nuevo modelo; en este caso, petroleras, transportadoras y distribuidoras de servicios públicos (luz, gas, agua, etc.). Allí también radica el motivo por el cual la inflación no cede: su raíz no es la existencia de una expansión de demanda sin una oferta consecuente de bienes y servicios, sino la necesidad de hacer transfusiones de recursos a estas empresas. Los vecinos de pueblos y ciudades cordobesas están reaccionando contra el estornudo, pero no contra la causa de la gripe.
RECLAMO COOPERATIVO
Ayer, un plenario de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Córdoba (Fecescor) convocó a una movilización para el próximo jueves 22 en protesta por el alto impacto que el ajuste en las tarifas eléctricas que les traslada Epec ocasiona sobre la masa de sus asociados. En ese sentido, entregarán un petitorio al gobernador Juan Schiaretti, planteando que el impacto de la actualización tarifaria no tenga la magnitud que tiene, a la par que pedirán a la Nación que acentúe el gradualismo en la actualización tarifaria anunciada para lo que resta del año para atenuar ese impacto en las facturaciones futuras.
La protesta se desarrollará en la ciudad de Córdoba. La organización consideró que “las decisiones tomadas por el Ersep ni siquiera se va a notar en las facturas, con lo cual la presión (social) seguirá recayendo sobre las cooperativas”.
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