Rossana Gauna, junto al titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación. La delegada local tomó el caso Jonathan y está en tratativas para que el organismo se convierta en querellante.
Han pasado 18 días de la brutal muerte de Jonathan Centeno, el joven albañil de 22 años que falleció a bordo de un móvil del Servicio Penitenciario de Córdoba mientras era trasladado desde Bouwer a Tribunales 2. Y si bien la fiscalía de Distrito 2 Turno 5 se halla instruyendo la causa para determinar las responsabilidades, por el momento no se han ordenado detenciones ni tampoco se han presentado querellas particulares por parte de la familia.
Por esa razón, la noticia de que la Delegación Córdoba de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación (PPN) haya solicitado acceso al expediente, constituye una señal importante en orden a impulsar la investigación de un episodio sobre el cual, por el momento, las autoridades políticas, policiales y penitenciarias han evitado expresarse.
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La única expresión de un poder del Estado en relación a este ominoso caso fue el Pedido de Informe presentado el 15 de febrero en la Legislatura Provincial por la legisladora Liliana Montero, integrante de la bancada Córdoba Podemos.
Jonathan Centeno tenía 22 años y trabajaba de albañil. Lo detuvieron un sábado por la noche, y el lunes falleció en un móvil del SPC.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La activación de la delegación local de la PPN se dio luego de que este medio consultara al director de Derechos Humanos de ese organismo, Ariel Cejas Meliare, quien fue puesto al tanto de la situación de Jonathan. Desde Buenos Aires, Cejas Meliare se mostró consternado por lo sucedido en Córdoba, e instruyó a los representantes de la PPN en la provincia para que tome contacto con la familia y los acompañe en una presentación penal.
Precisamente fue eso lo que se concretó el miércoles último, cuando fueron recibidos el padre y la “hermana de crianza” de Jonathan Centeno en la sede del organismo.
“Si es una causa de violencia estatal, entonces hay que investigar. Independientemente de lo que quiera o no quiera la familia”, sostuvo Rossana Gauna, delegada en Córdoba de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
“Lo primero que hemos hecho ha sido pedir el expediente para poder conocer qué es lo que se está investigando”, le respondió a ENREDACCIÓN la titular de la Delegación Córdoba de la PPN, Rossana Gauna.
“Fue muy importante que los familiares se acercaran, y estamos analizando con ellos cuáles son los pasos a seguir”, dijo Gauna, aclarando que más allá de la decisión de la familia, el organismo insistirá para constituirse en querellante y acceder al expediente. Esto es así porque parte de la familia no está convencida de impulsar la investigación. “Son ellos los que después están en el barrio, en el territorio, y uno debe entender este tipo de situaciones y ser muy respetuosa”, admitió la funcionaria. No obstante ello, para ella y para el organismo que integra, “si es una causa de violencia estatal, entonces hay que investigar. Independientemente de lo que quiera o no quiera la familia”.
OBSTÁCULOS A SORTEAR
El primer escollo que deberá sortear este organismo de carácter nacional y que por tanto tiene “potestad de acción” sobre presos con causas federales, será justamente ése: que le permitan intervenir en una causa de la justicia provincial.
“Si nos facilitan el acceso al expediente, estaremos varios pasos adelante, ya que para constituirse como querellantes se debe disponer de información concreta, que hoy no tenemos”, señaló Gauna.
¿Cómo sortear ese obstáculo? “Nosotros formamos parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y por tanto deberían tener acceso a la causa”, dijo la funcionaria, admitiendo no obstante que “las provincias son muy cuidadosas de su autonomía, y por eso aguardamos qué nos puede llegar a contestar la fiscalía. De cualquier modo, el planto formulado por la PPN encontró buena recepción en la instrucción y podría abrirse el camino para intervenir en la causa. “Si esto se da, estaremos varios pasos adelante”, dijo al señalar que “para constituirse como querellantes se debe disponer de información concreta, que hoy no tenemos”.
De concretarse este pedido, que sería el segundo en nuestra provincia en que la PPN interviene en el proceso penal, la querella sería firmada por el propio Francisco Mugnolo, titular a nivel federal del organismo, y se coordinará dese el área jurídica de la organización, en su sede de CABA.
Mientras tanto, la fiscalía de instrucción continúa avanzando con la investigación y sigue a la espera de los resultados de los análisis toxicológico y anatomopatológico, para complementar los datos de la autopsia, que ya en la primera semana estaban a disposición del fiscal Alfredo Villegas. Lo que se intenta determinar es si efectivamente Jonathan Centeno había sido entregado por la policía al SPC en pésimo estado de salud. Ello podría confirmar lo que denuncia la familia, al señalar que al muchacho lo habrían golpeado y torturado salvajemente en sede policial.
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