Lo presentó la legisladora Liliana Montero, quien pidió precisiones sobre la circunstancia de la muerte de Jonathan Centero, las condiciones del traslado, y los responsables del episodio. El pedido está dirigido al Ministerio de Justicia conducido por Luis Angulo.

El caso Jonathan ya llegó a la Legislatura, con la presentación de un pedido de informe para que el gobierno informe sobre los detalles de su cruel fallecimiento en el día más caluroso del año.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

La brutal muerte del joven albañil de barrio Comercial Jonathan Centeno ya llegó a la Unicameral, con un pedido de informe al gobierno para que dé explicaciones sobre lo sucedido.

El planteo fue formulado por la legisladora del bloque Córdoba Podemos, Liliana Montero, cuyo pedido de informe N°24122 ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura el 15 de febrero, es decir, diez días después del episodio.

El planteo toma como fuente la información dada a conocer por un informe de EnRedacción, y además cita el comunicado oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba. Es dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya cabeza es Luis Angulo, para que informe sobre las circunstancias del fallecimiento de Centeno.

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Entre otras cosas, Montero le pide al ministro que indique en qué fecha tomó conocimiento del hecho y bajo qué circunstancias se produjo la muerte del joven de 22 años. Pide también que se adjunte el parte médico del interno fallecido (suscripto por la guardia del Hospital Municipal Príncipe de Asturias), pidiendo que se acompañe también con el último realizado en vida para cotejarlo con el que certifica el fatal desenlace, y que fuera citado por el informe de este medio.

El planteo toma como fuente la información dada a conocer por un informe de EnRedacción, y además cita el comunicado oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba. Es dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya cabeza es Luis Angulo, para que informe sobre las circunstancias del fallecimiento de Centeno.

Por otra parte, le requiere se brinde detalle las condiciones de salud de los demás internos que iban en ese traslado, con sus correspondientes partes médicos. Y consulta sobre las medidas que se adoptaron en ese momento y cuáles son las actuaciones que llevaron a cabo ese día, y en lo sucesivo.

Además, pide información sobre una eventual intervención el Tribunal de Conducta Policial, como así también detalle de los agentes que estuvieron a cargo del traslado y si se tomó alguna medida para con los agentes involucrados. Finalmente, le pide que detalle antecedentes de otras denuncias o situaciones similares o de irregularidades en el traslado de los internos.

La legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) se hizo eco de la investigación de ENREDACCIÓN y presentó un pedido de informe para que el Gobierno dé cuenta de lo sucedido con Jonathan Centeno el 5 de febrero de 2018.

BRUTALIDAD DEL SISTEMA

Jonathan Centeno murió cerca del mediodía del lunes 5 de febrero, que fue el día más caluroso del año. Según la información oficial, sufrió una descompensación a bordo del móvil 120 de Traslados, un colectivo Volkswagen del Servicio Penitenciario. Sus familiares aseguran que el cuerpo mostraba marcas de torturas en brazos, piernas, rostro, boca, ojos y torso, y acompañaron esa denuncia con fotografías que documentan tal descripción.

“La muerte de un ciudadano bajo responsabilidad del Estado siempre nos debe ocupar, sea cual sea la situación de ese ciudadano”, sostuvo la legisladora,

El informe de ENREDACCIÓN detalló las inhumanas condiciones del traslado, en un compartimento totalmente de chapa, sin medidas de seguridad, con bancos de acero e internos encadenados al piso y engrillados, lo cual vulnera normativas locales, nacionales e internacionales, además de la propia legislación interna del SPC y varios farios de la justicia federal.

La legisladora Montero cita artículos de la ley de Ejecución Penitenciaria (24.660) y el decreto provincial 343/08 que establecen las condiciones mínimas de higiene y seguridad para el traslado de los internos.

“La muerte de un ciudadano bajo responsabilidad del Estado siempre nos debe ocupar, sea cual sea la situación de ese ciudadano”, sostuvo la legisladora, plenamente consciente de los vientos punitivistas que soplan en el humor social durante los últimos tiempos. “Creo que estamos en un contexto social en el cual a la gente le da bronca que nos ocupemos de estos temas”, sostuvo, para luego señalar que “las responsabilidades de los que ocupamos lugares públicos no es preocuparnos de aquellos temas que surgen de las encuestas, sino de las obligaciones para las cuales hemos sido elegidos”, sostuvo.

“Creo que estamos en un contexto social en el cual a la gente le da bronca que nos ocupemos de estos temas”, sostuvo, para luego señalar que “las responsabilidades de los que ocupamos lugares públicos no es preocuparnos de aquellos temas que surgen de las encuestas, sino de las obligaciones para las cuales hemos sido elegidos”, sostuvo.

Por el momento, ninguna autoridad provincial ni judicial se ha expresado sobre el episodio. Sólo desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, su director de Derechos Humanos, Ariel Cejas Meliare, consideró que “en virtud de la gravedad del caso”, ese organismo se contactaría con la familia con el fin de acompañarlos en una presentación judicial contra los responsables de la muerte.

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