La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba se solidarizó con los dirigentes sindicales y sociales que fueron enviados a juicio por el fiscal Ernesto De Aragón, por encabezar una protesta social el pasado 5 de abril y denunció que “es un avance más del cordobesismo y el Poder Judicial para criminalizar la protesta social”.
También exigió al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López; como así también al fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, que “se ordene inmediatamente, el cese de estas actividades ilegales, so pena de ser denunciados penalmente ante Organismos Nacionales e Internacionales”. La APDH se refiere a las acciones de espionaje ilegal llevadas adelante por la Policía sobre dirigentes y organizaciones sociales.
A través de un documento titulado “El derecho a la protesta social, eje de la democracia”, la APDH apunta que el pedido de juzgar a Federico Giuliani, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma Córdoba), por participar de la Marcha contra el Hambre realizada el pasado 5 de abril por parte del fiscal Ernesto de Aragón, es un avance más del cordobesismo y el Poder Judicial para criminalizar la protesta social”.
En ese sentido, señala que “la acusación del fiscal De Aragón contra Giuliani, y de los dirigentes sociales y políticos como la ex legisladora Soledad Cristina Díaz García; Emanuel Berardo, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano, por ser presuntos “coautores de los delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal)” es parte del plan del llamado Partido Cordobés, de reprimir a los sectores de la clase trabajadora y los movimientos sociales que reclamen contra el ajuste, y por mejoras en las condiciones de vida”.
Más adelante, denuncia que “como en las peores horas de nuestra Patria, la única versión de los hechos para someter judicialmente a los dirigentes sociales, políticos y sindicales, fue la de la Policía. Y, por si fuera poco, el propio fiscal De Aragón admite haber realizado acciones de inteligencia interior”.
Resalta, en ese sentido, que “se incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO) analizando: los antecedentes de la movilización del día 05/04/2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”. El documento apunta que se trata de “algo prohibido por las leyes vigentes y la Carta Magna de la Nación”.
Por último, dice que “estas prácticas ilegales de espionaje a organizaciones y dirigentes populares admitida por el propio fiscal Ernesto de Aragón, cuenta con las directivas de la propia jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, tal lo señalado por ella a distintos medios, donde detalló que la fuerza realiza tareas de inteligencia cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil, como ocurrió en épocas del Terrorismo de Estado”.
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