Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán, aseguró este miércoles que quiere “encontrar los huesos” de su hija, dijo que el Sindicato Luz y Fuerza de Tucumán está involucrado en el caso, remarcó que ya no le tiene miedo “ni al diablo” y brindó detalles de la investigación que probaría que la joven está muerta.
“Yo quiero encontrar los huesos de mi hija”, aseguró Trimarco durante una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles, en Tucumán, para esclarecer dichos sobre la investigación por la desaparición de su hija.
“Si está muerta, quiero los huesos de ella, para que tenga justicia mi hija y su familia: su hija, yo -como mamá- y su hermano. Quiero que tengamos un lugar para ponerle una flor”, agregó.
“Con Mica (Micaela, hija de Marita) lo estamos procesando, es muy triste para nosotras, muy doloroso”, añadió.
La reunión se convocó luego de que trascendiera la información sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición relacionadas con la supuesta existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió y que en el hecho habría vinculación de “sectores gremiales”.
Acompañada por sus abogados, José D’Antona y Carlos Garmendia, Trimarco señaló que las pruebas recolectadas hasta ahora les permiten sostener que la carpeta con las fotos “existe o ha existido” porque en total son “diez personas” que revelaron la misma información.
“Confirmo que Luz y Fuerza (de Tucumán) es uno de los gremios. Lo confirmo yo como mamá, yo no le tengo miedo ni al diablo”, remarcó. En este sentido recalcó que “es Luz y Fuerza y otros gremios pequeños. Son todas personas mafiosas”.
Trimarco dijo que las personas involucradas en la investigación de la desaparición de su hija “son muy amigos de la Rubén ‘La Chancha’ Ale” y que “la pelea se arma porque “La Chancha” se quería apoderar de esos gremios (que se mencionan en la causa) y es ahí cuando aparece la carpeta”.
Lo que se investiga a partir de la existencia de la carpeta y el contenido de la misma es si el cuerpo de Marita habría estado en la morgue de la clínica privada llamada Luz Médica, ubicada en la calle Marcos Paz 953 de la capital tucumana.
La presidenta de la Fundación manifestó que “esto ha sido una lucha difícil y despareja, esta mafia organizada y perversa que destruye familias enteras, como destruyeron la mía, me fueron llevando de un lado para el otro, sin embargo, no vamos a parar hasta que uno por uno pague lo que hicieron con mi hija”.
“Todos los que ahora están presos por juicios anteriores y los que faltan aún forman parte de un ensamblado y está conectados entre sí”, aseguró Trimarco.
La madre de Marita dijo además que las personas involucradas en esta investigación “son muy amigos de la Rubén “La Chancha” Ale” y que “la pelea se arma porque “La Chancha” se quería apoderar de esos gremios (que se mencionan en la causa) y es ahí cuando aparece la carpeta. Eso me contó la persona que declaró”.
El testigo “no dio más y vino a contar lo que sabía de mi hija”, sostuvo Trimarco, y aclaró que esa persona “no hace mucho tiempo que tiene conocimiento” sobre los hechos denunciados.
Rubén la “Chancha” Ale y su hermano Ángel “El Mono” eran considerados los jefes máximos de la organización criminal conocida como el “Clan Ale” que operó en Tucumán con extorsiones, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la trata de personas.
El 18 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 13 miembros del Clan, entre ellos a sus líderes, los hermanos Ale, quienes recibieron penas de diez años de prisión y una multa de ocho millones de pesos como autores de los delitos de “lavado de dinero proveniente de la usura, la extorsión, la explotación económica del ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes, y por asociación ilícita en carácter de jefe”.
Los hermanos Ale, a pesar de ser señalados por Trimarco como los autores del secuestro y de la desaparición de Marita, nunca fueron juzgados por esos delitos.
La “Chancha” falleció el 21 de junio pasado en el hospital Centro de Salud de la capital tucumana donde se encontraba internado ya que padecía obesidad mórbida, mal de Parkinson y complicaciones cardíacas.
Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón junto a los abogados José D’Antona y Carlos Garmendia. (Foto: Diego Aráoz / Télam).
Durante la conferencia de prensa, D’Antona explicó que la investigación actual “cuando avance puede llegar a complejizarse más para las personas que van a resultar imputadas por haber encubierto, haber sabido fehaciente y certeramente el paradero y el fin de Marita, y haberlo ocultado a las autoridades durante por lo menos diez años. Se trata de nombres que van a hacer mucho ruido en la sociedad, que se creían intocables”.
En esta investigación la clínica Luz Médica “sería uno de los lugares donde habría estado el cuerpo de Marita, hay también otros lugares, que no son clínicas, ni hospitales, donde también podría haber estado antes de terminar ahí”.
A su turno, Garmendia detalló cómo tomaron conocimiento de la existencia de la carpeta. “Días atrás se presentó una persona en la Fundación para traernos información de que en determinadas circunstancias de un conflicto gremial se manifestaba que existía una carpeta con documentación y fotografías que acreditaba que Marita estaba muerta, que estaba siendo usada para extorsionar en cuestiones gremiales”, relató el abogado.
Susana Trimarco sostiene una foto con la imagen de su hija Marita, desaparecida, y su nieta Micaela. (Foto: Diego Aráoz / Archivo).
Y continuó: “Hacemos la denuncia ante el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, quien avanza con la investigación, pudiendo confirmar determinada información y formaliza una denuncia ante el Fiscal Federal de Tucumán (Agustín) Chit”.
“El trabajo conjunto de Colombo y Chit nos permite sostener que esa carpeta si existe o existió, aunque no la hemos encontrado aun”, sin embargo “se avanza en la investigación en ese sentido”, detalló Garmendia.
Tras la declaración del primer testigo, se sumaron otros “que tuvieron la valentía suficiente para contar cosas que han servido para poder avanzar y ratificaron la existencia de la carpeta”.
Algunos testigos “han sido víctimas de amenazas, ataques y agresiones, pero queremos transmitir el mensaje que estamos en condiciones, en conjunto con la Justicia Federal, de garantizar la seguridad y la integridad a las personas que se acerquen a contar si tienen alguna información”, señalaron los abogados.
En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en tres viviendas de personas nombradas a partir de distintos testimonios. Dos procedimientos se concretaron durante julio en Buenos Aires y uno en Tucumán.
En 2012 el juez de instrucción Víctor Manuel Pérez elevó la causa a juicio contra 13 acusados por el secuestro de la joven: los hermanos vinculados al “Clan Ale” María Jesús y Víctor Rivero; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina, los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.
Durante todo ese año se desarrolló el juicio oral que culminó en diciembre con la absolución de todas las personas imputadas.
A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije la pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero, y Medina había fallecido para esa fecha.
El tribunal consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita Verón a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González con condenas de 18 años.
A su vez, condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).
La sentencia no quedó firme, por lo que a fines de abril de 2017, la Sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir con la sentencia.
El 18 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó además de a los hermanos Ale a otros integrantes del clan. Entre ellos a Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, María Jesús Rivero, María Florencia Cuño, Valeria Fernanda Bestán, Julia Esther Picone, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero, que recibieron penas de entre siete y tres años. En tanto, Oscar Dilascio, Hernán Lazarte y Sergio Parrado fueron absueltos.
Mientras se desarrollaba el juicio, Ale -junto a otros miembros del Clan que se encontraban en prisión preventiva- fueron liberados por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, pero luego de conocerse la sentencia, tuvieron que volver a prisión.
MÁS INFORMACIÓN
VER Las principales definiciones de Susana Trimarco.
> Con información de TÉLAM.
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