Monzó, Negro y Massot. Tres espadas claves de Macri en un Congreso que ahora le será mucho más favorable y permitirá avanzar en leyes que considera clave.
La moneda giró en el aire y cayó del lado que esperaba el presidente Mauricio Macri. La muy buena elección que había logrado en el amistoso de las PASO de agosto, transmutó en una excelente elección cuando el partido fue por los puntos.
Esto terminará arrojándole no sólo un Congreso aún más favorable que el esperado, sino también un espaldarazo político cuya contracara es el estado de confusión y diáspora de la oposición, con el PJ retraído a sus distritos provinciales y un liderazgo totalmente esmerilado de la ahora mediática Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien aún no contará con mayoría ni con quórum propio, el lugar donde se sancionan las leyes dejará progresivamente de ser un escenario de necesarios acuerdos y “salamereo” (si se permite el término) con los bloques más “permeables”, y se pondrá comenzar a jugar otro libreto más categórico. En otras palabras, dependerá menos de los otros bloques y además ya no le será tan necesario pactar un toma y daca con los gobernadores del PJ.
La consecuencia directa de esto es que el gobierno podrá pisar el acelerador. Y que ya no tendrá tanta necesidad de mirar por el espejo quiénes vienen detrás.
Si bien aún no contará con mayoría ni con quórum propio, el lugar donde se sancionan las leyes dejará progresivamente de ser un escenario de necesarios acuerdos y “salamereo” (si se permite el término) con los bloques más “permeables”, y se pondrá comenzar a jugar otro libreto más categórico”.
Ese viento a favor ya tiene algunos destinos prefijados, en una ingeniería legislativa en la que vienen trabajando las principales espadas de Macri en el Congreso: los radicales Mario Negri y Angel Rosas, y los del PRO Nicolás Massot, Emilio Monzó y Federico Pinedo.
El rumbo se orienta a iniciativas que buscarán avanzar en dos sentidos: reducir el gasto fiscal y el de las provincias y favorecer la competitividad del sector privado, intentando seducir a la inversión. En el primer sentido va la ley de Responsabilidad Fiscal, que ya está en la Cámara Alta. Y en el segundo van las reformas previsional y laboral, siguiendo la línea trazada por Michel Temer en Brasil, además del revalúo del Impuesto a las Ganancias para las empresas.
En todos los casos, implicará un achicamiento del Estado en favor de lo privado, buscando de ese modo dinamizar una economía estancada, en la que el establishment se ve resignado a festejar cada vez que las cifras -a dos años de gestión Macri- se van acercando a las del ground zero dejado en diciembre de 2015.
REDUCCIÓN REAL
En el horizonte inmediato aparece el tratamiento y aprobación del Presupuesto 2018, cuyo proyecto fue enviado por el gobierno a inicios de septiembre, y que en el caso de que la inflación sea la proyectada para ese año (15,7%), implicará en términos reales una reducción del Estado del 0,1%. No obstante, cada punto que la inflación real supere esa cifra programada (tal como sucedió este año, que en septiembre ya se llegó a los 19% planificados), implicará un agravamiento en esa reducción.
La consecuencia directa de las elecciones de ayer es que el gobierno podrá pisar el acelerador. Y que ya no tendrá tanta necesidad de mirar por el espejo quiénes vienen detrás”.
En ese marco, 14 de los 20 ministerios que componen el Ejecutivo Nacional, tendrán una reducción presupuestaria en términos reales. El más marcado es Energía, que tendrá un recorte de 30,4% y que se explica exclusivamente en la quita de subsidios que deriva en la suba de tarifas. En la poda le seguirán Transporte (también por baja de subsidios), Producción, Agroindustria e Interior.
En un sentido similar irá el proyecto de Responsabilidad Fiscal, que busca un mayor control sobre las finanzas provinciales, impidiendo que los distritos incrementen su gasto primario y su planta de empleados públicos, además de crear fondos anticíclicos provinciales, que eviten los costosos “rescates”. También busca aplicar un “cepo” sobre el gasto público durante los últimos seis meses de gestión de los gobernadores.
La iniciativa va de la mano de la necesidad de reducir el déficit fiscal, tanto de las provincias como de la Nación, que no ha parado de crecer desde que asumió Cambiemos. La idea es que vaya a modo de anticipo de la reforma tributaria en la que trabaja el gobierno, con el fin de reducir la carga impositiva que pagan las empresas como vía para tentar a los por ahora esquivos inversores.
AVANZADA CONTRA LOS CONVENIOS LABORALES
En la agenda legislativa de 2018 se vislumbra un tema que promete ser espinoso, y no es otro que la reforma laboral.
La movida pro-mercado en el principal jugador del Mercosur dejó a la ya vapuleada industria local en situación aún más complicada, al dispararse evidentes diferencias entre el costo local y el brasilero.
La rueda se completa con la ya anunciada intención de implementar una reforma previsional, que pretende elevar la edad jubilatoria a 67 años en caso de los hombres y a 63 en caso de las mujeres. Ello implicaría un importante alivio fiscal, al descomprimir lo que constituye uno de los principales gastos del ejecutivo nacional.
Si bien el gobierno negó varias veces que se vaya a reformar la Ley de Contrato de Trabajo, en las centrales obreras ya manejan la perspectiva de una avanzada “por sectores”, buscando renegociar acuerdos con empresarios y gremialistas para rediscutir los convenios laborales. Algo similar a lo que se acordó con el gremio de los petroleros en torno a las explotaciones en Vaca Muerta.
También es probable que se flexibilicen las condiciones de contratación de pasantes, lo cual aumentará la presión sobre las centrales obreras, inyectando mano de obra barata y aspiracional.
La rueda se completa con la ya anunciada intención de implementar una reforma previsional, que pretende elevar la edad jubilatoria a 67 años en caso de los hombres y a 63 en caso de las mujeres. Ello implicaría un importante alivio fiscal, al descomprimir lo que constituye uno de los principales gastos del ejecutivo nacional. La intención es coordinar esta avanzada con las cajas provinciales, imponiéndoles una homologación al mecanismo nacional.
SACARSE LA ESPINA
Con 2019 en el horizonte y la necesidad de consolidar una hegemonía que parece marchar por un camino asfaltado, el oficialismo buscará probablemente sacarse la espina de lo que no pudo imponer en su primer bienio de gestión: una reforma al sistema electoral, con el voto electrónico como principal estrella.
Lo que no se logró consensuar este año por la férrea oposición y argumentación de los entendidos en la materia, es una vieja deuda que se quiere cobrar el jefe de Gabinete Marcos Peña, tema sobre el que insistió en la semana.
A caballo de esta polémica modalidad de voto es probable que también se busque reformar el sistema de las PASO, que ya recibió críticas explícitas desde el oficialismo. E incluso -si alcanza el combustible- ser podrá analizar sobre la “conveniencia” o no de las elecciones intermedias, tal como lo sugirió meses atrás la vicepresidenta Gabriela Michetti, sobre lo que ayer sorpresivamente opinó el caudillo cordobés José Manuel de la Sota.
¿Habrá sido ésta la última elección legislativa?
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