La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fue apartada por “falta de imparcialidad” en la causa que tiene como imputado al fiscal de San Isidro Claudio Scapolán como jefe de una asociación ilícita integrada también por más de 40 policías, abogados y funcionarios judiciales, que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes con causas armadas, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la sala I de la Cámara Federal de San Martín, en un fallo en el que hizo lugar al planteo de la defensa de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió por tercera vez (los dos planteos anteriores habían sido rechazados) el apartamiento de la jueza Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.
Precisamente Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
Fuentes judiciales aseguraron que Jarisch, si bien fue reasignado a otra función dentro del Departamento Judicial de San Isidro, actualmente no está cumpliendo funciones porque quedó afectado psicológicamente y está con licencia médica.
“Se ha visto afectada la imparcialidad objetiva de la juez instructora, definida como aquella que ‘pueda mostrar garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso'”, señala el fallo al que tuvo acceso Télam y que fue firmado por el camarista Marcelo Darío Fernández.
Agrega que “en línea con ello, el Tribunal de Casación apreció que ‘los motivos del apartamiento invocados por la defensa, analizados de forma integral y global según los estándares delineados en la materia, permiten concluir que puede existir en las partes dudas razonables acerca de la imparcialidad de la jueza recusada'”.
E insistió en que “las valoraciones efectuadas en ese contexto no permiten descartar que la magistrada recusada haya formado una opinión respecto de la decisión que deberá tomar con relación a su asistido”.
De esta manera, la sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza que se aparte del expediente que tiene al fiscal Scapolán como imputado y de “todos los incidentes y legajos formados en dichas actuaciones”, y pidió la intervención de la Secretaría de Superintendencia de la Cámara Federal para que sortee un nuevo magistrado.
Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense, pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal.
Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba “montada” y que era víctima de una “cacería”.
Al momento de ser procesado, la jueza Arroyo Salgado le trabó un embargo al fiscal Scapolán de 2000 millones de pesos.
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.
La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.
El más resonante de esos procedimientos fraguados fue el conocido como “Leones Blancos”, ocurrido en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.
El fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.
Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva, y dos secretarios judiciales de Scapolán que inicialmente habían sido detenidos y procesados, fueron liberados por falta de mérito en diciembre pasado, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.
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