Este año las políticas en materia de salud mental están signadas por un marcado retroceso en los derechos de las personas usuarias de salud mental. Muy lejos quedan las metas de desmanicomialización, de transformación del sistema de atención a la salud mental, de la construcción de un sistema comunitario y de programas integrales de inclusión social, laboral y cultural.
“Que se escuche nuestro canto, por la Dignidad estamos luchando” es la consigna que moviliza este año. Es una interpelación al estado y a la sociedad para que se escuchen voces históricamente silenciadas. Y es también una invitación a toda la comunidad a expresarnos “para hacer potente nuestra exigencia por una vida en dignidad”.
Lo distintivo de este año es que esta consigna se ha plasmado en un proceso cultural que va más allá de la movilización: “La salud mental está en los derechos, en tener techo, trabajo, comida, educación y mucho amor” sostiene la canción que acompaña este año y que ha comenzado a circular en las redes sociales. La salud mental no está en el encierro, no está en la segregación. La salud mental tiene que ver con la inclusión. Y asimismo las políticas públicas de recortes de derechos en general también tienen sus efectos en la salud mental de toda la ciudadanía.
Por su parte, el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, integrado por unas 30 instituciones, entre las que se cuentan el Colegio de Psicólogos, el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, y la Mesa en Discapacidad y DDHH emitió un crítico documento.
Señala que “en la Provincia se ha tendido a reforzar la política de la institucionalización manicomial”, y advierte que en el Informe Alterno sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la sociedad civil presentó en la ONU en agosto pasado, las organizaciones sociales de la provincia denunciaron que la internación involuntaria sigue prevaleciendo como respuesta terapéutica y también como un medio para evitar que la persona quede en situación de calle.
La situación de los grandes hospitales neuropsiquiátricos de Córdoba, y en particular del Emilio Vidal Abal de Oliva; la falta de inversión en redes comunitarias y la consiguiente escasez de dispositivos de salud mental en territorio con equipos interdisciplinarios, en especial en el interior; y los insuficientes recursos humanos en todos los niveles de atención, se cuentan entre las principales críticas del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental.
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