La brutal represión del 12 de marzo a la protesta de jubilados dejó en evidencia que respondió a una rigurosa planificación del gobierno. Desde la cacería de personas realizada por los grupos policiales a los daños provocados a los manifestantes, pasando por el despliegue desproporcionado de fuerzas y armamentos y la trasmisión online de la radio y televisión oficialista de noticias falsas reproducidas al infinito por el ejército de trols en las redes sociales. Nada fue improvisado. Todo fue arbitrario, ilegal e inconstitucional. Ha sido la demostración de las características del proyecto autoritario y violento de la ultraderecha.
EL RECORRIDO
Se llegó a este lugar después de un intenso recorrido.
El inicio estuvo marcado por el discurso de violencia, odio y estigmatización de las personas o ideas que fueran distintas, disidentes o críticas. Palabras que no deben tomarse como los dichos de un demente, sino como la expresión del poder real, los dueños de todo, que con sus medios y recursos convirtieron a un grupo de marginales en una plataforma apta para llegar a la Presidencia de la Nación.
Continuaron con el desmantelamiento sistemático de la Constitución y de sus instituciones, pretendiendo a través de decretos y protocolos desaparecer derechos y garantías que los argentinos conquistamos con décadas de luchas. Que un ilegal protocolo de seguridad deje la vida y la libertad de las personas, a merced de disposiciones arbitrarias de sujetos sin identificar, nos hace retroceder a lo peor de la dictadura.
Milei, desde un primer momento, apuntó a la invalidación del Congreso. Lo hizo con el DNU 70/23 que le concedió facultades extraordinarias (entre otras cosas), la ilegitima sanción de la Ley Bases o la implementación de vetos a leyes como la de actualización de jubilaciones y presupuesto universitario sostenidas por amplias mayorías sociales.
La normalización de la corrupción y el vaciamiento del sentido de la representación legislativa han sido los métodos más usados por la ultraderecha, no solo en el caso del senador Kueider * con el que obtuvieron el voto para sancionar la ley bases, sino en el intercambio de cargos, presupuestos y favores que hace Milei y sus operadores con gobernadores, senadores y diputados.
El colaboracionismo, impulsado por las derechas de la UCR y del PJ y el PRO han posibilitado cada paso que dio el gobierno de ultraderecha, no solo con sus votos en el Congreso, sino con su validación discursiva en cada provincia que gestionan, a cuyo fin los gobernadores firmaron en Córdoba el denominado pacto de mayo.
Todo apunta contra la democracia y la instauración de un régimen autoritario.
EL PLAN COLONIAL
El plan de Milei encuadra en la conversión de la Argentina en una factoría neocolonial.
El empleo de endeudamiento externo como instrumento de subordinación imperial es similar al que hicieron los gobiernos entreguistas durante dos siglos. El mismo ministro de Economía que hace solo seis años contrajo la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI para luego fugarla, hoy gestiona un nuevo préstamo del FMI, con condiciones secretas**.
La deuda externa de Argentina es impagable matemática- económica y políticamente. De ocho mil millones de dólares contraídos en 1976 cuando comenzó la Dictadura, pasó a más de cuatrocientos mil millones de dólares en la actualidad. El endeudamiento externo es un mecanismo dirigido por el FMI que actúa otorgando periódicamente nuevos préstamos, para pagar los anteriores, aumentando intereses y el capital total de la deuda infinitamente.
Lo principal es subordinar al país a los intereses del Capital Financiero Internacional.
Hoy se expresa con la extorsión del pago de la deuda externa con el fin de apropiarse de los recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, litio, oro, tierras raras, agua potable, el Banco Nación).
Las medidas económicas aplicadas para llevar adelante este saqueo dejarán como saldo la desindustrialización del país, el aumento del desempleo y de la pobreza, y la inseguridad en una sociedad miserable.
FRENAR EL AUTORITARISMO
Más allá de que Milei dice aplicar el ajuste más grande de la historia sin conflicto social, desde el primer momento, con más o menos organización, distintos sectores sociales se han movilizado y protestado contra sus medidas antipopulares. La marcha de los universitarios fue la más notoria por su volumen, pero no la única.
El año 2025 empezó con una movilización muy grande el 1 de febrero, convocado inicialmente por los colectivos LGTB y apoyada por un amplio espectro de la sociedad y una clara definición antifascista.
La movilización alrededor de la protesta de los jubilados se sostiene desde hace más de un año y así podríamos enumerar la de distintos sectores.
Seguramente las reservas democráticas de la sociedad seguirán activándose y multiplicándose en el territorio nacional y darán lucha a los ataques autoritarios de la ultraderecha.
Lo que resulta indispensable para frenar a la ultraderecha y defender la democracia, es que las acciones populares se produzcan coordinadamente y con una propuesta común mínima que abarque la derogación del DNU 70/23 y del Protocolo de seguridad de Bullrrich, la anulación de la ilegitima Ley Bases y de la concesión de facultades extraordinarias a Milei y las privatizaciones, y el rechazo del DNU por el acuerdo secreto con el FMI. Puntos básicos para la defensa de derechos y libertades fundamentales que garantiza la Constitución Nacional.
Para esto es preciso construir instancias de unidad antifascista en todos los ámbitos desde lo local, sectorial, provincial, para llegar a lo nacional. Sabedores de todas las dificultades que se presentan producto de la fragmentación y crisis de la representación popular.
No se va a construir la unidad mirando cada grupo su pequeño interés sectorial. Ante un avance autoritario como el impulsado por el Gobierno de Milei la respuesta que corresponde es la conformación de un Frente Nacional Antifascista, que deberá trascender la coyuntura y no requiere ni debe ser electoral, sino más bien contenedor de todas las expresiones y organizaciones tanto políticas como sociales, culturales y de derechos humanos que están dispuestos a frenar el autoritarismo y defender la democracia.
Carlos Vicente es co-presidente de APDH – Córdoba (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
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CITAS
* Edgardo Kueider fue el senador nacional electo por el PJ de Entre Rios, que cambió su voto a último momento y con su voto a favor del proyecto de ley “Bases” permitió su aprobación. Fue detenido luego en Paraguay ingresando ilegalmente con trecientos mil dólares. El Senado de la Nación lo expulsó por esta causa.
** Luis Caputo fue ministro de Economía y presidente del Banco Central del Gobierno de Macri y es Ministro de Economía del gobierno de Milei.
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