Otro escándalo sacude a la Departamental de San Justo, con sede en la ciudad de San Francisco. Ahora, la Justicia ordenó al jefe de Policía de ese distrito provincial, el comisario Mayor, Cristian Gómez, que “cese los actos perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia A.M.M”.
La víctima es una cabo de 34 años, que presta servicios en la Policía desde hace cinco. La mujer reveló la existencia de una serie de hechos de violencia de género “en modalidad laboral”, como la remoción de su puesto de trabajo y el traslado “arbitrario” a otra ciudad. ENREDACCIÓN accedió al expediente y la nombra sólo por sus iniciales para preservar su identidad al tratarse de una denuncia por violencia de género. A.M.M. cuenta con el patrocinio legal del abogado Norberto Vaca.
El juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, Andrés Peretti, emplazó también a Gómez para que “en el plazo de 24 horas informe el procedimiento practicado en relación a A.M.M. de manera fundada”. Sin embargo, el expediente será instruido por la jueza de Morteros, Alejandrina Delfino.
A.M.M se presentó en el Polo de la Mujer el pasado 22 de septiembre para radicar la denuncia contra Gómez por “violencia de género en modalidad laboral”. La mujer, al momento de la denuncia vivía y prestaba servicios en la ciudad de San Francisco, en el límite de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Ahora fue trasladada a Morteros, a. En su planteo asegura que la situación la “afecta en su salud física, emocional y económica”.
Dice el escrito que el planteo se encuadra en el artículo 4 de la Ley 26.485. Allí precisa que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión, basada en razones de género que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
Según el escrito, la víctima presenta un problema de salud que comenzó a manifestarse en 2020. De acuerdo al diagnóstico médico, se trata de un caso de “endometriosis con serio compromiso renal”. Por ese motivo, fue operada a principios de octubre de 2021.
A partir de la recomendación médica, A.M.M solicito el traslado desde Morteros a San Francisco, que es una ciudad de mayor tamaño y servicios de salud, para poder hacer frente en mejores condiciones al trabajo y los estudios y tratamiento médicos regulares que requería su situación. La solicitud fue aceptada con la firma de la jefa de Policía, Liliana Zárate Beletti, y fue destinada como jefa de guardia en una subcomisaría de San Francisco a partir de abril de 2022.
Cuenta en su presentación que “el día 5 de septiembre solicité carpeta médica por padecer “faringitis bacteriana”. Luego, por recomendación médica solicita una extensión hasta el 10 de septiembre por diagnóstico de síndrome vertiginoso periférico. No obstante, a causa de la medicación recetada por los profesionales, terminé hospitalizada por un colapso renal. (Luego) el médico N.M. emitió un certificado para extender la licencia médica por otros dos días, por “pielonefritis en contexto de endometriosis con falla renal crónica”. Estando en carpeta médica, el 8 de septiembre, soy notificada por vía telefónica e informal, que finalizada mi carpeta médica debo presentarme a prestar servicios a la ciudad de Morteros por directiva del comisario Gómez”.
“(Gómez) fundamentó la directiva en el resguardo de mi salud para que no tuviera que viajar tanto, pero como dije, necesitaba permanecer en San Francisco, donde soy asistida médicamente, tal como consta en mi expediente”, relató la mujer.
También se comunicó con ella, el jefe de Inspección, comisario Pablo Álvarez, para notificarle el traslado por “directivas del jefe de la Departamental, manifestándome no solo que pasaba a Morteros, sino que mi lugar iba a ser ocupado por el sargento M.F.”. Señala A.M.M que “la resolución me impactó porque la persona que venía a reemplazarme estaba en tareas no operativas por violencia familiar”.
Argumentó la cabo que se trató de “una decisión arbitraria, que pasa por encima de una resolución anterior, emitida por la jefa de Policía, y que no tiene sustento legal alguno, ni siquiera un papel firmado que acredite mi supuesto traslado y mi nuevo destino por lo que me encuentro en un total desconcierto acerca de mi futuro laboral, lo cual impacta negativamente tanto en mi salud física como emocional”.
Señala la mujer que “estoy solicitando servicio y las respuestas que recibo son evasivas y no terminan de aclararme nada. Tengo miedo de posibles represalias que puedan llegar a tomar en mi contra por esta denuncia” y expresa que “quiero trabajar tranquila, que se me respete y se me dé el lugar que merezco como funcionaria y como mujer, que no se me discrimine por mi situación de salud y no tener que estar continuamente informando sobre mi situación de salud”.
Más adelante, apunta que el director de la Departamental, es quien “despliega las conductas descriptas (…) valiéndose de la relación desigual de poder existente respecto de la denunciante, así como también, valiéndose del cargo jerárquico que ocupa para efectuar actos discriminatorios hacia la denunciante por el solo hecho de ser mujer, viéndose afectada en su salud física, emocional y económica”.
Reclama, por último, “el cese de las acciones violentas y discriminatorias y la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder, así como también formación en materia de género”.
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