El autor de esta columna analiza dos hechos aparentemente desconectados, pero con un actor en común: Aldo Roggio.

El empresario, Aldo Benito Roggio. Foto: YouTube.

(Por Medardo Ávila Vázquez*). En la pasada semana, los cordobeses recibimos dos noticias muy fuertes aunque aparentemente inconexas. Por un lado, uno de los empresarios más poderosos del país y sostén de la Fundación Mediterránea, Aldo Roggio, fue obligado a declarar en la causa de los cuadernos de Bonadio y allí reconoció que pagaba “coimas” mensuales para mantener su redituable negocio de explotación del subte porteño y la línea Urquiza de ferrocarriles. Por otro, se conoció que pericias judiciales confirmaron que después del aluvión tormentoso de marzo de 2017, que arrasó el depósito de Residuos Peligrosos de la empresa TAYM (del grupo Roggio) en Alto El Durazno, en Paravachasca, los tóxicos de este depósito contaminaron el canal Los Molinos, que trae agua a la planta potabilizadora que abastece el sur de la ciudad de Córdoba, llegando al agua corriente que se distribuía. Esto, a pesar que Aguas Cordobesas (del mismo dadivoso empresario) y el gobierno informaron que el agua se podía tomar con seguridad.

Hasta ahora, es inexplicable para los cordobeses entender él porqué de la presencia de ese depósito de basura tóxica “arriba” del canal Los Molinos-Córdoba. Claramente cualquier lluvia intensa generaría drenajes hacia el canal, con enormes posibilidades de contaminar el agua que se utiliza para proveer los domicilios del 33% de los habitantes de nuestra ciudad. Ahora podemos presumir que su presencia no se debería a negligencia o impericia de los ingenieros y técnicos de las agencias de control, principalmente de la Secretaria de Ambiente y su nefasta Comisión Técnica. Tampoco tendríamos que sospechar que estos ingenieros y técnicos fueron formados insuficientemente por nuestras universidades (y esto sí es un gran alivio). En ese sentido, una explicación probable, es que el empresario haya conseguido emplazar la planta de residuos venenosos en ese lugar, “arreglando” con los funcionarios de turno (aun de turno) de similar modo al que lo hacía con el subte porteño.

El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y el secretario de Ambiente, Javier Britch.

En el año 2000, cuando se trababa la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de TAYM por la inundabilidad de la zona, el Director de la DIPAS, Fabián López, a través de un informe señala que “a pesar de que es una zona susceptible de erosión hídrica, es posible la instalación de la planta”, y allí tenemos la planta instalada y al Sr. López instalado como ministro de Agua, Energía y Ambiente de la Provincia.

También se conoció que en noviembre de 2016 y marzo de 2017, poco antes de la inundación de TAYM, dos inspecciones de entidades de control ambiental (Policía Ambiental provincial y Dirección de Control Ambiental de Nación) informaron sobre mal funcionamiento de la planta, lo que generaba riesgos de contaminación, pero ninguna medida se tomó desde el Ministerio de López ni desde la Secretaria de Ambiente, cuyo titular es Javier Britch; tal vez porque habría acuerdos que incluían “cero control”. En este caso los controles estatales funcionaron, ya que los informes de las dos entidades reclamaban un sumario ambiental urgente, sin embargo lo que no funcionó fue la decisión política de funcionarios políticos demasiado amigos de los empresarios.

En este caso los controles estatales funcionaron, ya que los informes de las dos entidades reclamaban un sumario ambiental urgente, sin embargo lo que no funcionó fue la decisión política de funcionarios políticos demasiado amigos de los empresarios.

La  Dirección de Policía Ambiental en su inspección informa la existencia de residuos depositados en el piso de un galpón abierto, en vez de los racks de guarda; residuos en un playón con piso hormigonado, solamente tapados en un lugar no declarado por la empresa para este fin. En cuanto a residuos líquidos, los inspectores informaron que se detectaron lagunas para lixiviados en un nivel alto, más elevado del permitido. “La situación es seria”, advirtieron. Para la entidad que depende de la Nación, la capacidad de almacenamiento estaba excedida y en un playón para acopio a la intemperie había monitores, computadoras y otros equipos rotos. No hubo reacción ni de Lopez ni de Britch, por eso habría que preguntarle a Roggio cómo hace en Córdoba para que este desastre siga en pie con tanta impunidad.

La planta de Taym, sobre Ruta Nacional 36, horas después de que el torrente de agua la atravesara.

Pero en este problema de los residuos peligrosos hay otra cuestión que no cierra: en TAYM se almacenan residuos altamente peligrosos que llegan de todo el país, como desechos de la industria minera, petrolera, química, metalúrgica, farmacéutica  y plástica, desechos industriales en general, , arsénico, mercurio, colorantes, solventes y gran cantidad de agrotóxicos, entre otros. Industrias que para deshacerse de sus desechos tóxicos pagan enormes cantidades de dinero a Roggio, quien los junta aquí, muy cerca del canal del agua que tomará la gente. Esto es un gran negocio que mueve millones de dólares por año, que da grandes beneficios al Grupo. También es preciso conocer que muchas provincias argentinas tienen legislación que impide el ingreso de Residuos Peligrosos generados en otras jurisdicciones, porque no quieren basura tóxica en su territorio, cerca de sus familias, de sus niños y de su ambiente. Algunas hasta prohíben la circulación por su territorio de estas sustancias.

En Córdoba, no sólo recibimos miles y miles de toneladas tóxicas de todos el país, sino que las guardamos mal porque le permitimos que el negocio lo maneje uno de los empresarios “coimeros” de Argentina. En el agua del canal de Los Molinos se pudo conocer que había, entre otros tóxicos, 2,4,6 triclorofenol, un compuesto orgánico largamente persistente (es decir que se degrada después de muchos años) y sumamente venenoso, es un herbicida, desfoliante e insecticida que se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión; es similar al aún muy utilizado 2.4 D.  La utilización de este agrotóxico se prohibió por el Convenio de Rotterdam en el años 2005 y no se puede emplear más. Fue así como los cientos de miles de kilos que no se habían vendido en Argentina fueron a parar a TAYM, por una muy buena cantidad de dinero; y de allí pasaron al agua de los cordobeses y al ambiente de nuestra provincia.

En Córdoba, no sólo recibimos miles y miles de toneladas tóxicas de todos el país, sino que las guardamos mal porque le permitimos que el negocio lo maneje uno de los empresarios “coimeros” de Argentina.

No sólo está mal gestionada y mal controlada esta planta de residuos peligrosos, sino que no tenemos ninguna necesidad de acumular estos tóxicos en nuestro patio, esta planta debe cerrarse y sólo permitirse depósitos de residuos peligrosos generados en nuestro propio territorio. Lo que para algunos es un gran negocio, para el interés de toda la comunidad es una amenaza a la salud y al ambiente, pero parece que la salud y el ambiente no tienen ningún valor cuando la ética de la corrupción es la práctica de la acumulación empresarial.

* Medardo Ávila Vázquez es médico, experto en salud ambiental.

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