El juez federal Ricardo Bustos Fierro decidió rechazar los pedidos que le habían hecho las autoridades del sindicato de recolectores y de la mutual Amsurrbac para dejar sin efecto los pedidos de intervención a ambas entidades, y la resolución que ordenó a la mutual dejar de realizar descuentos por préstamos sobre el sueldo de los afiliados.
Según se pudo conocer ayer, los argumentos del magistrado dejaron en evidencia que la mutual lleva muchos años sin cumplir la normativa que la Nación establece para todas las entidades y también criticaron que en la conducción de las entidades gremiales continúan varias de las personas que se encuentran imputadas en la causa por la cual permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer los dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.
La persona que se colocó como presidente de la mutual debido a la detención de Saillén, Omar Portillo, concurrió acompañado por su abogado Jeremías Carot, en tanto que los abogados Jorge Horacio Gentile y Juan Ignacio Cortez lo hicieron en representación del gremio Surrbac.
Los abogados sostuvieron que el juzgado de Bustos Fierro no tiene legitimidad para ordenar las intervenciones y que estas afectan la libertad sindical.
Contra esos argumentos, el fiscal Enrique Senestrari, de la Unidad de Información Financiera (UIF) –que actúa como querellante en la causa– y el juez federal ratificaron sus anteriores posiciones.
Una de las respuestas más contundentes tuvo que ver con que en la presentación ante la Justicia la mutual admitió que recién ahora está tratando de regularizar su situación ante los organismos nacionales, algo que debió haber hecho en 2014 luego de una advertencia del Inaes, organismo nacional del cooperativismo.
Con respecto a los descuentos que la mutual les viene haciendo mes a mes a los 2.820 afiliados activos, la Justicia entiende que deben cesar, ya que se considera a esos descuentos como parte del supuesto delito de usura que se les achaca a los líderes de sindicato, quienes se habrían enriquecido personalmente usando el dinero que sus propios afiliados aportaban a la entidad.
Saillén, Catrambone, sus hijos, algunas de sus parejas o exparejas y otros directivos del gremio (19 personas en total) se encuentran procesadas por diferentes delitos, entre los que sobresalen los de asociación ilícita, usura, lavado de dinero y defraudación.
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