El secretario Penal Nicolás Moreno fue asesinado en 1977 por efectivos del D2 de informaciones. Solía visitar de sorpresa los calabozos y revisar los libros de guardia. Ahora la fiscal Graciela López de Filoñuk archivó la investigación porque considera que la Policía lo mató por “sentirse controlada por el poder judicial” y no por “el Terrorismo de Estado imperante”.

La noticia del asesinato publicada en el diario Córdoba, en 1977.
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El secretario Penal del Juzgado de Instrucción 9° de Córdoba, Nicolás Moreno, acostumbraba visitar sorpresivamente las comisarías los fines de semana y feriados, para revisar los calabozos y evitar abusos con los presos. Eso, en 1977, podía ser tan arriesgado como tirar de los bigotes a un león. El lunes 12 de diciembre, cuando salió de su departamento del centro de la ciudad rumbo al trabajo, lo esperaba un auto blanco con el motor en marcha. Lo ocupaban tres hombres con pelucas de mujer, según los testigos. Uno sacó una escopeta y disparó dos veces. Eran las 6.30 de la mañana. Moreno cayó muerto en la vereda. El auto –un Fiat 128 sin patente– fue encontrado cinco días después con el arma en su interior y cuatro cartuchos. Lo que nunca apareció fue el expediente por el homicidio, iniciado por el Juzgado de 5° Nominación. El caso nunca se resolvió.

En julio de 2015, Esteban Rafael Ortiz, asesor letrado penal del Turno 22 del Poder Judicial de la provincia, pidió que el crimen sea investigado como delito de lesa humanidad. Presentó una denuncia con pruebas y testigos ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que se investigue si Moreno fue ejecutado por integrantes del D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba, como sospecha.

El 18 de octubre, con más de dos años de investigación acumulada, López de Filoñuk solicitó el archivó la causa. En su resolución admite que Moreno fue ultimado por efectivos del D2 de Informaciones, el brazo operativo y clandestino de la Policía durante la dictadura. Lo insólito es que López de Filoñuk archiva la investigación y decide no considerar el caso de “lesa humanidad” porque considera que los homicidas actuaron por “revanchismo” hacia Moreno. Es decir, que “habría sido asesinado debido al celoso cumplimiento de sus funciones laborales”, escribe la fiscal y sigue: “Es decir su muerte había sido producto del revanchismo policial como consecuencia de sentirse controlados por la Justicia Provincial”.

El crimen en la publicación de La Voz del Interior.

“‘Revanchismo’ es una categoría nueva para la impunidad y para no lograr la justicia que se merece Moreno”, dijo Ortiz a ENREDACCIÓN. “Moreno, como tantas víctimas, no era un militante político, no hacía falta, solamente con interferir en los planes de la dictadura defendiendo garantías individuales, ya era suficiente para ser objetivo y blanco del Terrorismo de Estado”, agregó.

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El Juzgado Federal Nª3 a cargo de Hugo Vaca Narvaja no hizo lugar al pedido de archivo y solicitó que la fiscalía realice nuevas medidas de investigación. Por otro lado, el denunciante pedirá la nulidad del pedido de archivo. “La categoría de `revanchismo` es insólita y fue introducida por la propia López de Filoñuk como pregunta a cada uno de los testigos que aporté a la investigación”, sostiene Ortiz.

Por ejemplo, cuando interrogó a Wilfredo Pérez, secretario de Derechos Humanos del Poder Judicial provincial, quien llevó adelante una investigación interna, el hombre dijo: “Dentro de las múltiples entrevistas que tuve surgió la hipótesis de que esa muerte fue un mensaje para todo el Poder Judicial”. Acto seguido, Filoñuk preguntó si, en su opinión, Moreno “fue víctima del revanchismo político o si por el contrario fue víctima del Terrorismo de Estado imperante”.

En la declaración de Marcelo José Novillo, el testigo afirma que “en cuanto los motivos, yo creo que se debió a que Moreno era un excelente secretario. Cuando él estaba de turno caía en horas de la madrugada a las distintas seccionales y controlaba los libros de guardia y el estado en que se encontraban los detenidos”. López de Filoñuk arremete con la misma pregunta: ¿revanchismo o terrorismo de Estado? “Creo que ambas hipótesis están relacionadas dado que él revanchismo policial´, del que yo creo que fue víctima Moreno, era posible dado el contexto. La Policía tenía un poder incontrolable y cometía crímenes con toda impunidad”.

Moreno no tenía hijos y, muertos sus padres, no quedó ningún familiar que pudiera impulsar la investigación del crimen.

Moreno no tenía hijos y, muertos sus padres, no quedó ningún familiar que pudiera impulsar la investigación del crimen. Por eso, como asesor letrado, Ortiz inició una investigación por su cuenta hace más de diez años, como parte de su libro “El derecho víctima del terrorismo de estado 1976-1980”.

EL EXPEDIENTE PERDIDO

Moreno tenía 33 años, era hijo único y había llegado a Córdoba a estudiar Derecho desde Andalgalá, Catamarca. Según las crónicas periodísticas de la época, fue policía antes de entrar a trabajar a Tribunales. Ortiz asegura que todavía no pudo comprobar si prestó servicio en la fuerza. En Córdoba, Moreno no tenía pareja ni hijos. “Algunos testigos me señalaron que fue elegido por los agentes del D2 porque no tenía familia, nadie iba a reclamar por él en Córdoba, sus padre estaban lejos”, dijo el letrado.

“Matan a funcionario judicial en Córdoba”, titularon los diarios. Los testimonios recogidos por la prensa afirmaban haber visto a “tres mujeres” en el auto desde donde fusilaron a Moreno. El jefe del D2 de Informaciones era por entonces el comisario Raúl Pedro Telleldín, y entre sus filas estaba Graciela “Cuca” Antón, condenada a perpetua en el juicio La Perla, en agosto pasado. Entre 1975 y 1979, personal del D2 cometió varios asesinatos de policías y ex policías, que hicieron pasar como crímenes de las organizaciones subversivas.

Otro recorte periodístico sobre el tema.

La investigación por el homicidio de Moreno recayó en el Juzgado de 5° Nominación a cargo de Carlos Lloveras. Ese mismo año, el magistrado ascendió a camarista. Ortiz entrevistó en 2004 a Jorge Juan Moya, empleado del juzgado que instruyó el caso. “Me manifestó que el juez LLoveras ‘planchó’ la causa”, dijo el asesor letrado a este medio. Moya (ya fallecido) le confesó a Ortiz que “se empezó a sospechar de la Policía de la Provincia, donde estaba Telleldín, como la autora de su homicidio, ya que Moreno era de concurrir a las seccionales en los fines de semana o días festivos y esa presencia de control molestaba a la policía”.

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