Una niña de 12 años que expresó su voluntad de interrumpir el embarazo provocado por los abusos de su padre, y que el fin de semana fue captada por un grupo “provida” de Santa Fe, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado y ahora se evalúa su situación, informaron voceros oficiales.
La niña, oriunda de la localidad de Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida, desde donde fue rescatada el martes.
Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que “se tranquilice” para tomar una decisión.
Voceros del Ministerio de Salud indicaron que la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, detalló que “considerando la gravedad, vulnerabilidad y complejidad que conllevaba” el caso se trabajó de manera interministerial, y agregó que “como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”.
“Desde ese momento, se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho. En el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”, detalló la ministra a través de un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter.
Y agregó que: “A partir de ello, la Secretaría de Niñez solicitó una medida de protección excepcional transitoria y, a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas”.
“En este sentido, quiero destacar que sin una intervención coordinada e inmediata esto no hubiera sido posible y que esta situación expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad”, apuntó Marinaro.
Por último, la funcionaria destacó que “como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización hacia la niña y su madre”.
El 19 de diciembre la niña fue llevada por su madre a un control médico en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que las dos manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.
Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron a una casa de Santa Fe.
Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y el martes rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.
Paralelamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G.M.A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, en una audiencia desarrollada este mediodía en Tribunales, horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo.
A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de “organización fundamentalista” y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo”.
“Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10″ (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento”, indicó la Campaña en un comunicado.
El texto expuso el pedido que “se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes”.
María Ángeles Guerrero, referente de la campaña en Santa Fe, sostuvo en diálogo con radio Brigadier López que Grávida “no es una ONG de a pie”, sino que “es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico”, que “se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones”.
En este sentido, Chialvo aseguró que “se está evaluando” si el Estado accionará contra la asociación Grávida, ya que la prioridad era rescatar a la niña, para lo cual se dictó una medida de protección excepcional.
“Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”, indicó un comunicado de la Secretaría de Niñez.
> Con información de TÉLAM.
—
