La Legislatura de Córdoba. Foto: Prensa Legislatura de Córdoba.
El legislador provincial del Frente Cívico (interbloque Cambiemos), Juan Pablo Quinteros, criticó ayer “la situación institucional planteada en la provincia por la cual se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña” y señaló que hoy presentará un proyecto de ley provincial de acefalía.
En la iniciativa, el legislador propone que “cuando exista acefalía transitoria, la titularidad del Poder Ejecutivo (por ausencia del Gobernador, Vicegobernador y Presidente Provisional de la Legislatura) sea ejercida por el vicepresidente de la Legislatura. De producirse esta situación, la presidencia de la Legislatura Provincial quedará a cargo de uno de sus otros vicepresidentes respetando sus respectivos órdenes como autoridades de Cámara. Sólo en caso de acefalia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se hará cargo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien será sustituido interinamente en sus funciones por otro miembro del Alto Cuerpo”.
Quinteros afirma que “con motivo de la ausencia del gobernador Juan Schiaretti, la licencia por estar desempeñando el cargo de Diputado Nacional del vicegobernador (Martín Llaryora) y la también ausencia por vacaciones, del Presidente Provisional de la Legislatura (Oscar González), a la fecha de la redacción de este proyecto, se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo un Juez integrante del Tribunal Superior de Justicia (Sebastián López Peña), habiendo echado mano, la Fiscalía de Estado de Córdoba, a Ley Nacional de Acefalia (ley 20.972) del año 1.975 y modificada en 2.002 mediante ley 25.716”.
Agrega que “resulta notorio que Córdoba carezca de una Ley que establezca el régimen de sucesiones de quienes estarán a cargo del Ejecutivo y, en la coyuntura, el Gobernador de la Provincia, con motivo de su viaje al exterior, recurrió a la legislación nacional para establecer que quien debía quedar a cargo del Ejecutivo Provincial es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y ante su ausencia, por también encontrarse de vacaciones, quien tiene a cargo el Alto Cuerpo”.
Cuestiona que “no debe pasar inadvertida la importancia del Vicegobernador, el cual por segunda vez fue “desjerarquizado” por UPC; ya que Martín Llaryora fue elegido para ser Vicegobernador de esta provincia, formando parte del Poder Ejecutivo y a cargo, por mandato constitucional, de la Presidencia de la Legislatura Unicameral. Por mera especulación política, el vicegobernador provincial encabezó la lista de diputados nacionales en los últimos comicios legislativos y luego solicitó licencia para asumir el cargo de diputado”.
Recuerda que “ya había sucedido algo similar cuando José Manuel De la Sota en su primer mandato, apenas se hizo cargo del Ejecutivo, mandó a Germán Kammerath, su vicegobernador, a disputar la intendencia de Córdoba, que luego ganaría, dejando vacante el cargo obtenido en fórmula con De la Sota para hacerse cargo de la intendencia. De esta manera, en el año 2003 un miembro del Tribunal Superior de Justicia se hizo con el sillón del Ejecutivo, ante la también ausencia de quién era presidente provisional de la legislatura de Córdoba. Hoy la historia vuelve a repetirse 15 años después, y otra vez de la mano del gobierno de UPC”.
Para fundar la presentación del proyecto de ley, el legislador juecista explica finalmente que “queda claro y es evidente que institucionalmente no es en absoluto conveniente que, por carecer de ley propia, se haya acudido a un Juez del Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo”.
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