La Cámara de Diputados de la Nación. Prensa Cámara de Diputados.
“La realidad social y política de nuestro país y la región, y el trabajoso progreso de las agendas vinculadas a la igualdad de géneros, reclaman al Poder Legislativo Nacional atender a un tipo específico de violencia de género: la violencia política contra las mujeres”, dice la diputada Gabriela Estévez (FpV). Junto a la legisladora cordobesa, firmaron la iniciativa, entre otros, Gabriela Cerruti, Carlos Castagneto, Cecilia Moreau, María Masin, Mayra Mendoza, Marcos Cleri, Verónica Mercado, Araceli Ferreyra, María Emilia Soria y Mónica Macha.
VER Violencia Política contras las mujeres.
Entre los fundamentos, señala que “la violencia política contra las mujeres no puede ser analizada aisladamente de todas las demás formas de discriminación y violencia que sustentan la dominación masculina. Y, sin embargo, resulta imperioso que se la visibilice, nombre, incluya y tipifique en nuestra legislación para poder brindar herramientas jurídicas más eficientes a los fines de prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia de género”.
Entre los puntos que el proyecto incorpora a la Ley de Protección Integral, se destacan:
– La libertad de pensamiento, expresión, participación y afiliación política y/o gremial, en el marco de los derechos protegidos por la Ley.
– La igualdad en el acceso, ocupación, permanencia y desarrollo de las mujeres en los cargos de toma de decisión en el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, en el marco de los derechos protegidos por la Ley.
– La Violencia Política, como un tipo específico, definida como la que restringe, menoscaba o suprime sus derechos políticos y/o sindicales, afectando la libertad de pensamiento, expresión, participación y afiliación política y/o gremial de las mujeres, así como la igualdad en el acceso, ocupación, permanencia y desarrollo de las mujeres en los cargos de toma de decisión en el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
– La difamación, censura, espionaje, persecución y privación de la libertad con motivo de su pensamiento, expresión, participación y/o afiliación política y/o sindical, en la modalidad Violencia Institucional.
– La promoción de la democracia paritaria en todos los ámbitos, en el marco de los preceptos rectores de la Ley.
– La articulación y coordinación de las acciones para el cumplimiento de la Ley con los partidos políticos, las organizaciones empresariales, deportivas y estudiantiles, los centros y federaciones de jubilados y pensionados, en el marco de las facultades del Consejo Nacional de la Mujer.
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