Un nuevo conflicto en el transporte sacude al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos para este martes, tras el fracaso de las negociaciones salariales en la reunión del pasado 30 de abril, que pasó a un cuarto intermedio por la falta de avances. La medida afectará a más de 200 líneas de colectivos, impactando a los 4.5 millones de pasajeros que realizan diariamente unos 9 millones de viajes en la región del AMBA. A este panorama se suma el interior del país, incluido Córdoba, donde también se realizará la medida de fuerza.
El sindicato exige un aumento salarial que eleve el sueldo básico a $1.700.000, ante la falta de acuerdo con las cámaras empresarias del sector, como FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA. Estas ofrecieron tres sumas no remunerativas de $40.000 (26 de mayo), $50.000 (16 de junio) y $70.000 (15 de julio), propuesta que la UTA rechazó por considerarla insuficiente.
Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA, explicó por Radio 750 que las empresas propusieron un básico de $1.270.000 más $160.000 en tres cuotas no remunerativas, argumentando que la tarifa congelada desde agosto y la falta de ajustes presupuestarios limitaban sus márgenes.
La UTA, en tanto, cuestiona que el gobierno nacional pretenda mantener la tarifa más baja del país “a costa del sueldo de los trabajadores”. El sindicato denuncia que el Estado busca limitar las paritarias y advierte que no tolerará ofertas que impliquen una pérdida del poder adquisitivo.
En su comunicado, la UTA afirmó que el paro busca defender “un sueldo digno” y el sustento de las familias de los trabajadores, además de rechazar la “precarización” y el “achicamiento” del sistema de transporte, evidenciado en la reducción de unidades y frecuencias.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Desde la Secretaría de Transporte, dependiente del gobierno de Javier Milei, calificaron la medida como “extorsiva” y aseguraron que la UTA reclama un aumento del 40%, cifra que, según el gobierno, “supera ampliamente las pautas salariales”. Acusaron al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” y anunciaron que fiscalizarán el cumplimiento de los servicios mínimos, considerados esenciales.
Las empresas que no garanticen al menos el 50% de las prestaciones podrían enfrentar descuentos en los subsidios y la revisión de sus permisos, según la resolución 212.
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