Claramente la dirigencia política argentina no tiene la menor idea de las necesidades y de las diferentes situaciones difíciles que hay en aquellos hogares en los que viven una o más personas con discapacidad o que están bajo tratamiento oncológico.
Son esas familias, sin lugar a dudas, uno de los sectores más vulnerables que tiene nuestro país, y por lo tanto nuestros gobernantes debieran no sólo quedarse con los derechos vigentes que alguno de estos sectores tiene, sino, además, avanzar en nuevos beneficios, como podría ser el impositivo.
Se debería elevar algún proyecto de marco legal (nacional, provincial y municipal), para que aquellas familias que acrediten tener uno o más de sus integrantes con discapacidad o bajo tratamiento ontológico logren acceder a un alivio total o reducido en materia de impuestos y/o servicios.
¿Cuántas legisladoras o legisladores nacionales hay actualmente en el Congreso, en la Legislatura y en el Concejo Deliberante? ¿Acaso alguna o alguno de ellos podría tomar esta agenda trascendental de una vez por todas?
Quienes tienen integrantes en su familia con algún tipo de discapacidad o con tratamiento oncológico, saben las profundas trabas económicas, sociales y laborales, que muchas veces existen para quienes las padecen.
Gastos diarios para distintas cosas por hacer, exclusión o indiferencia por parte de la política partidaria, y una enorme dificultad para acceder a puestos de trabajo (particularmente las personas con discapacidad, que a pesar de haber leyes de cupo, diera la sensación que no se estarían cumpliendo mientras el Poder Legislativo mira para otro lado, sin hacer los correspondientes pedidos de informes a los distintos niveles de gobierno).
Reitero, una verdadera medida de ayuda sería, por ejemplo, aprobar y promulgar leyes y ordenanzas que determinen la exención total de ciertos impuestos y una reducción importante en el pago de los servicios principales de uso humano.
De esta forma se estaría contribuyendo en una problemática que golpea fuertemente la economía familiar de muchos de estos hogares.
Muchas veces se habla de progresividad en materia tributaria. Muchas veces se habla de justicia social. Muchas veces se habla de cupo para personas con discapacidad, para su ingreso al Estado y sus reparticiones. ¿Se cumple realmente todo esto? Pues, las personas con discapacidad y aquellas que atraviesan tratamiento oncológico, hoy en ciertas materias, se encuentran excluidas de la agenda estatal, de la agenda laboral y de la agenda impositiva.
¿Hay verdaderamente inclusión en la República Argentina? Las personas con discapacidad y quienes atraviesan tratamientos oncológico necesitan un Poder Legislativo que los incluya y que aporte soluciones a sus distintas cuestiones por resolver.
Esperamos que alguna vez, esta clase política deje de decir desde lo discursivo todo lo que queremos escuchar para pasar a solucionar nuestras necesidades, con acciones concretas durante sus mandatos.
* Carlos Emanual Cafure es abogado y referente de la Agrupación 29 de Mayo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
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