[Opinión] El “Modelo Córdoba” que el gobierno publicita es una farsa

(Por Soledad Cabral *). Se han cronicado en los últimos días visitas de dirigentes políticos nacionales que vienen a Córdoba en busca del “know how” de la gestión del gobernador Schiaretti para que el “modelo Córdoba”, conocido por ellos a través de la millonaria pauta publicitaria, pueda ser ejemplo a seguir en un hipotético mandato nacional al que este aspira y del cual aquellos parecieran querer formar parte.

Las fotos expuestas con mensajes de satisfacción tras cada uno de esos encuentros en el despacho principal del panal me recuerdan a la mítica escena de la saga “El Padrino” en la cual -por respeto, subordinación, pedido de favores, consagrar lealtades o concertar pactos- los diferentes actores pasan a “besar el anillo” del Don. No es la intención embarrarme en conjeturas político-partidarias sobre los motivos que llevan a ambas partes a concretar dichas reuniones sino comprender cuál es ese modelo de gestión que los visitantes nacionales congratulan, aplauden y que nuestro gobernador pretende “exportar” al resto del país.

SEGURIDAD

“Beco” Ávila, Joaquín Paredes, Blas Correas, entre otros, fueron muertos a manos de la policía en episodios de “gatillo fácil”. Asesinatos brutales, aceitados, perversos y cobardes encubrimientos que dejaron al descubierto la necesidad de una profunda transformación en las fuerzas de seguridad que aún no se llevó a cabo.

Pablo Altamirano, en la estación de servicio donde se desempeñaba como playero, también falleció producto de un disparo. En este caso el arma la empuñaba un delincuente. No es un caso aislado ni excepcional, Córdoba es la tercera provincia más insegura del país según el informe “Seguridad e inseguridad en Córdoba 2010-2020” que lleva la firma de la doctora Valeria Plaza del grupo Cañada.

Aún, cuando en los últimos diez años se aumentó la cantidad de uniformados en las calles y prácticamente se duplicó la población carcelaria, no se logró controlar este flagelo.

A su vez, esta crisis aterradora de inseguridad se ve potenciada por la preocupante crisis institucional que afecta a la policía de la provincia: crímenes, fugas, encubrimientos, motines, represión, narcotráfico, robo de armas, “gatillo fácil”, corrupción, conforman el más amplio abanico de episodios escandalosos protagonizados por uniformados en los últimos 20 años.  Un brete para el cual aún no se visualizan señales claras, por parte de los responsables políticos, de querer remediarlo.

JUSTICIA

Nora Dalmasso, Cecilia Basaldúa, por dar algunos ejemplos, no sólo fueron víctimas de homicidio, sino también de la falta de justicia porque sus crímenes quedaron impunes. A su vez, el caso perpetrado en Río Cuarto, prescribió luego de 16 años. El pintor Zárate y el albañil Bustos –respectivamente- fueron imputados (Bustos pasó dos años en prisión) y luego absueltos por falta de pruebas. En el reparto, a ellos les tocó el papel de “perejiles” para que la Justicia cordobesa intentara contener la indignación ciudadana, desviar la atención mediática o encubrir una incapacidad propia de esclarecer los delitos. ¿Error o corrupción policial, política y judicial?

La sentencia por la muerte del niño David Moreno llegó luego de 16 años; la correspondiente al empresario Jorge Suau, 7; la del panadero Héctor Corradini, 18 años. Nada se parece más a la injusticia que la justicia retardada.

Nora Dalmasso.

En junio de 2017 una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, a través de la consultora Economic Trends, arrojaba como resultado que el 85% de los cordobeses desconfiaban de la honestidad de jueces y fiscales, de la independencia con respecto al Poder Ejecutivo y cuestionando la eficiencia, los favoritismos, la lentitud y la falta de garantías. ¿Serán muy distintos esos números hoy si se realiza un nuevo sondeo?

Como si hubiera pocos factores que ya resienten el servicio judicial desde hace años, la Justicia provincial se encuentra paralizada hace más de una semana debido al hackeo de su sistema informático.

La sentencia por la muerte del niño David Moreno llegó luego de 16 años; la correspondiente al empresario Jorge Suau, 7; la del panadero Héctor Corradini, 18 años. Nada se parece más a la injusticia que la justicia retardada.

SALUD

“…Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos…” fueron las palabras de Solange Muse quien murió huérfana de contención familiar porque las autoridades de la provincia no le permitieron a su padre el ingreso a Córdoba siendo escoltado por policías en su obligado regreso a Neuquén.

Una denuncia por mala praxis después de la muerte de un paciente de 29 años en 2020 le sacó la careta a Ignacio Martín, el médico trucho del Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia (COE) que la atendió previo a su deceso. El estafador asistió a miles de pacientes con Covid durante el momento más cruento de la pandemia en Río Cuarto. Una vez más la Justicia desde un inicio buscó cortar la cadena de responsabilidades y se centró en su persona sin detenerse a indagar en la obligación de contratación y contralor que le pesa a las autoridades que pusieron la vida de los cordobeses en manos de ese “profesional” de la salud.

Los padres de Francisco, en la marcha de las Antorchas, frente al Hospital Materno Neonatal. (Foto: Laura Lescano / Télam).

Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el acontecimiento más conmovedor y cruel que devela la desidia y la falta de control en materia de salud: los fallecimientos injustificados de bebés sanos, recién nacidos, y excepcionales supervivencias en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Casi como una burla a las familias en duelo la provincia solicitó constituirse en querellante, pero por fortuna, al menos esta vez, la Justicia evitó la vergüenza de mostrarse dependiente del Poder Ejecutivo y rechazó tal petición. Una vez más, como cada vez que el poder político está en riesgo, la Justicia posa su mirada inquisidora exclusivamente en el último eslabón de la cadena: una enfermera.

Una vez más, como cada vez que el poder político está en riesgo, la Justicia posa su mirada inquisidora exclusivamente en el último eslabón de la cadena: una enfermera.

EDUCACIÓN

En los últimos 9 años la provincia redujo el presupuesto en materia educativa en casi un 50%.

La deserción escolar asciende al 50%.

De las más de 40 escuelas PROA que funcionan a lo largo y lo ancho de la provincia –con un programa anunciado en 2014- sólo 6 tienen edificio propio, las demás dictan clases en edificios prestados, en muchos casos sin conexión a Internet ni dispositivos; ambos recursos imprescindibles por ser escuelas con especialización en software y biotecnología.

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza Revista Códigos).

Las pruebas estandarizadas han evidenciado que el sistema educativo está pudiendo lograr que sólo 24 estudiantes que empiezan primer grado con 6 años lleguen al último de la secundaria en el tiempo esperado y con conocimientos al menos suficientes tanto en lengua como en matemática.

Los salarios docentes, en muchos casos, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. La capacitación ha quedado desactualizada y escasa. Montones de horas quedan infructuosas por falta de nombramiento docente y un sistema más ágil para cubrir suplencias.

Las familias con niños con discapacidad se encuentran gritando al vacío por una educación que los integre y los contenga.

Las fallas edilicias que mantienen a los miembros de las cooperadoras en constante reclamo y destinando recursos propios para cubrir la falta de respuesta estatal.

El calendario escolar que, desde que se implementaron por ley los 180 días de clases obligatorios (2003), sólo se cumplió en tres oportunidades y en el resto de los años no se logró el objetivo por feriados, capacitación docente, paros docentes, desinfección, fallas edilicias, etc.

El PAICOR asistiendo a casi el 70% de los matriculados en escuelas de gestión estatal con comida liviana de contenido nutritivo.

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza).

Seguridad, justicia, salud y educación son cuatro obligaciones estatales por excelencia en las que la provincia tiene deudas muy marcadas con los cordobeses.

Las familias con niños con discapacidad se encuentran gritando al vacío por una educación que los integre y los contenga.

POBREZA Y DESOCUPACIÓN

Según datos del INDEC, a diciembre de 2021 Córdoba tiene una tasa de desocupación del 120% más alta que la ciudad de Buenos Aires y 45% por encima de Rosario; también llevamos la delantera en el porcentaje de pobreza, que en nuestra provincia alcanza el 40%, habiendo aumentado desde el 2017 en un 32% y la indigencia en un 69%. Si falta algún indicador desalentador, recordemos que la pobreza infantil alcanza a 1 de cada 2 niños, y cerca de 40.000 jóvenes entre 15 y 25 años no trabajan, no estudian, ni buscan trabajo.

Imagen ilustrativa.

En la franja etaria mas avanzada, los jubilados provinciales con el aumento del 1 de agosto cobran 45 mil pesos de jubilación mínima y 16 mil pesos de Complemento Previsional Solidario. Además, en este desopilante contexto inflacionario, mientras las calles estaban desiertas en cumplimiento del confinamiento social obligatorio (mayo de 2020), el gobernador Juan Schiaretti envió a la Unicameral y ésta aprobó la reforma del sistema previsional provincial que permitió en la práctica el recorte de haberes a buena parte de los jubilados: se modificó, para desgracia, el cálculo sobre el haber inicial, sus aumentos están diferidos dos meses desde el incremento de sueldo de los activos y no se cumple con el 82% móvil.

Asimismo, el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba creció 30 puntos arriba de la inflación.

La pobreza infantil alcanza a 1 de cada 2 niños, y cerca de 40.000 jóvenes entre 15 y 25 años no trabajan, no estudian, ni buscan trabajo.

IMPUESTOS Y SERVICIOS

En 1999 De La Sota ganó el primero de los seis mandatos consecutivos que lleva el peronismo en Córdoba con la promesa de una rebaja del 30% en impuestos. El decreto que lo disponía se firmó, pero ya para 2015 la presión tributaria ya se había duplicado (según un informe del CIPPES), principalmente por la suba en la alícuota de ingresos brutos, la creación de nuevas tasas y de diferentes Fondos de Asignación Específica.

José Manuel De la Sota. (Foto: Gentileza).

A principios de 2022 los cedulones del Inmobiliario tuvieron incrementos de hasta el 40% y el 49,5%; El Inmobiliario Rural, en tanto, llegó con subas máximas de entre 41% y el 49,5%; en relación con el Impuesto a la Propiedad Automotor, las subas estuvieron entre el 39% y el 42%; los peajes subieron 30% en la mayor parte de los accesos a Córdoba; el servicio de Aguas Cordobesas aumentó 20,09% desde enero cuando acarreaba un aumento en  2021 del 64,5%; hasta julio la energía eléctrica que provee la Epec y el gas natural que llega de la mano de Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) habían subido 26,4% y 36,4%, respectivamente.

OBRA PÚBLICA

La obra pública en Córdoba crece casi un 40% y se mantiene en su máximo nivel desde el 2010. Contamos con obras como el Faro del Bicentenario, la nueva Casa de Gobierno, el Archivo Histórico, el puente sobre el lago San Roque, anillos de circunvalación, autovía, puente peatonal Carlos Paz, entre otras. Algunas de ellas, claramente ineludibles; muchas, muchas otras, nos permiten cuestionar los criterios de necesidad o prioridad con que la Provincia define las obras que va a realizar, la manera en que se avanza con los procesos de endeudamiento y los sobreprecios. Tampoco es un dato menor que algunas de las contratistas (Cavicor SA, Boetto & Buttigliengo SA y Afema SA) son parte de las empresas mencionadas en la ‘causa de los Cuadernos’ por la presunta corrupción de la obra pública a nivel nacional.

¿QUÉ 20 AÑOS NO ES NADA?

Todo gobierno tiene sus luces y sus sombras, pero el peronismo cordobés lleva 24 años ininterrumpidos en el poder provincial por lo que las deficiencias de gestión, las desidias gubernamentales, los fracasos en políticas públicas estructurales y sensibles no admiten el viejo pretexto de la herencia recibida.

El centro cívico de la provincia de Córdoba.

La falta de alternancia entraña serios riesgos para el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno, debilita la división e independencia de poderes, robustece los vicios de la política, y recrudece la desconfianza de los ciudadanos en la democracia. Sin embargo, por méritos propios o errores ajenos, un dato imposible de ignorar, es que elección tras elección Hacemos Por Córdoba (antes Unión por Córdoba) fue ratificado en las urnas (con alguna duda fundada y guardada en el inconsciente colectivo de aquella contienda del 2007 que quedó manchada por sospecha de fraude electoral). Pero bueno, este es un tema que debiera obligar a la oposición provincial a ser una mejor alternativa para los cordobeses y a los ciudadanos a reflexionar al momento de depositar el voto.

Retomando la idea inicial, invito a quien se sienta obnubilado con el “modelo Córdoba” que se muestra en la extremadamente costosa pauta publicitaria que abonamos, sin ser consultados, todos los contribuyentes y que pretenden emularlo en un futuro proyecto de país, a que analicen las estadísticas, revisen informes serios y recorran la provincia de norte a sur y de este a oeste preguntándonos a los cordobeses si nuestras necesidades, nuestras urgencias, nuestros derechos, aquellos que deben ser provistos, resueltos y garantizados por el gobierno se encuentran satisfechos.

* Soledad Cabral es abogada.

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