Ayer, un grupo de jueces y fiscales argentinos se reunió con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Habrían accedido a los nombres de personas vinculadas al pago de sobornos por parte de la constructora brasileña.

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Una comisión de jueces y fiscales argentinos accedieron en Estados Unidos  a los nombres de personas relacionadas con el pago de sobornos que realizó la empresa Odebrecht para acceder a contratos de obras públicas en Buenos Aires, publicó ayer el diario La Nación. Del encuentro reservado, en donde participaron funcionarios judiciales argentinos y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no trascendieron los nombres de las personas que se mencionaron.

Los argentinos que estuvieron en Washington con las autoridades norteamericanas son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi.

Llamativamente se menciona también, como participante de la reunión a Ignacio Irigaray, un funcionario de la Oficina Anticorrupción del gobierno nacional, cuya titular es Laura Alonso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso a la comitiva argentina una obligación de estricta reserva sobre la información brindada.

“No obstante -dice La Naci´n-, fuentes al tanto de lo conversado explicaron que los argentinos accedieron a datos de una base construida por los norteamericanos con las confesiones de Odebrecht y los documentos que aportó la constructora brasileña en el marco del acuerdo por el cual se le permitió seguir haciendo negocios a cambio de pagar una multa de 3500 millones de dólares”.

A partir de este conclave, los funcionarios argentinos podrán pedir a Washington información que oriente sus investigaciones para procesar a los que pagaron coimas en la Argentina.

De acuerdo al detalle brindado por el diario, “Ramos fue autorizado como instructor del sumario caratulado “De Vido, Miguel Julio y otros” por cohecho, Rafecas por el expediente “Cameron, Daniel y otros” sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación al Estado; Casanello por “Ben, Carlos sobre Asociación ilícita” y De Giorgi por la causa “Vázquez, Manuel y otros s/malversación de caudales públicos”.

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