El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a apuntar este miércoles contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quienes acusó de “financiar” a los manifestantes que protestaron en la provincia contra la reforma de la constitución de su distrito y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad locales.
“Aquí hay una intervención del gobierno nacional, de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner), sus ministros y legisladores nacionales, que están financiando” a los manifestantes en la provincia de Jujuy, señaló Morales en declaraciones a radio La Red.
El martes, la policía jujeña por orden de Morales reprimió a los manifestantes que protestaban contra la reforma de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente en una breve sesión que se realizó en la Legislatura local. Como consecuencia de los incidentes se registraron 170 heridos, uno de ellos de gravedad tras haber sufrido un traumatismo de cráneo, y hubo al menos 68 detenidos en el marco de una represión policial que se extendió por más de cuatro horas.
El también titular de la Unión Cívica Radical expresó que a la provincia llegó “gente extraña desde hace un mes a agitar, a movilizar” y reiteró que “el Gobierno nacional está financiando con recursos una situación que terminó” con los hechos que se vivieron en la capital provincial.
Más tarde, el mandatario provincial insistió a través de su cuenta de Twitter en que “la sucesión de hechos de violencia que se están produciendo en Jujuy son responsabilidad del Gobierno nacional”.
Y anunció el envío de “una nota informando sobre lo sucedido a funcionarios de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), como a su presidenta, al relator Especial sobre Libertad de Expresión, la relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y a representantes de la ONU, como al señor Alto Comisionado de Derechos Humanos y a la relatora sobre Libertad de Expresión”.
“En esas notas resaltamos la legitimidad de la vigencia de la nueva Constitución provincial, los nuevos derechos consagrados y el por qué de la violencia política que quiere generar el Gobierno nacional en nuestra provincia”, indicó.
En una de las notas, Morales afirmó que “la nueva Constitución de la provincia” fue “aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas” locales.
Por otra parte, señaló que desde su Gobierno “estamos en permanente diálogo constructivo e intercultural con todos los sectores de nuestro pueblo, incluidas las comunidades y pueblos indígenas de la provincia”.
En ese mismo hilo de Twitter, el mandatario provincial apuntó contra los organismos internacionales, a quienes acusó de no “escuchar a todas las partes”.
“Es lamentable que un funcionario de Naciones Unidas se preste al juego de la política que llevan a cabo en el país para generar violencia, caos e impunidad”, señaló sobre el Alto Comisionado por los DDHH de Naciones Unidas, Jan Jarab, quien envió una carta al gobernador Morales manifestando su preocupación por la represión a manifestantes y por algunos puntos aprobados de la reforma constitucional.
Y citó el informe conjunto del relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, emitido en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016.
“Estas recomendaciones de derechos humanos establecen expresamente la protección a manifestaciones pacíficas y sin armas. Incorpora, además, el principio de proporcionalidad, en virtud del cual los agentes del orden deben emplear la fuerza contra quienes estén actuando con violencia amenazando la integridad física de las personas o los bienes materiales, tal como ocurrió ayer”, justificó Morales.
Y señaló que la policía de la provincia llevó adelante “tareas de prevención” y actuó “recién luego de 43 minutos de disturbios” para “defender la seguridad física de los trabajadores de la Legislatura”.
Pese a no presentar todavía pruebas para sus afirmaciones, el mandatario provincial adelantó en declaraciones radiales que tiene pensado denunciar ante la Justicia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, si las fuerzas federales no proceden a despejar las rutas provinciales que están cortadas por los manifestantes.
“Aníbal Fernández ya tiene una orden del juez federal para intervenir, pero además está vigente el nuevo código federal penal nacional que permite a las fuerzas actuar cuando un delito se comete en flagrancia, sin orden de un juez”, manifestó el mandatario jujeño.
En otro orden, el gobernador defendió el accionar policial durante la represión al indicar que “cuando hay una manifestación violenta como la del sábado en Purmamarca y como la que hubo ayer (en la capital jujeña), la policía tiene que actuar”.
El gobernador indicó que las fuerzas de seguridad actuaron en un contexto en el cual los manifestantes “quemaron parte de la Legislatura y dieron vuelta autos, allí tuvo que intervenir la policía y fue apedreada”.
> Con información de TÉLAM.
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