Mariano Macri se presentó hoy como pretenso querellante en la causa en la que se investiga si el Gobierno de Juntos por el Cambio, encabezado por su hermano Mauricio Macri, intentó cerrar un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado en el marco del concurso de la firma Correo Argentino S.A., perteneciente al holding de empresas de su familia.
A través de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, el hermano del exmandatario presentó un escrito ante el juzgado federal que está a cargo de Ariel Lijo para solicitar ser tenido por querellante de modo de poder impulsar la investigación, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.
En el escrito al que tuvo acceso esta agencia, Mariano Macri se presentó como uno de los accionistas de Socma Americana S.A., “firma controlante de Sideco Americana S.A. que, para el momento de los hechos que se investigan, resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino S.A.”.
“Los hechos investigados se relacionan con la posible administración infiel y vaciamiento de aquella firma y de que, en principio, esa administración -por parte de algunos de los accionistas y Directores- habría originado un perjuicio a la administración pública, no puede descartarse respecto que esas mismas conductas fraudulentas hubieran importado un perjuicio para el suscripto y para los restantes accionistas de Socma Americana S.A”, planteó Mariano Macri.
“La pretensión que aquí formulo tiene por fin que se asegure la tutela judicial efectiva de mis derechos como otro posible sujeto defraudado en razón de las maniobras que se investigan en autos sin poder descartar, incluso, que los imputados en autos hayan realizado otras maniobras (en el marco de su defraudación) tendientes a ‘licuar’ o pretender deslindar su responsabilidad jurídico penal utilizando como instrumento a otras personas que, como es mi caso, resultamos accionistas de Socma Americana S.A.”, enfatizó.
La investigación busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó beneficiar a una empresa perteneciente a la familia del entonces presidente que arrastraba una deuda con el Estado de 296 millones de pesos-dólares desde el 2001 y había realizado (en 2016) una propuesta para pagar parte de la misma en 15 años.
Ese acuerdo se frustró porque la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, se opuso y denunció que era “ruinoso” para las arcas del Estado y que de concretarse implicaría una quita de deuda superior al 97%.
En esta causa ya fueron indagados, hace más de dos años, el exministro de Comunicaciones y de Defensa del Gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio, Oscar Aguad; su exdirector de Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, y dos directivos de la firma postal, a quienes todavía el juez Lijo no les definió la situación procesal.
El magistrado ya tiene en su poder un informe que había solicitado para avanzar en una resolución al respecto.
Se trata de un informe confeccionado por el contador público de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Pablo Varela, al que el juzgado le formuló una serie de preguntas tendientes a que opinara sobre objeciones formuladas por las defensas al informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) de la Corte Suprema.
Los abogados defensitas habían criticado el trabajo de la Dajudeco que ratificó el perjuicio al Estado Nacional que hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con la concursada, como el macrismo propuso en 2016, y que no se concretó porque se opuso y lo denunció la fiscal Boquín.
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó a mediados de este año la quiebra del Correo Argentino, luego de dar por fracasado el proceso de salvataje. La magistrada adoptó la medida después de que fue rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que, según su criterio, no abarcaba el valor actual de la compañía.
“A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas”, sostuvo Cirulli entonces.
El concurso de acreedores del Correo comenzó en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon que le correspondía para explotar la concesión.
Durante el gobierno de Macri, el Estado aceptó una oferta del grupo para abonar la deuda en 15 cuotas. El acuerdo no prosperó porque la fiscal Boquín determinó que era ruinoso para el Estado.
No obstante, los efectos de la quiebra quedaron en suspenso por la apelación que interpuso la empresa de la familia Macri.
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