Las habían amonestado por haberse sumado a la campaña que se preguntaba por el paradero del joven desaparecido en Cushamen. La legisladora Carmen Nebreda presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Educación, que intervino y destrabó la situación.

Las autoridades del colegio ubicado en el Parque Sarmiento, a pocas cuadras de la Justicia Federal, habían resuelto sancionar a cinco alumnas por pegar carteles.
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Cinco alumnas del Instituto Francisco Pablo de Mauro (IPEM 38) que habían sido amonestadas por una pegatina de afiches con el rostro de Santiago Maldonado, finalmente no podrán ser sancionadas, tal como lo había pretendido hacer la dirección de este establecimiento.

La controversia se generó en torno a un episodio ocurrido el 28 de septiembre último, cuando cinco estudiantes de ese establecimiento resolvió aplicarles seis amonestaciones a cada una por haber pegado en las paredes del colegio carteles preguntando acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Los pormenores del hecho fueron comentados por en una carta abierta publicada por las propias alumnas, que consideraron que con la decisión de la dirección de la escuela, estaban siendo “objeto de una estigmatización y persecución sistemática”.

PEDIDO DE INFORME

El hecho motivó un pedido de informe realizado por la legisladora Carmen Nebreda (Córdoba Podemos) y que fue cursado a inicios de noviembre al Ministerio de Educación de la provincia. En el mismo, la legisladora y ex titular de la UEPC, planteó el valor que tiene para la escuela “el educar a los jóvenes en valores ciudadanos y democráticos”.

Allí mismo, la legisladora solicitaba a la cartera educativa que informara acerca de lo sucedido con esas cinco alumnas.

Probablemente haya sido esto lo que motivó que las autoridades de la institución revieran la medida, tras lo cual finalmente decidieron suspender las polémicas sanciones.

Las alumnas habían asegurado que el episodio de las amonestaciones no constituía “el primer hecho de persecución ideológica en el que nos vemos afectadas, ya que esto se viene dando sistemáticamente durante todo el año lectivo, cuando llamaron a nuestros padres y madres en julio para hablar de la organización de un reclamo colectivo en un intento de que hagamos marcha atrás, cuando revisaron nuestras redes sociales, usando como argumento cosas que habíamos escrito en Facebook y Twitter”, señalaron.

Carmen Nebreda, legisladora provincial, envió un pedido de informe al Ministerio de Educación para que aclararan la controversial situación. Foto: Mariano Paiz.

RESPETAR LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA

En razón de lo sucedido y la petición de la legisladora, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación, Carlos Sánchez, informó que “luego de la intervención de la Inspección Regional y de la Inspección General, el centro educativo decidió suspender las sanciones aplicadas a los estudiantes por el motivo antes expuesto”, De ese modo, según señalaron desde esa cartera, la decisión logró adecuarse “a lo instituido en los Acuerdos Escolares de Convivencia, recordando además el valor que tiene para la escuela el educar a los jóvenes en valores ciudadanos y democráticos”.