Con 45 votos afirmativos, entre ellos los tres senadores de Córdoba, 16 negativos y tres abstenciones, Cambiemos logró aprobar en el Senado la derogación de varios artículos de la norma sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La nueva norma libera el precio del papel para diarios y establece que habrá arancel cero para la importación por diez años.
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La ley, que fue presentada por el diputado justicialista bonaerense, Diego Bossio, deroga ocho artículos de la Ley 26.736 sancionada en 2011, que había declarado de interés público la producción, comercialización y distribución de este insumo. El foco de esta norma era que obligaba a la empresa Papel Prensa, propiedad del Grupo Clarín, el diario La Nación y el propio Estado, a fijar un precio único para la comercialización de papel de diario, lo que eliminaba los beneficios para los medios propietarios y los equiparaba con el conjunto.
El proyecto aprobado elimina justamente la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Además, desregula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios a fin de abastecer al mercado local.
Durante diez años el arancel de importación de papel de diario será del cero por ciento, con el objetivo de “garantizarle a los diarios más chicos que pueden importar sin aranceles”, explicó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Asimismo, Papel Prensa podrá ofrecer descuentos, beneficios o promociones, que tendrán que ser igualitarios para todos los clientes.
Papel Prensa fue creada por el grupo Civita a fines de los años ’60, adquirida por el Grupo Graiver en 1973, y con anuencia de la Dictadura cívico-militar, transferida a los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1976.
En uno de los capítulos del libro de próxima aparición sobre el caso Mackentor (Fabián García, Enredacción Libros), su autor señala que “Papel Prensa era el principal activo estratégico del Grupo Graiver, una industria que producía papel para diarios y desde ese lugar se transformaba en llave para el desarrollo en escala de medios de comunicación. El poder económico consintió primero y promovió luego, que Clarín, La Nación y La Razón se beneficiaran con la apropiación de esa empresa. Implicaba además, por parte de las compañías editoras el compromiso con un plan económico aperturista, y un modelo de acumulación basado en la valorización financiera. También puso la piedra basal para superar la fragmentación de cabeceras de medios existentes hasta ese momento, favoreciendo a esos tres diarios. ¿De qué modo? A través de Papel Prensa S.A aplicaron dos estrategia básicas:
> Diferenciar el precio por tonelada de papel con el que se proveían los diarios accionistas respecto del que facturaban a sus competidores.
> No producir al 100% de la capacidad instalada, reservando la producción para sus socios y obligando a otros diarios a importar papel a precios superiores a los nacionales”.
La Ley sancionada en 2011 apuntaba a modificar ese mecanismo. La aprobada ahora permite nuevamente la libre operación de la compañía.
El oficialismo -incluidos Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez- contó con el apoyo mayoritario del interbloque peronista Argentina Federal -entre ellos el senador del PJ-Córdoba, Carlos Caserio-, para conseguir la sanción de la iniciativa.
Se trataba de una de las leyes de interés prioritario para el Gobierno por su relación política con el Grupo Clarín y el diario La Nación y por ese motivo fue incluida en el paquete de proyectos a considerar en el llamado a extraordinarias.
Por el rechazo se expresaron el bloque del Frente para la Victoria-PJ; la peronista puntana María Eugenia Catalfamo; la misionera Magdalena Solari Quintana; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda; y el salteño Juan Carlos Romero.
Del bloque Argentina Federal se agregaron los votos de los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango, mientras que los chubutenses Mario Pais y Alfredo Luenzo, y la catamarqueña, Inés Blas se abstuvieron.
Pinedo aseguró que la ley actual provoca la “inviabilidad de la industria, por eso es necesario quitar las restricciones ante el avance del periodismo digital”.
Señaló que la ley sancionada en 2011, “generó el efecto contrario logrando la suba del costo unitario de los diarios, lo que afectaba en los pequeños diarios del interior de Argentina”.
En tanto, que la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la palabra al cierre del debate y sugirió que este proyecto, que “demandó solo 20 días, devela dónde está el poder en Argentina; un poder que se conecta con todas estas bancas de diferente manera pidiendo que acompañen la ley”.
La senadora consideró que “la iniciativa es contraproducente para los intereses de todos los medios de comunicación pequeños de Argentina”.
También se refirió al “blindaje mediático a favor de las políticas del Gobierno” y a las “fake news” referidas al kirchnerismo, al citar el caso de su hijo, Máximo Kirchner, y la ex-ministra Nilda Garré, acusados falsamente de “tener millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales”.
La presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, María de los Ángeles Sacnun -también del Frente para la Victoria-PJ- sostuvo que “es incompatible mantener la declaración de interés público y por otro lado liberar el precio del papel prensa”.
“Con esta ley estaríamos fomentando una democracia tutelada, tutelada por los grandes medios de comunicación que vuelven a tener una posición dominante en torno a la desregulación del precio del papel utilizado en la prensa en Argentina”, expresó la senadora.
Finalmente, el jefe del interbloque peronista, Miguel Pichetto, defendió el proyecto afirmando que “la desregulación de la importación del papel alienta el esquema de competencia y mejora de precios. (…) No hay ninguna conspiración en marcha: simplemente hay un proyecto que se adecua a los tiempos de un capitalismo moderno, no de una economía cerrada que no permita posibilidades de crecimiento”.
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