Una protesta de trabajadores en Córdoba.
En estos últimos años, diera la sensación que el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales están en contra de los trabajadores en la Argentina. Se les prometió oportunamente en campaña electoral (por parte del presidente Mauricio Macri), la eliminación del impuesto a las Ganancias, algo que nunca se cumplió. Además, por el contrario, este gobierno nacional, terminó aumentando la cantidad de trabajadores que pagan este impuesto confiscatorio, regresivo y neoliberal.
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También, se vienen dando despidos masivos, tanto en el Estado como en la actividad privada.
A los trabajadores estatales, se los ha venido estigmatizando, con operadores del gobierno, que en ciertas oportunidades, han manifestado que “sobran trabajadores en el Estado”, que “hay muchos ñoquis”, que “son vagos”, entre otras frases no sólo desafortunadas, sino fundamentalmente discriminatorias.
En el sector privado han despedido a miles de trabajadores, entre otras causas, por las impagables tarifas (gas, electricidad, etc.), por la destrucción del mercado interno (producto de las negativas políticas económicas del gobierno nacional, que solo apuntan a ajustar el bolsillo del pueblo argentino), por la marcada pérdida del poder adquisitivo (la gran mayoría de las paritarias, quedaron por debajo de una elevadísima inflación y de una mega devaluación de la moneda nacional), entre otras causas.
Desde su inicio, el gobierno nacional (apoyado por gobernantes de otros signos partidarios) pretende avanzar en una reforma laboral, es decir, en un recorte de derechos y conquistas de los trabajadores. Lamentablemente para ellos, las disposiciones de leyes provinciales y nacionales, constituciones provinciales y la Constitución Nacional y los tratados Internacionales vigentes prohíben la regresividad en materia laboral. Prevalece en todos estos marcos legales, el principio de progresividad laboral, es decir, avanzar pero nunca retroceder en materia de conquistas y derechos obreros.
Es realmente lamentable y penoso ver que algunos dirigentes de los ámbitos nacional y provinciales, vayan en contra de los trabajadores, como si quienes generan la riqueza en el país fueran el enemigo número 1.
En las elecciones, todos les piden sus votos. Pero una vez en el poder, sólo van en contra de ellos con sus medidas de gobierno.
Esto se soluciona no votando a estos dirigentes nunca más.
Un gobernante que procede así con los trabajadores, evidentemente no es peronista, pero si lo fuera formalmente, debería comenzar por descolgar de sus oficinas los cuadros de Perón y Evita, pues estaría yendo en contra de la propia doctrina justicialista.
Un punto a parte es la actitud de los sindicatos. Todos, esperan que las conducciones de las organizaciones gremiales defiendan a capa y espada los intereses de sus afiliados. Estos, no deben permitir que se aplique ninguna forma de reforma laboral ni de derecho, ni de hecho sobre sus afiliados. Deben luchar por salarios y condiciones de trabajo dignas para ellos, sin escatimar esfuerzo alguno. Un sindicato que sí permite el avance de la flexibilización laboral en su actividad por parte de la patronal, es una organización gremial cómplice de lo que se haga con sus representados, y no merecen estar nunca más conduciendo el gremio. La gran mayoría de las bases de los gremios en la Argentina, se sienten muy orgullosos de sus dirigentes sindicales.
Lamentablemente, los trabajadores vienen atravesando años difíciles, por los incumplimientos de promesas de campaña electoral, por el permanente ataque y ajuste de sus bolsillos, y por las políticas adversas y nefastas que se llevan en su contra.
El año 2019 es el turno de la revancha que tiene la clase trabajadora.
Es la oportunidad que les brinda la democracia, para elegir gobernantes que no sean anti obreros, pero principalmente; para no votar nunca más a quienes desde el poder, ya han demostrado ser verdugos de la clase trabajadora argentina.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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