Entidades de la industria editorial, entre los que se encuentran la Cámara del Libro y la Cámara de Libreros y Editores Independientes, firmaron una carta dirigida a la diputados y senadores para solicitar el rechazo a la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, presente en el artículo 57 del mega proyecto denominado Ley Ómnibus, que se debate en el Congreso.
En el documento, firmado también por la fundación El libro y la Feria de Editores, sintetizan siete puntos por los cuales consideran un “desatino” este proyecto. En principio, aseguran que “dicha ley no representa ningún gasto para el Estado. Sólo establece que cada productor de libros (editor) o importador fije un precio a cada título y cada vendedor (librerías, tiendas online) lo respete”.
Además, recapitularon la historia de la ley de Defensa de la Actividad Librera, vigente desde 2002, y recordaron que es “similar a otras anteriores que rigen en Alemania, Francia, España, y una veintena de países”. Los firmantes advierten que “no fue impuesta por ningún gobierno, sino que se trató de un acuerdo entre todos los actores del libro. En Argentina el consenso sobre esto es amplísimo, y abarca librerías pequeñas y cadenas”.
En otro punto, destacaron el impacto positivo de esta legislación “tanto en la cantidad como en la diversidad de libros que se producen, venden y circulan”.
La carta también señaló que la Ley 25.542 “ha generado sana competencia (los vendedores competimos por mejor servicio, atención, difusión), crea y sostiene puestos de trabajo, y fomenta la fuerza cultural del país” y advirtió que “los beneficios también inciden en otras áreas, como la economía del conocimiento y el importante turismo cultural del que somos receptores”.
“Según datos de la Cámara Argentina del Libro, desde la implementación de esta ley, la producción de novedades editoriales ha tenido un incremento del 200%, se ha triplicado la cantidad de librerías y han surgido más de 200 editoriales PYMES”, remarcaron sobre su influencia positiva.
También subrayó que la ley “establece reglas de juego claras y justas para todos los actores del sector” y afirmó que “una industria bien organizada obtiene mejores resultados”.
En el anteúltimo punto, los firmantes aludieron al aumento de los precios de los libros al sostener que “la razón por la cual los libros sostienen un precio por encima de la inflación es porque el precio del papel ha aumentado un 70% en el último bimestre y un 300% durante el último año. El papel representa el 60% del costo del libro, por lo que resulta evidente que el problema del precio del libro viene directamente del costo del papel”.
“La experiencia internacional, sólidamente documentada, prueba que cuando se suprimen leyes semejantes los precios de los libros aumentan, no disminuyen, perjudicando de este modo a los lectores y a todos los participantes del ecosistema editorial: escritores, ilustradores, traductores, editores, correctores, diseñadores, distribuidores y librerías”, advirtieron los editores.
En su misiva dirigida a “los representantes del pueblo en el Congreso”, añadieron: “Confiamos en que ninguno de ustedes quiere un país con menos libros. Les solicitamos, en consecuencia, que rechacen la derogación de la Ley 25.542”.
Entre los firmantes, también se encuentran la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la Asociación de Dibujantes de Argentina y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, las Bibliotecas Populares en lucha, la Cámara Argentina del Libro, la de Libreros y Editores Independientes, las Librerías Independientes, la de Papelerías, Librerías y Afines, la Carrera de Edición (UBA), el Frente de Soberanía Cultural y la Red de Librerías Independientes (México), entre otras cooperativas y la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina.
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