(Por Máximo Brizuela *). La pasada semana, la denominada Ley Bases, impulsada por el gobierno nacional, finalmente tuvo su aprobación. Indudablemente tras este trámite parlamentario estará publicada en el próximo Boletín Oficial y entrará inmediatamente en vigencia.
Esto cambia las reglas de juego y a grandes rasgos implica mayores beneficios para quienes más tienen, y un ajuste y desprotección para los sectores asalariados.
Con el beneplácito de gran parte de la oposición, el poder Ejecutivo Nacional logró su primera conquista. Lo que para ellos es una victoria que inicia un posible camino para consolidar su modelo de país, para los argentinos representa un retroceso y deterioro a las condiciones vigentes en materia de derechos laborales.
La restitución del impuesto a las ganancias, como la limitación del rol de las organizaciones gremiales y el freno a determinadas medidas de fuerza nos anticipan que aún se vienen más medidas que claramente serán en contra de los trabajadores.
Otro de los puntos importante de la nueva ley es el denominado RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que plantea un entreguismo y sumisión trasnacional de nuestros recursos en post de atraer inversiones, cuya rentabilidad pasará por la narices del Estado Argentino para irse al exterior.
El RIGI, establece un período de 30 años, de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero. Es un camino que convierte a la Argentina en lo que se denomina una economía de enclave; cuya definición es la de “un modelo económico donde, en un mercado globalizado, se localizan actividades productivas en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local”.
Es vergonzoso que tanto el gobierno nacional, como la mayoría de diputados y senadores de nuestro Congreso, aprobaran este modelo entreguista que atenta y socava más nuestras fuerzas productivas, que son las que verdaderamente dan trabajo y dignidad a la sociedad.
Sin ellas el crecimiento del país está sumido en un derrame de riquezas de unos pocos que siempre se aseguran de tener bien cerrados sus bolsillos.
Si bien muchos de los puntos de la ley citada serán judicializados, esta ley es solo la punta del iceberg de un modelo apátrida y de sometimiento, en el que solo un grupo minúsculo gozará de sus “beneficios”.
* Por Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).
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