El Bloque de Legisladores de la UCR, presentó un proyecto de modificación de la Ley 10.401 de Protección integral a las víctimas de violencia a la mujer por cuestiones de género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional. “En caso de violencia institucional, el traslado del lugar habitual de trabajo lo tiene que hacer el agresor”, afirma el documento.
El Legislador Dante Rossi expresó que lo que se busca es que cuando se produzca un caso de violencia institucional, se tendrá que limitar la presencia del agresor en el lugar de trabajo de la mujer víctima de violencia, y no determinar el traslado de ésta última, como generalmente sucede en la actualidad.
Además, se incluye a los colegios profesionales como entidades habilitadas para presentar denuncias o para denunciar, acompañando a las profesionales matriculadas que fueren víctimas de violencia laboral y/o institucional.
La violencia institucional es una forma particular en que se manifiesta la violencia de género, entendiendo ésta como aquella que se basa en una relación desigual de poder y que afecta o violenta los derechos humanos de las mujeres y que es ejercida no solo por agentes o profesionales sino también por funcionarios del estado.
En ese sentido, Rossi manifestó que el proyecto “tiene por objeto avanzar y acompañar un proceso en el cual fundamentalmente los movimientos de mujeres luchan por la ampliación de derechos y su reconocimiento hacia sectores que históricamente han sido discriminados”.
Por eso el bloque de legisladores radicales explica que, “una herramienta para ello, es que frente a la violencia institucional no sea la víctima quien además de sufrir y verse vulnerada en sus derechos, deba apartarse de su lugar de trabajo, como sucede habitualmente, ya que estando frente a casos de violencia que acaece en la órbita de los poderes del estado, generalmente y de manera silenciosa es común observar como son aquellos quienes deben trasladar su lugar habitual de trabajo, mientras el agresor continúa en el mismo sin sufrir mayor impacto en su vida cotidiana”.
Por último, Rossi dijo que la modificación que se pretende, intenta justamente revertir un modelo patriarcal con plena protección a la víctima, que exige además de un compromiso ineludible por parte de los poderes del estado, quien a partir de la sanción de esta norma no podrá proteger a presuntos agresores en detrimento de víctimas vulnerables.
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