La magnitud de las transformaciones que se avecinan en caso de prosperar la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023 no tienen dimensión en el imaginario social. Según el discurso del presidente ultraderechista Javier Milei, el país debe retrotraerse al siglo XIX, antes del nacimiento del Estado moderno. Ambas normas son el andamiaje jurídico para llevar al país en un viaje al pasado en un tren que, engañosamente, proclama “futuro” en su máquina.
También, detrás del espumoso título de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, la Ley Ómnibus, en confluencia con el DNU 70/2023, entrega al presidente Milei las herramientas jurídicas para instrumentar una especie de golpe “blando”, en el que el Poder Legislativo entrega voluntariamente gran parte de las facultades que le otorga la Constitución. Se trata de un escándalo político e histórico de proporciones, que lamentablemente marcará la historia de este ciclo democrático iniciado en 1983. El ideólogo e inspirador de la Constitución liberal de 1853, Juan Bautista Alberdi, es probable que, si se levantare de su tumba, decidiera regresar a ella luego de ver al Frankestein que está emergiendo de esta kilométrica sesión.
VER Milei, la democracia, la soberanía nacional y la calle.
No es entendible semejante proceso sin situarlo en contexto histórico, político, geopolítico y económico. Una revolución ocurre para cambiar de raíz algo que existía previamente, tanto por su buen funcionamiento como por su mal funcionamiento. Es decir, una revolución no es sólo producto de un fracaso, también ocurre por las condiciones del escenario internacional, donde los más débiles pagan en su territorio la disputa entre potencias a miles de kilómetros de distancia. En Argentina confluyen los dos factores, el externo y una ayuda del interno. Milei intenta dar ese paso revolucionario de derecha en Argentina, como fruto de la disputa Estados Unidos-China y como representante de la globalización financiera, que abrirá las puertas de la economía del país para una integración sin equivalencias que dejará un tendal de heridos y excluidos. Algo así como si en el box se pusiera a pelear un pugilista peso pluma de 57 kilos frente a uno de la categoría pesado, de 91 o más kilos. Está claro que el resultado estará cantado, incluyendo las probables afectaciones graves a la salud de la persona de menor peso.
Se le agrega el factor interno, que es la incapacidad histórica del llamado bloque nacional y popular, en sus distintas conformaciones y profundidades a lo largo del tiempo, de concretar reformas sustentables para sostener el curso económico y político en un sentido diferente. Su derrota electoral en los comicios presidenciales del año pasado indica que, frente al actual marco internacional, ese intento ha cumplido un ciclo y deberá iniciar un proceso de reconfiguración. Mientras tanto, los legisladores del peronismo y sus aliados, los de la izquierda trotskista y los socialistas, aparecen como los únicos en condiciones de denunciar o poner algún freno o veto al proceso que procura abrir el nuevo régimen.
El debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados revela también que se está constituyendo un nuevo bloque de ultraderecha, integrado por convencidos, conversos, oportunistas, confundidos, “apretados”, “sin recursos” y “posibilistas”, pero capaz de llevar al país al siglo XIX, a caballo de un gobierno autoritario y sin preocupaciones republicanas “menores”, como la división de poderes. Si no hay sorpresas, La Libertad Avanza, el Pro, gran parte de la UCR y el peronismo cordobés, y varios partidos provinciales junto a diputados “bandera blanca”, como las estaciones de servicio que no tienen marca, le darán sustento político y legal a la revolución de derecha, que confunde “legitimidad de origen” en las urnas con “patente de corso”. Hay que recordar que la “patente de corso” era otorgada por las potencias de turno desde la Edad Media hasta el Tratado de Paris de 1856 y “privatizaba” el uso de la fuerza en los mares. Es decir, no hay límites para su acción.
Un ejemplo, es que a 10 horas de iniciada la sesión legislativa, al cierre de este artículo (21:00 del 31/1/2024) el dictamen de mayoría no estaba sobre las bancas de los legisladores dado que no pudo ser impreso a tiempo por las modificaciones ulteriores. Una conducta irregular y antidemocrática imposible de encuadrar como republicana. El secretario Parlamentario Tomás Figueroa detalló al mediodía los artículos que se suprimían, un total de 165, que dejó al dictamen en 221 artículos respecto del original que tenía 386. Mientras que el proyecto enviado al Congreso en diciembre del año pasado llegó con 664 artículos.
Sin embargo, pese a tamaña reducción, el gobierno no retocó el núcleo de la ley, sus concesiones son menores en relación al objetivo. Mantiene la delegación de poderes que le permitirá hacer casi todo lo posible sin intervención del Congreso durante dos años.
Además de ello, el eje de la Ley Ómnibus, entre otras, permitirá al Ejecutivo las siguientes facultades:
-Privatizar empresas públicas;
-Tomar nueva deuda sin limitaciones en defensa de la soberanía y el interés nacional que contenía la ley vigente y sin que su autorización pase por el Congreso;
-La entrega de los yacimientos de Vaca Muerta, Palermo Aike y las reservas off shore de gas y petróleo, convencional y no convencional, al capital extranjero sin necesidad de garantizar el abastecimiento interno ni precios para el desarrollo nacional;
-Facilita la explotación minera con un estándar ambiental inferior;
-Impulsa una desregulación salvaje de la economía, que tendrá como consecuencia una fuerte desindustrialización y la conversión del país en un gran exportador de recursos naturales;
-Habilita un achicamiento dramático del Estado, de las regulaciones legales y la plataforma de derechos de nueva generación;
-Endurece la legislación represiva y criminaliza la protesta social;
-Habilita cambios en seguridad y defensa para hacer frente a la exclusión social emergente del nuevo país que se está alumbrando y al realineamiento internacional con Estados Unidos e Israel que ya cultiva Argentina.
El paso que el Congreso se apresta a dar en las próximas horas puede entregar herramientas al gobierno nacional para intentar borrar más de 100 años de historia nacional. Herramientas con las que el bloque de ultraderecha busca terminar con los legados y construcciones institucionales y económicas que diferenciaron el desarrollo argentino del de otros países similares en la región y el mundo, surgidos con el radical Hipólito Yrigoyen en 1916 y Juan Domingo Perón en 1945. Lo que no pudieron lograr de manera completa los ciclos neoliberales implementados por la dictadura cívico-militar de 1976 o los gobiernos de Carlos Menem en los ’90, y Mauricio Macri entre 2015 y 2019, busca concretarse ahora. La pesada moneda de la historia está en el aire.
El pleno de los Diputados durante la sesión que trata la Ley Ómnibus. (Foto: Prensa Diputados).
MÁS INFORMACIÓN
VER El DNU de Milei es nulo absoluto e insanable y no rige.
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