El juez Penal Adolfo Zamboni Ledesma en los diarios de 1984, cuando falleció.

Una de las causas más peliagudas e incómodas para la Justicia Federal cordobesa, que debería llegar a juicio oral el 27 de abril, está en riesgo de ser postergada. Se trata de la “causa de los magistrados”, que tiene como imputados a cinco ex jueces, fiscales y defensores oficiales acusados de encubrir torturas y ejecuciones durante la última dictadura cívico-militar. El juicio podría suspenderse, ya que uno de los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) no puede asistir a las audiencias hasta la segunda mitad del año. “Mi voluntad es que el juicio comience en abril, estoy haciendo todo lo posible para que no se suspenda, pero dependerá de la Cámara”, dijo a ENREDACCIÓN Julián Falcucci, presidente del TOF2.

Desde que el expediente fue iniciado, en septiembre de 2007, al menos una decena de funcionarios judiciales cordobeses decidieron apartarse o fueron recusados por “amistad íntima” con los acusados. Por eso el tribunal se conformó con jueces de otras provincias: José Quiroga Uriburu, de La Rioja, y Juan Carlos Reynaga, de Catamarca.

Sucede que Reynaga está al frente del tribunal federal tucumano que juzga desde mayo de 2016 a 20 ex-militares por el Operativo Independencia, la incursión militar que ocupó parte de esa provincia del norte argentino. Ese juicio, según le explicó Reynaga en una nota enviada la semana pasada a Falcucci, se extenderá hasta fines de junio, por lo que no podrá asistir a las audiencias en Córdoba.

Las posibilidades a seguir son dos: o la audiencia se posterga o se designa un nuevo juez. La decisión de Falcucci es pedir a la Casación que reemplacen a Reynaga. Lo hará hoy mediante un oficio que redactó el jueves pasado.

Las dudas sobre las medidas que podría tomar la Cámara ya se instalaron en los Tribunales Federales. Es que la razón que expone Reynaga, si bien es lógica, no encaja con los motivos formales para excusarse que establece el Código Procesal Penal de la Nación. No ha sido recusado ni existe una inhibición formal, lo que hace suponer que la Casación podría decidir mantenerlo en el tribunal y posponer la fecha de la audiencia. Por otro lado, no son muchas las alternativas que quedan para reemplazar a Reynaga ya que, gran parte de los funcionarios cordobeses están inhibidos de actuar en este juicio. Se le suma a esto, la recarga de trabajo en tribunales y la falta de recursos de la Justicia Federal a nivel nacional para resolver las causas de lesa humanidad en todo el país, una situación que preocupa. Un caso testigo es el mismo Reynaga: es juez en Catamarca, preside el juicio en Tucumán y subroga en La Rioja.

Se le suma a esto, la recarga de trabajo en tribunales y la falta de recursos de la Justicia Federal a nivel nacional para resolver las causas de lesa humanidad en todo el país.

“Una demora genera trastornos en todo el calendario judicial. Hay otros procesos orales pendientes”, dijo a este medio el presidente del TOF2. En Junio, Falcucci debería integrar un tribunal en San Luis en el que también serán juzgados funcionarios judiciales por crímenes contra la humanidad. Si la causa de los magistrados se posterga, lo mismo sucedería en la justicia puntana.

En caso de que la Cámara de Casación Penal acepte reemplazar a Reynaga, habría pocos funcionarios en Córdoba para ocupar su lugar. En la torre de Tribunales Federales mencionan a Carlos Ochoa, juez de Instrucción en Río Cuarto, y el reciente nombrado juez de Bell Ville, Sergio Pinto. Por su edad, ninguno fue amigo o “pupilo”, como se describieron varios, de los acusados. Pero no es común que Casación conforme tribunales orales con jueces de primera instancia.

UNA BRASA ARDIENTE

Los acusados son el ex juez federal N° 2 Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina, y el ex secretario penal del Juzgado Federal N° 1, Carlos Otero Álvarez, que era secretario Penal del fallecido juez Federal N°1, Adolfo Zamboni Ledesma. Deben responder por complicidad con las torturas y asesinatos de 31 presos políticos cometidos por el Ejército y la Policía entre abril y noviembre 1976. Uno de los presos fue ejecutado de un tiro en la cabeza en el patio de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) ante decenas de testigos. Otro murió luego de ser estaqueado a la intemperie en la helada noche del 14 de julio. Los demás, acribillados en ocho fusilamientos colectivos presentados como “intentos de fuga”.

Los acusados son el ex juez federal N° 2 Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina, y el ex secretario penal del Juzgado Federal N° 1, Carlos Otero Álvarez.

Por estos hechos fueron condenados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros militares, en 2010. Ahora, los funcionarios judiciales que debían velar por los derechos de esos detenidos, están imputados por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento, de delitos de lesa humanidad.

AMIGOS SON LOS AMIGOS

La causa se inició el 27 de septiembre de 2007 con la denuncia de Luis Miguel Baronetto, expreso político en la UP1 y esposo de Marta Juana González, asesinada el 11 de octubre del ’76 luego de haber tenido a su segundo hijo en cautiverio, y por Miguel Ceballos, hijo de uno de los presos ejecutados. La jueza Cristina Garzón de Lascano la instruyó por separado a la causa “UP1” y la tituló “Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”, a pesar de que las causas penales llevan el nombre de los imputados. Por entonces, ya la bautizaban “la causa maldita” de la Justicia Federal.

Desde entonces el curso del expediente fue varias veces interrumpido por apartamientos y recusaciones, la mayoría basados en la “amistad íntima” de los jueces. Sin magistrados cordobeses en condiciones de intervenir, la instrucción derivó en 2010 en el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena.

En abril de 2011, la Cámara Federal de Córdoba consideró que los hechos “guardan íntima vinculación con crímenes de lesa humanidad” y rechazó la prescripción. En agosto de 2012, por pedido de los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, Herrera Piedrabuena indagó, procesó y ordenó detener a Puga y Otero Álvarez en la cárcel de Bouwer y a Cornejo, Haro y Molina en prisión domiciliaria. Meses después, recuperaron la libertad y la causa volvió a estancarse, cuando los abogados de Puga, Otero Álvarez y Cornejo apelaron sus procesamientos y la fiscalía apeló la falta de mérito dictada para Haro y Molina.

Luego de un año y medio de parálisis, la Cámara de Apelaciones –con nuevos integrantes– le dio la razón a los fiscales. “Surge de los expedientes que las personas acusadas en esta causa no hicieron ninguna medida de investigación para dilucidar, tanto los tormentos que sufrían las victimas en el D2 de informaciones y los homicidios presentados como enfrentamientos armados”, dijo el Fiscal Trotta a ENREDACCIÓN.

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