Al menos 50 personas ya se presentaron como damnificadas en una causa en la que se investiga una estafa millonaria en la ciudad de Córdoba mediante el sistema denominado “piramidal”, por la cual fueron detenidas nueve personas, entre ellas siete efectivos de la Policía de Córdoba. Hasta el momento, la Justicia calcula que el perjuicio alcanzaría el monto de 30 millones de pesos.
La investigación judicial comenzó hace varios meses, encabezada por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Alberto Mana.
Se denomina “piramidal”, porque cada depositante va acercando nuevos clientes a la mesa de dinero ilegal a cambio de jugosos intereses por el patrimonio invertido. Si el flujo de ingresantes es continuo el sistema funciona, apenas se ralentiza se desmorona. El hecho de hacer participar a todos los inversores atrayendo nuevos clientes y la retribución que se paga por los depósitos (en este caso habría sido entre 30 y 50 por ciento mensual) es lo que lo diferencia de las tradicionales “mesas de dinero” que funcionan al margen sistema bancario.
La secretaria de la fiscalía que investiga el caso, María José López, aseguró en declaraciones a la prensa que en la investigación se determinó que los supuestos inversores aportaban dinero a cambio de una “retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 50 por ciento”, pero en realidad no lograron recuperar su dinero.
“El día de ayer (por el martes) sabíamos que había 30 damnificados. Hoy 24 horas después, puedo decir que hay más de 50 damnificados. Nosotros sabemos que esto es tirar del hilo de un ovillo y esto va a comenzar a traer más damnificados”, declaró al canal porteño TN.
López explicó que “la gente se sentía traicionada y con vergüenza”, lo cual “muchas veces les impedía concurrir a la Justicia. Las historias que nos han comentado fueron muy diversas y de todo tipo. Gente que perdió el ahorro de toda su vida. Gente que vendió su auto tras ver que luego de invertir conseguían una rentabilidad importante y decidió invertir todo el dinero que tenían”.
Por el hecho, el martes fueron allanados 10 domicilios y dependencias policiales en la Ciudad de Córdoba y detenidos siete policías, un abogado y un contador. Los investigadores no descartan que haya más personas involucradas.
Entre los detenidos se encuentran Guadalupe Buceta y Mariano Buceta, hijos de los represores de los ’70, Mirta Graciela “La Cuca” Anton y Raúl “Sérpico”Buceta.
Los otros siete son la abogada y ex policía María Eugenia Zulberti, un contador de apellido Moreno, el actual comisario y jefe de Logística de Transporte de Investigaciones, Héctor Juncos, el padre de este, también policía, y otros tres policías en actividad cuya identidad no trascendió.
Hasta ahora, se determinó que la maniobra tenía como víctimas a un “círculo de inversores integrado por policías”, a quienes se les permitía el ingreso con la condición de captar nuevos clientes, que podrían ser familiares, amigos, conocidos o vecinos.
Sobre el modus operandi de la banda, López detalló: “Generalmente entre el primer y el segundo mes se pagaba el interés prometido (entre 30 y 50 por ciento), lo que provocaba que la gente, confiando, le comentara la oportunidad a un pariente, a un amigo, a un compañero de trabajo para que se pudieran sumar a este beneficio”.
Luego de que otras personas ingresaran al esquema depositando su dinero, el inversor inicial dejaba de recibir dinero y terminaba “perdiendo todo el capital invertido”, explicó López.
“No solamente se vulneró el patrimonio y la propiedad de una persona, sino que se jugó con la confianza. Porque generalmente eran compañeros de trabajo. Al permitirse solamente el ingreso de personal policial, el que los contactaba también era policía. Confiaban en sus compañeros de trabajo, a los cuales veían todas las mañanas”, manifestó la secretaria de la fiscalía.
Según López, como consecuencia de los allanamientos y las posteriores detenciones, “empezaron a concurrir más damnificados a la fiscalía. Llegó gente llorando y desesperada. Hay personas que han depositado más de 30 mil dólares”.
Cabe recordar que en otra causa paralela, que se tramita en la Justicia de Villa María, también en Córdoba, se investiga una maniobra similar por parte de la organización Generación Zoe, donde el principal imputado es el empresario Leonardo Cositorto, que se encuentra fuera del país y prófugo de la Justicia.
> Con información de Télam.
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