La Argentina neoliberal y de derecha tiene su pacto programático y una nueva coalición política e institucional para intentar sostenerlo

El presidente ultraderechista Javier Milei es el estandarte de una revolución de los ricos y poderosos. En las primeras horas del 9 de julio firmó en Tucumán, junto a dieciocho gobernadores y dos ex presidentes (Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá), un rimbombante Pacto de Mayo, que no es otra cosa que una hoja de ruta de la derecha política y neoliberal, subordinada a los intereses de las corporaciones financieras y tecnológicas del planeta. Si algo tiene este Pacto es que no es un acuerdo sino una imposición. Con él, Milei trata de dotar de volumen institucional y político al programa político y económico que busca desmontar a todas las estructuras que le dieron vida al estado de bienestar en el país. El documento rubricado en la gélida noche tucumana persigue ese objetivo y es el núcleo que le da vida a una amplia alianza política e institucional liderada por Milei, en la que abrevan el Pro, la mayor parte de la UCR, los partidos provinciales y algunos sectores del peronismo. Algunos de los que estamparon su firma al pie llegaron allí por convicción, y otros por intereses en común, cálculo, necesidad u oportunidad. Sin embargo, hay un hilo rojo que los une y es el pragmatismo.

Por ahora, a Milei le alcanza con ese formato, considera que ya habrá tiempo para que en los comicios de 2025 todo ese volumen político que ahora se encuentra bajo el paraguas de “los aliados” y/o “dialoguistas” quedé dentro de sus filas. Si bien su gobierno se asienta en el ejercicio de su propio poder y en el delegado en su hermana Karina, trata de ampararse en la representación de una coalición posmoderna, sin estructuras, sin participación, sin democracia interna, y que responde exclusivamente a su liderazgo. Si logra estabilizar su gestión, ese modelo autocrático será perfeccionado.

Hay una serie de elementos que sobresalen en la descripción: Milei es el líder del espacio en desarrollo a partir de su legitimidad electoral y la adhesión social que concita; el sistema político e institucional más conservador se ha sumado de modo orgánico -al modelo y a la instrumentación del programa- y en una especie de “federación” política muy endeble y en permanente mutación; y del otro lado se estructura un espacio social, político y económico casi equivalente que no ha sido seducido por el “canto se sirena” derechista y que sufre y sufrirá las consecuencias de un modelo económico de estas características, y en el que converge la mayor parte del peronismo, la izquierda en sus distintas vertientes, y buena parte de los sindicatos, entre otros sectores. El dibujo de los integrantes de cada bloque es el punto de partida para la nueva etapa del conflicto económico, social y político que se abrió a los empujones desde las elecciones del año pasado.

Milei cumple en esta primera etapa de su gobierno revolucionario, la tarea de desmontar el Estado de bienestar. Es decir, los instrumentos que le permitían a la clase trabajadora y sus aliados tener un mejor nivel de vida y disputar la distribución de la renta. La llegada de Federico Sturzzenegger al gabinete implicará el perfeccionamiento de esa tarea, una segunda etapa, que seguirá hacía adentro del Estado, pero también hacía afuera de él, en el espacio de las regulaciones que limitan la voracidad del capital. La famosa desregulación es destruir las herramientas institucionales y económicas que atenúan el poder del capital y que buscan construir equidad social y desarrollo a partir del gasto público, los sistemas de ampliación de derechos y la intervención económica en distintos mercados. Ya están sentadas las bases con el DNU 70/2023 y con la Ley Bases, que incluye un capítulo energético y el RIGI, dos marcos jurídicos que permitirán la extracción y entrega a precio de “súper oferta” de los cuantiosos recursos naturales del país y habilitarán la destrucción de la estructura económica forjada primero durante el Yrigoyenismo y luego por el peronismo, que fue herida gravemente por la Dictadura cívico-militar de 1976, pero que prolongó su agonía hasta ahora.

Lo que va a intentar el folklórico presidente libertario, ahora con el Pacto de Mayo guardado en algún cajón de su escritorio, es llevar adelante esa tarea para que cualquier reacción popular se encuentre sin herramientas desde el Estado y la base económica para intentar un nuevo ciclo redistributivo. También, esa redistribución regresiva de la riqueza en favor del capital financiero global y las grandes tecnológicas, va a generar una mayor desigualdad y va a limpiar el territorio nacional de cualquier grupo burgués local con intenciones de liderar algún proceso político y económico de signo nacional. Un efecto directo de lo que está sucediendo es que la radicalización desde el poder tendrá necesariamente, como efecto espejo, una radicalización del bloque oponente, tanto en su práctica como en su programa.

La diferencia entre la centro-derecha y la ultraderecha, en política, es el respeto de las instituciones, entre ellas las leyes y la Constitución. En estos siete meses de gobierno, a fuerza de DNUs, ataques a la prensa independiente y no independiente, fuerte represión, y “cancelación” a través de redes sociales de políticos y opositores de todo pelaje, Milei pasó por arriba el sistema jurídico del Estado de Bienestar y las regulaciones económicas sin que pestañee el sistema judicial ni el político aliado. El único fuero que trabó el aluvión ultra fue el del Trabajo, que impidió la aplicación de la reforma laboral que imponía el DNU 70/2023, medidas que luego fueron habilitadas y profundizadas por el Congreso con la Ley Bases.

Justamente, el Congreso, en una sola mega ley, habilitó reformas que ninguno de los golpes de Estado y los gobiernos autoritarios surgidos de esas asonadas pudieron instrumentar de modo sostenible, a la par que dotó al ocupante de Balcarce 50, sede de la Casa de Gobierno en CABA, de poderes excepcionales que no requerirán tratamiento legislativo -leyes- en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. La reforma y achicamiento del Estado, los acuerdos de deuda pública, y la entrega de los recursos energéticos quedarán a merced de la ágil lapicera presidencial.

Sin embargo, no es todo. El gobierno avanza en políticas anti-derechos contra la diversidad sexual y el género; arrasa con las conquistas educativas y científicas que llenaron de orgullo a los argentinos; implosiona el sistema de salud, dejándolo sin recursos para los trabajadores y los que han caído en la pobreza; no reparte comida para los comedores que no paran de incrementar comensales con hambre; reprime la protesta social; no entrega medicamentos para enfermedades crónicas; y planea desarticular el actual el sistema jubilatorio. El Estado dejó de compensar los efectos de lo que el mercado no da o no está dispuesto a entregar.

EL ESTADO AUTOCRÁTICO

Andrés Gil Domínguez, uno de los más notables constitucionalistas argentinos, advierte sobre que el Pacto sienta también las bases de un Estado Autocrático. Así lo explicó anoche, en su cuenta de la Red X, donde analiza algunos alcances no visibles a simple vista del Pacto de Mayo. Dice: “De 1810 a 1853 la progresiva construcción institucional de la nación argentina estuvo basada en la celebración de pactos interprovinciales. Fueron veintiocho pactos que, como una suerte de derecho contractual, configuraron un régimen de tránsito sin el cual, no se hubiera alcanzado, en el período 1853-1860, la unidad de las catorce provincias originarias bajo la forma federativa”.

Agrega que “en nuestra historia constitucional los pactos precedieron a la normatividad. El Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos (1852) acunó la sanción de la Constitución de 1853. El Pacto de San José de Flores (1859) posibilitó la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina y sentó las bases para las modificaciones constitucionales operadas en 1860, concluyendo de esta manera la etapa del poder constituyente originario iniciada en 1853. El Pacto de Olivos (1993) habilitó la reforma integral de la Constitución votada unánimemente por unanimidad por los Convencionales Constituyentes”.

Plantea ahora que “el Pacto de Mayo que se suscribe en julio no tiene nada que ver con los pactos celebrados a lo largo de la historia constitucional argentina por cuanto estuvo precedido por la imposición de sancionar la ley bases, su texto no es producto de ningún consenso y se asemeja más a un contrato de adhesión impuesto desde el centralismo unitario”.

Resalta que “algunos contenidos del Pacto de Mayo desconocen la normatividad constitucional y convencional vigente. Se propone pactar que “la propiedad es inviolable” cuando la Constitución así lo establece junto al límite de la utilidad pública (o el interés social tal como expresa la Convención Americana sobre derechos humamos) como causa justificada de la expropiación. Se plantea estipular “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar” omitiendo que la Constitución argentina y los tratados sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional incluyen a la educación universitaria agregando que en todos los niveles la educación estatal debe ser gratuita, equitativa, promotora de los valores democráticos, garantizadora de la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna y orientada al respeto por los derechos humanos. Se obliga a las provincias a “rediscutir” la coparticipación federal de impuestos o a “explotar los recursos naturales del país” desconociendo que la Constitución argentina establece un sistema de coparticipación y que a las provincias les corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Advierte que “si una Constitución provincial se reformase incorporando algunos de los contenidos del Pacto de Mayo (tales como el derecho de propiedad o el derecho a la educación) sería declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo sucedería con una Carta Orgánica de un municipio”.

Dentro de ese marco, señala que “el Pacto de Mayo es otro burdo intento por desplazar la vigencia de la Constitución argentina y desconocer la reforma de 1994 sin tener que someterse al proceso de reforma expresamente estipulado en el art. 30. El objetivo final persigue imponer un modelo autocrático que tenga como punto de partida a las “Provincias Unidas del Sur” soslayando, una vez más, que nuestra identidad constitucional se funda en las Provincias Unidas del Rio de la Plata, la Confederación Argentina o la República Argentina”.

LA FOTO

La foto de familia este martes 9 de julio, en Tucumán, no incluyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se dijo que padecía un fuerte resfriado para justificar su ausencia. Sin embargo, por la mañana, durante el tedeum y el desfile militar, la vicepresidenta no sólo lució radiante, sino que ni siquiera utilizó un pañuelo para limpiarse en algún momento su nariz. Dos motivos aparecen en su ausencia de la foto tucumana: El primero, sus diferencias con la idea de “refundar” el país, Villarruel cree que el país está bien fundado, que hay un Estado-Nación y que, en todo caso, debe volver a la senda donde las Fuerzas Armadas eran “guardianas” de la República liberal, por eso reivindica el accionar de los militares durante la Dictadura Cívico-Militar de 1976. Es un modelo autoritario, clásico, pero no cree en experimentos autocráticos para sostener la hegemonía del capital financiero global, como el que intenta desarrollar Milei. Esa interna tiene un segundo componente y es personal: Detrás del Pacto de Mayo se encuentra la mano de Karina Milei, la armadora de una alianza “variopinta” para sostener el poder de su hermano.

Karina, incluso, estuvo en la foto de la Casa de Tucumán. La única funcionaria en un espacio en el que se hallaban los representantes del poder territorial y legislativo. Es el poder detrás del poder. Ni siquiera el ex presidente Mauricio Macri estuvo en la puesta en escena que simboliza el Pacto de Mayo. Viajó desde el soleado Wimbledon, en Inglaterra, hasta Tucumán para sufrir el inclemente frío como cualquier “hijo de vecino”. Ni un gesto, nada para el artífice de la alianza que llevó al economista a la presidencia en noviembre de 2023. En la ausencia, en la foto, y en la suerte de Mauricio se puede intuir el recorrido del tiempo que viene.

LA ÑATA CONTRA EL VIDRIO…

Como en el tango “Cafetín de Buenos Aires”, el que dice que “(…) de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio, en un azul de frío (…)”, el Pacto de Mayo se hizo sin gente, la gente estaba en otro lado, lo miraba por TV, no había nadie, solo sillas para “la casta”, para los dirigentes del sistema político que se rindió a los pies del presidente libertario. Ese vacío simbólico tiene la fuerza de un tornado.

Nada indica que el Pacto de Mayo, firmado un 9 de Julio, en Tucumán, abra las puertas del futuro y del bienestar de las mayorías. Por el contrario, parece rumbear hacía una zona llena de contradicciones y conflictos.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.