El Comandante Nacional de la Policía de Bolivia, el golpista, Yuri Calderón, negó anoche que exista una orden de captura contra el ex presidente Evo Morales. De este modo, desmintió al lider opositor y golpista, Fernando Camacho. Sin embargo, existe una elevada incertidumbre institucional, política y social en el vecino país.
Según había informado Camacho, fuerzas policiales intentaban detener a Morales en Cochabamba. El propio ex presidente se había hecho eco de esta situación, a través de un tuit donde decía que la policía intentaba detenerlo. Morales denunció también que manifestantes habían atacado su domicilio.
Evo Morales finalmente renunció a la presidencia de Bolivia en la tarde del domingo. La comunicación sucedió luego que el Ejército boliviano le pidiera la dimisión con el argumento de aplacar la crisis social y política existente. El planteo fue realizado por el comandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el de la Policía Nacional, Vladimir Calderón.
Morales había convocado por la mañana a nuevas elecciones tras el informe de la OEA que reveló “irregularidades” en los comicios de octubre que lo habían dado como vencedor. Sin embargo, la decisión no fue suficiente para evitar las protestas opositoras y el acuartelamiento policial.
“He decidido, escuchando a mis compañeros (…), a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de la presidencia”, declaró. “La lucha no termina acá”, advirtió con la voz entrecortada. El presidente boliviano denunció además un “golpe cívico, político y policial” instigado por “grupos oligárquicos que conspiran contra de democracia”.
Posteriormente, el presidente boliviano viajó a Cochabamba, junto al vicepresidente Álvaro García Linares. Esa es la zona de Bolivia desde la que inició su carrera política. “No tengo por qué escapar, no he robado nada”, dijo.
Morales explicó que su decisión fue tomada “para que (Carlos) Mesa y (Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales”, que sufrieron una serie de atentados. En esa línea, instó a los líderes opositores a reducir la violencia que azota a gran parte del territorio nacional.
La salida del poder del presidente boliviano se precipitó luego de la publicación del informe preliminar del equipo de auditores de la OEA, que observó el proceso electoral del 20 de octubre, tras un acuerdo con el propio gobierno de la nación del Antiplano. El informe refleja irregularidades en todos los aspectos bajo investigación y, por tanto, la OEA solicitó la repetición de los comicios.
Los auditores denunciaron una “manipulación” del sistema informático empleado en la transmisión del recuento de votos de tal calibre que ha exigido una investigación de lo sucedido, y solicitado incluso la disolución de las actuales autoridades electorales del país.
En términos generales y por las deficiencias mencionadas, La publicación del informe terminó impulsando a Morales a anunciar la anulación de las elecciones y la convocatoria de una nueva cita electoral ya con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) renovado, como demandaba la oposición. El hecho, profundizó la crisis política.
“En virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente”, había dicho Almagro a través de un comunicado.
Ahora la incógnita es quién asumirá el poder. La presidenta del Senado boliviano, Adriana Salvatierra, también presentó su renuncia, ahondando aún más la incertidumbre en el país sobre quién tomará las riendas tras la dimisión.
La Constitución boliviana contempla que en caso de renuncia del presidente sea su ‘número dos’ quien le suceda en el cargo, pero García Linera también dimitió. En dicho caso, es el titular del Senado quien debería tomar las riendas, una vez la Asamblea Legislativa valide las renuncias de presidente y vicepresidente.
La vicepresidente del Senado, la opositora Jeanine Añez, reclama que constitucionalmente le corresponde a ella asumir la presidencia transitoria. “Primero tengo que convocar a la Asamblea para que se revise la renuncia de Evo Morales”, aseguró la senadora. Y recién luego de eso, explicó, el Congreso debería nombrarla como mandataria interina.
