La Legislatura cordobesa debatió ayer sobre un pedido de informes presentado por la legisladora provincial Liliana Montero (Córdoba Podemos), sobre los gasoductos troncales de Córdoba que construye la brasileña Odebrecht.
“La región está atravesada por la mafia de la corrupción de la obra pública. Está atravesada Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Iecsa y compañía, todas son parte de un mismo sistema”, afirmó.
Agregó que “genera muchísima bronca cuando funcionarios del gobierno de Córdoba y sus cómplices en la Justicia, llámese Gustavo Hidalgo (ex fiscal Anticorrupción), hoy juez de Control, salen a decir muy sueltos de cuerpo que estamos equivocados los seis legisladores que en el año 2015 -(Ricardo) Fonseca, (Roberto) Birri, (Rodrigo) De Loredo, (Juan Pablo) Quinteros, (Aurelio) García Elorrio y quien habla- nos presentamos a la Justicia para decirle que investigue lo que hoy escandaliza a Córdoba porque ha salido más a luz pública la corrupción de la región”.
Siguió diciendo que “le dijimos al fiscal Hidalgo que (Alberto) Yousseff, cambista arrepentido de Brasil, dijo que pagó coimas en Córdoba, que lo hizo en nombre de OAS, y que eran más de 30 millones de dólares”. Apuntó que “la realidad se va imponiendo porque los directivos de Odebrecht están presos, porque los directivos de OAS están presos, porque los directivos de Andrade Gutiérrez están presos. Y porque todos, absolutamente todos, reconocieron que eran parte de una cadena de corrupción estructural de la obra pública en América Latina. No es un invento nuestro”.
Finalmente expresó que “hay una trama de corrupción que involucra a Odebrecht y lo que pagó Yousseff a través de OAS, se está materializando acá con la adjudicación que le hicieron a Odebrecht (en 2016)”.
PASSERINI
El legislador provincial Daniel Passerini (UPC), en declaraciones que realizó a Cadena 3, afirmó que “la licitación y adjudicación de la obra de gasoductos se hizo en el marco de la legalidad”. Señlaó que “el Gobierno nacional se encuentra, en este contexto, revisando todos los contratos que tiene Odebrecht en el país, tras las investigaciones por presunto pago de coimas y sobreprecios”. Por último, explicó que “el procedimiento es que si la empresa cumple con lo que establece la ley, no hay ningún motivo para revisar la decisión que se tomó. Distinto habría sido que la empresa no hubiera cumplido con los plazos o no hubiera planteado lo que establece la ley. Ahí sí el Estado provincial puede retirar a esa empresa y llamar a otra licitación. (…) Lo único real en materia de corrupción que está hoy en Argentina bajo una gran sospecha, donde uno de los delatores premiados nombró con nombre y apellido, es Gustavo Arribas (titular de la Agencia Federal de Inteligencia)”.
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