El sorteo de la denuncia realizada el 27 de abril, recayó en la fiscalía a cargo de Marcelo Fenol. Se investigan las amenazas recibidas por el periodista Adolfo Ruiz.

El fiscal Marcelo Fenol.
Municipalidad de Río Cuarto-Parque Sarmiento

La investigación judicial por las amenazas sufridas por el periodista de ENREDACCIÓN Adolfo Ruiz será responsabilidad de la fiscalía de distrito III turno 1, a cargo de Marcelo Fenol. Así lo confirmó ayer el prosecretario de esa fiscalía, Nicolás Alisio, ante la consulta de este medio.

El episodio se remonta a la intimidación sufrida por Ruiz el día 26 de abril a través de la red social Instagram. Ello ocurrió sólo veinticuatro horas después de que se publicara en este medio un informe en el que se daban a conocer una serie de testimonios y denuncias en contra del segundo jefe de la Departamental San Justo, comisario Carlos Cabral, señalado por presuntos casos de acoso sexual/laboral contra sus subordinadas, seguido de represalias.

Lo concreto es que, según lo planteado por el funcionario judicial, “la primera cuestión a determinar es si el episodio encuadra dentro de lo que es una figura penal, en este caso las amenazas, o bien recae dentro de lo que serían las injurias”, sostuvo.

Las disquisición no es menor, ya que en caso de que se confirme el planteo del denunciante, se trataría de un delito perseguible por el Ministerio Público Fiscal. “Ése es el primer análisis en el que se va a avanzar”, sostuvo el funcionario, señalando que ese análisis es probable que se haga a la luz del reciente fallo condenatorio contra el al ex jefe de Policía de la Provincia, Julio César Suárez, por las amenazas al periodista Dante Leguizamón de los SRT.

Probablemente la resolución se tome en el transcurso de esta semana, cuando se reintegre de su licencia el fiscal Fenol.

El periodista de Enredacción Adolfo Ruiz. Foto: Mariano Paiz.

En caso de que se resuelva instruir la causa en la fiscalía, es probable que parte de la investigación se derive a la oficina técnica correspondiente del Ministerio Público, que es la que se encarga de remitir oficios a las empresas internacionales propietarias de las redes sociales. “Lo que se hace es intentar determinar desde que IP se originó la cuenta de la cual salió la publicación, con el fin de intentar determinar el remitente”, añadió Alisio.

Mientras la fiscalía trabaja en los primeros pasos para investigar la amenaza, el abogado Juan Carlos Vega ya asumió la representación de Ruiz y se halla trabajando en la presentación formal para ser querella. En simultáneo se está analizando llevar un planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se trata de un avasallamiento de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

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