El intento de comprar los dos aviones IA63 Pampa III a la Fábrica de Aviones Brigadier General San Martín (FADEA) de Argentina, se realizó sin seguir los pasos de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Al parecer, el gobierno de ese país decidió “cortar camino” y desempolvó un viejo acuerdo de 1980 de cooperación científica y técnica entre Guatemala y Argentina, que se actualizó un mes antes del acuerdo de adquisición, según informó el diario Prensa Libre.
El nuevo convenio, denominado Complementario de Cooperación, fue firmado entre los ministerios de Defensa, a cargo de Oscar Aguad en Argentina y Luis Ralda en Guatemala; y ratificado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, a cargo de los cancilleres Jorge Faurie (Argentina) y Erica Jovel Polanco (Guatemala). Así informó el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado.
Es decir, que podría haber habido, por acción u omisión, participación de funcionarios argentinos de las areas de Defensa y Cancillería en la maniobra de los guatemaltecos.
Según le dijo el funcionario al diario guatemalteco, a la PGN llegó una consulta para establecer si el acuerdo complementario podía adherirse al convenio firmado hace 39 años, a lo que se le dio un dictamen favorable.
Donado le aclaró a la periodista que escribe el informe, que en ningún momento se consultó a la Procuraduría sobre la compra de los aviones Pampa III.
En la modificación firmada por las carteras de Defensa, ya se habla de intercambio de equipo y tecnología militar entre los dos países, algo que el convenio original de 1980 no contemplaba, pues facilitaba la cooperación técnica y científica para el desarrollo económico y social de ambas naciones.
El proceso explica el mismo diario, siguió con una consulta al Ministerio de Finanzas el 25 de junio, cinco días antes de que el presidente Jimmy Morales viajara al extranjero. El Ejecutivo pedía dictamen sobre si un convenio de cooperación podía usarse como base para hacer una compra, explicó Carmen Abril, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, de esa cartera, durante una citación con la bancada Encuentro por Guatemala en el Congreso.
La diputada Nineth Montenegro, reveló que en esa consulta no se especificó de la intención de compra de los aviones Pampa III a Argentina.
Montenegro señaló además que “ningún acuerdo o convenio que no sea de Derechos Humanos es superior a la legislación guatemalteca, por lo que debió respetarse la Ley de Contrataciones del Estado”.
Por su parte, el diputado Carlos Barreda, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó sobre el uso del convenio para la compra de los aviones, que “en el mismo convenio se señala que en el tema financiero, los países deben regirse a la legislación vigente y la guatemalteca es la Ley de Contrataciones”.
“Aquí hubo un intento de evadir la Ley de Contrataciones a través de este convenio, lo cual puede ser sujeto de varios delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes”, indicó el diputado.
