Escándalo en la Justicia: denuncian a un ayudante fiscal por acoso sexual y violencia laboral

El ayudante fiscal de la Unidad Judicial 21 (UJ21), que funciona en barrio Los Naranjos, fue denunciado por el gremio judicial por “acoso sexual” y “violencia laboral” en perjuicio de empleadas y empleados a su cargo. El hombre, que acumula 10 años en la misma oficina, había implementado, al parecer, un sistema de maltrato y persecución sobre los empleados y de acoso sexual sobre las mujeres.

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“¿Querés instrucciones? La instrucción es… chupame la pija”, le respondió a una empleada. O a otra le dijo: “Te chuparía las tetas”. Este acoso también se producía con las mujeres de la UJ21, cuando debían cargar sumarios en expedientes digitales o realizar consultas. Ocurre que la clave de acceso al SAC -el sistema informático de tribunales-, suele estar en manos de una sola persona en cada unidad judicial y en la UJ21 quién la tenía era el ayudante fiscal. Entonces, las trabajadoras tenían que sentarse sobre sus piernas o no podían hacer la tarea encomendada. Las que no aceptaban su imposición, eran sancionadas con cambios de turnos o trabajo durante los fines de semana, entre otras variantes de sanción.

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La denuncia fue realizada el pasado viernes 29 contra el ayudante fiscal de la Unidad Judicial N° 21, el abogado Ernesto Morales.

La presentación se efectuó tanto a las autoridades del Ministerio Público Fiscal (José Gómez Demmel, Héctor David, Alejandra Hillman y Pablo Bustos Fierro), como al Tribunal Superior de Justicia. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) apeló a las dos instancias, porque Morales ya había sido denunciado ante la Oficina de Recursos Humanos, pero no hubo ninguna acción institucional sobre el funcionario que siguió en su cargo y reiterando su conducta.

Según le dijo la prosecretaria de Capacitación del gremio, Agostina Noccioli, a ENREDACCIÓN, luego de la presentación, Morales fue intimado a no presentarse a trabajar y se iniciará un sumario para determinar lo sucedido en la UJ21.

¿Qué son las unidades judiciales? “Son dependencias del Ministerio Público Fiscal cuya función primordial es practicar los primeros actos de investigación, en la primera etapa del procedimiento penal”, indica el sitio Web del Ministerio Público Fiscal. Funcionan junto a las comisarías de la Policía provincial.

Mientras que la violencia laboral ha sido definida por el abogado laboralista y autor de varios proyectos de ley y ordenanza sobre este tema, Carlos Cafure, como "toda agresión física, acoso sexual, y acoso moral o psicológico, que se ejerza sobre una persona dentro de su lugar de trabajo". A su vez, la violencia laboral puede ser descendente (como en este caso, de jefe a empleados) o ascendente (de empleados a jefes). En tanto, el acoso sexual, que es una de las formas de la violencia laboral, ocurre cuando existe “una conducta verbal o física reiterada, con connotación sexual, no consentida por quien lo recibe (y basada en el poder), que afecta su desempeño laboral”.

El texto de la presentación sindical precisa que “(…) Morales, tiene como práctica habitual referirse a sus empleados/as (en especial a las mujeres) de distintas formas de lo más discriminatorias, ofensivas y violentas. Y lo que es peor aún, lo hace de manera pública en frente de toda la oficina, lo que da cuenta del nivel de impunidad con el que se maneja”.

De izquierda a derecha, Agostina Noccioli y Federico Cortelletti.

Federico Cortelletti, secretario General de la AGEPJ, expresó en ese sentido, que “es completamente inadmisible y bochornoso para el desarrollo de cualquier actividad laboral la conducta desplegada por el ayudante fiscal. Lo insólito de los hechos denunciados nos llevan a creer que este funcionario piensa que cuenta con impunidad. Ello sólo se explica por la persistencia de una cultura organizacional que alienta y defiende el modelo de jefe patrón de estancia, que cree estar por encima de normas legales y hasta éticas. La acción gremial que venimos llevando a cabo pretende que se institucionalice una nueva matriz basada en el respeto por los derechos humanos”.

Noccioli, en tanto, apuntó que “ya se ha llegado a un límite, por la cantidad y gravedad de los hechos denunciados. Esto ha sido así durante todo el año, con picos de hasta tres denuncias por semana, al tiempo que las respuestas del empleador son escuetas e insuficientes y no se abordan correctamente los conflictos planteados. Por esa razón, el 8 de marzo presentamos un proyecto de protocolo para prevenir y tratar la violencia laboral y de género. A pesar de ello ya se van a cumplir nueve meses sin que se le dé curso. Esa demora y la falta de empatía y formación de las personas que intervienen en las denuncias son síntomas de que el Tribunal Superior de Justicia no comprende la gravedad de lo que ocurre”.

“HASTA AHORA, REGISTRAMOS HECHOS DE, AL MENOS, TRES AÑOS HASTA LA FECHA”

Agostina Noccioli relata que el caso de Morales es uno de los más graves de violencia laboral, pero no es el único. Precisa que, según las denuncias, el ayudante fiscal “ejerce un poder abusivo en la oficina. Creó su propio régimen laboral, donde, en lo básico, hace todo, según su parecer. Él ‘castiga’ o ‘beneficia’ a las personas de acuerdo a como se comporten respecto de sus pedidos, órdenes, chistes o comentarios. Quien no lo festeje o se ‘prenda’ en sus dichos, termina con el turno cambiado o trabajando los fines de semana”.

¿Desde cuándo se produjeron estos episodios?, le preguntó ENREDACCIÓN a la dirigente gremial.

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Hasta ahora, registramos hechos de, al menos, tres años de antigüedad hasta la fecha. Pero, al parecer, habría otros anteriores.

La lista de episodios de violencia laboral u acoso sexual realizados por Morales, es extensa. Está el caso de una empleada de la UJ21, que agobiada por la situación que vivía, solicitó el traspaso a otra dependencia judicial, pero el funcionario, le propuso salir con él a cambio de darle el pase. “La compañera lo enfrentó y él le respondió: ‘Esta unidad judicial se maneja así’. Esta compañera se acercó a la Oficina de Recursos Humanos, pero en lugar de investigar lo que ella denunciaba, sólo le dieron el pase. Por el resto no hicieron nada”.

También habría presionado a empleadas de su ofician para que salieran con él. "Se ofrecía a llevarlas a su casa y cuando llegaban al lugar, si se negaban a darle una cita, no las dejaba salir de su auto hasta que no lo lograba", explica Noccioli.

Detalla que sus comentarios son discriminatorios, violentos y misóginos. “hace todo tipo de comentarios, casi siempre en relación al cuerpo de las mujeres. Lo hace delante de toda la oficina, de todo el personal. Por ejemplo, dice cosas como esta: ‘lo gorda que está esta mina”; o “mirá el culo que tiene…’; o ‘son todas gordas putas’; o “mirá las tetas que tiene”. Sus comentarios son ofensivos y públicos, todo el tiempo. También realiza afirmaciones discriminatorias como decirle a una compañera ‘cara de colla’ porque es del Norte”.

“Si te opones a su sistema o a sus órdenes, él castiga. Hay compañeras que se negaron a sus propuestas o planteos, y les dejó de hablar durante meses o las cambió de turno, por ejemplo, de la mañana a la noche o poniéndolas a trabajar los fines de semana. También ha buscado aliados dentro de la Unidad Judicial”, describe Noccioli.

Para completar su práctica de “hombre con poder” y lograr sus fines, incluía las amenazas en su proceder cotidiano: “Ojo, que yo me entero antes que nadie si van a Recursos Humanos”. Parece que, ahora, el tema salió de las sombras.

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