La plataforma tecnológica que conecta usuarios y choferes, conocida como Uber, una de las potencias de la llamada “economía colaborativa”, sufrió un duro golpe en el Estado donde nació hace una década: California.
El Senado californiano aprobó un proyecto de ley que considera que los conductores de plataformas como Uber y Lyft son empleados y no socios o contratistas. De este modo, los conductores tendrán derechos laborales, como salarios mínimos, vacaciones, y seguros médicos entre otras prestaciones, que subirían el costo laboral en al menos 30%. También abre la posibilidad de que se conformen sindicatos, que son quienes deberán discutir las normativas básicas para el sector. Hasta ahora, además de no aceptar la constitución de relación laboral con los conductores, Uber y el resto de las High Tech no permiten la organización sindical en sus empresas.
Se trata se la primera norma que regula la relación laboral de este tipo de plataformas en el país donde nacieron y propone un fuerte enfrentamiento político de las grandes tecnológicas con el Estado. Sólo resta que la promulgue el gobernador californiano Gavin Newsmon para que entre en vigencia.
Uber considera a los conductores como “contratistas independientes” o “socios”. Pese a ser una de las dos más grandes compañías de transporte de pasajeros del planeta, no tiene ni flota de coches ni conductores. La empresa tiene 3,9 millones conductores en todo el mundo y 91 millones de clientes habituales.
La nueva ley (llamada AB5 y propuesta por la asambleísta demócrata, Lorena González, de San Diego) ataca el corazón del negocio de Uber y Lyft, su mayor competidor en el mercado estadounidense. La ley toma como base una sentencia de la Corte Suprema de California del año pasado contra un servicio de entrega a domicilio y consideró que los repartidores son por defecto empleados salvo excepciones.
La normativa AB5 convierte en ley esta interpretación de la legislación laboral. En su exposición de motivos afirma que la uberización de la economía, un fenómeno que California ha exportado al mundo, “ha sido un factor importante en la erosión de la clase media y el aumento de la desigualdad”.
El debate ha enfrentado a una de las grandes compañías de Silicon Valley con el Estado. Uber y Lyft han amenazado con lanzar una iniciativa popular para que se vote en las urnas, que no les sería difícil conseguir con el sistema radical de democracia directa de California. Esta posibilidad supondría un importante problema político.
Si finalmente el gobierno de California aplica la AB5, por el tamaño e influencia política y económica que posee, podría convertirse en un estándar para imitar o alcanzar por parte del resto del país, lo que podría afectar radicalmente el modelo de estas empresas.
