Ingreso a la Alcaidía de Tribunales II. La actividad de los penitenciarios asignados a esta dependencia se ve afectada por la falta de personal y la enorme demanda de tareas. Foto: Mariano Paiz
Dos nuevas muertes en establecimientos a cargo del Servicio Penitenciario, por lo tanto, del Ministerio de Justicia.
La más reciente fue el jueves 12 de octubre, y fue informada por el Servicio Penitenciario recién al día siguiente.
El fallecido fue Jonathan Pedernera, un muchacho de 20 años que se hallaba alojado en el Complejo de Bouwer a disposición de la Cámara Séptima del Crimen.
Apareció a las 15 horas de ese jueves ahorcado en su celda del Módulo MD1, pabellón C4. Para ello utilizó una sábana, que ató -como siempre hacen los internos que se suicidan en Bouwer- en el ducto de ventilación (son muchos los que consideran que la arquitectura de esos ductos no es otra cosa que una “invitación” al suicidio).
El muchacho fue trasladado al Hospital Misericordia, donde se constató su muerte cerca de las 16 horas.
De la muerte del día anterior hay más precisiones y también algo de contexto. El fallecido es Mario Alejandro Scavuzzo. Tenía 23 años y estaba alojado desde el 21 de septiembre en el Centro Psico Asistencial (CPA, que se encuentra al lado del ex-Crom).
Allí tenían que hacerle una valoración psiquiátrica para determinar si podía o no ser procesado y llevado a juicio por una causa de violencia familiar.
Al mediodía del miércoles se cumplió su traslado a la Alcaidía de Tribunales II. Cuando el personal de custodia fue a verificar su estado, a las 14,15 de ese mismo día, Scavuzzo apareció colgado. Usó su propio buzo para suspenderse de un barrote de la puerta. Lo trasladaron a la Clínica GEA, frente a Tribunales, pero ya no había mucho por hacer. Su fallecimiento se constató a las 14:46, según informó oficialmente el Ministerio de Justicia.
Ingreso al complejo de Bouwer. En el Módulo MD1 fue donde el jueves se ahorcó nuevamente un interno.
SERVICIOS SOBREPADADOS
Según apuntan fuentes gremiales de Tribunales II, a esa dependencia judicial ingresan alrededor de 300 internos por día, ya sea para que se les tome declaraciones, se les haga rueda de reconocimientos, o porque están participando de audiencias orales ante las cámaras del crimen o las fiscalías.
Ello implica que hay un “tránsito” importante de procesados y condenados a diversas dependencias judiciales, y en ocasiones “son tipos pesados que van a veces acompañados por mujeres, que físicamente son más débiles y por lo tanto se encuentran expuestas”, indicó la misma fuente gremial.
Todas las alertas se empeñan en señalar que la dotación de empleados penitenciarios se halla sobrepasada por la demanda de traslados. De esta situación ha sido puesta al tanto la Jefatura del Servicio Penitenciario, sin que haya por el momento ninguna solución ni respuesta. Se ha llegado al punto de que la propia jefa del servicio, subalcaide Carolina Quevedo, ha tenido que encargarse ella misma de los traslados, lógicamente a costa de resignar funciones inherentes a su cargo.
A ello se suma la falta de un servicio de emergencia médica que cubra la situación de internos e incluso de los empleados, muchos de los cuales trabajan bajo insuficientes condiciones de seguridad. De hecho, de haber existido un servicio semejante, tal vez la muerte de Scavuzzo se podría haber evitado.
Todas las alertas se empeñan en señalar que la dotación de empleados penitenciarios se halla sobrepasada por la demanda de traslados. De esta situación ha sido puesta al tanto la Jefatura del Servicio Penitenciario, sin que haya por el momento ninguna solución ni respuesta”.
Se suma a todo esto la preciada “generosidad” de las autoridades penitenciarias, que se han hecho cargo de la prestación de servicios incluso en funciones que no le son propias. Es el caso justamente del CPA, adonde se derivan pacientes psiquiátricos en conflicto con la ley. “Era un servicio que estaba cubierto por la Policía, pero el jefe Juan Bouvier aceptó la transferencia a pedido del ministerio”, señaló un alto mando de la Jefatura del SPC, pidiendo reserva de su identidad.
Añadió la misma fuente que “en realidad la ley le impide al SPC hacerse cargo de este tipo de custodias, ya que sólo puede tener a su cargo condenados y procesados sujetos a prisión preventiva. Pero nunca se puede hacer cargo de aprehendidos y mucho menos de pacientes psiquiátricos”, sostuvo, señalando que “los empleados penitenciarios no son personal capacitado para este tipo de internos, ya que deberían ser acompañantes terapéuticos”.
Los costos que se deben pagar por estas situaciones de precariedad laboral y en la atención de los internos, parecen ser altísimos. Pero mientras siga siendo la vida de los internos el “fusil” que salta ante una situación tal, es poco probable que la situación sea adecuadamente abordada, según coinciden las fuentes consultadas.
NOTA: Dos horas antes de haberse publicado este informe, su contenido ya había quedado desactualizado. No por que su información fuera errónea ni porque haya sido desmentida, sino porque a las 22.15 del día domingo se produjo una nueva muerte de un interno a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba. En esta ocasión fue en la Cárcel de Villa Dolores. Federico Ezequiel Grosso, un muchacho de 25 años procesado por una causa de violencia de género, aparentemente decidió quitarse la vida, colgándose en un patio interno del pabellón 7. Por el momento la novedad no ha sido comunicada por el Servicio Penitenciario, que habitualmente lo hace 24 horas más tarde del episodio, o bien cuando EnRedacción lo publica en este portal.
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