La Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que fueron firmados por el gobierno de Alberto Fernández, y rechazó uno emitido por el ex presidente Mauricio Macri en 2018, en la que estatizaba la deuda con las distribuidoras de gas, producida por la dolarización de las tarifas.
Cabe recordar que como las tarifas residenciales e industriales no incorporaron el incremento del precio del dólar -fruto de la devaluación de 2018-, la diferencia entre la tarifa dolarizada y la que efectivamente rigió produjo una deuda que Macri avaló pagar en cuotas a través de un DNU.
Durante la reunión parlamentaria también se convirtió en ley la facilitación de la donación de plasma sanguíneo en pacientes recuperados de coronavirus.
Tras una jornada de casi nueve horas, los Decretos de Fernández fueron respaldados por el Frente de Todos y rechazados por los interbloques de Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal; en tanto que el instrumento firmado por Macri recibió un voto inverso de los distintos bloques con lo cual se impuso el rechazo.
Así, La Cámara alta le dio aval a los decretos que establecen la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hasta el 31 de diciembre de 2020.
Asimismo, avanzó con el DNU de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia y el que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre. También, la comisión avaló los decretos que establecieron la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.
En cambio, rechazó el DNU 1053/18, firmado por el gobierno de Macri en 2018, mediante el cual se estatizó la deuda con las distribuidoras de gas, producida por las variaciones de tarifas según el tipo de cambio.
Este tema generó una fuerte discusión, ya que la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti consideró como “la culminación de la estafa del tarifazo. Esto empezó con la dolarización de las tarifas que se las trasladaron al pueblo argentino. Le sacaron plata del bolsillo y se las dieron a un puñado de empresas amigas del partido político que gobernaba”, enfatizó.
Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, defendió la validez del decreto firmado por Macri argumentando que “trató de brindarle sensatez y certidumbre a ciudadanos. Ese decreto que pretenden rechazar es un mecanismo de compensación para que el Estado se haga cargo en un 50 por ciento del desfasaje tarifario por la devaluación del gas y las empresas el otro cincuenta por ciento. Si lo dejan sin efecto, esa diferencia de 25 mil millones de pesos la van a tener que pagar los usuarios”, explicó.
El Senado también aprobó y convirtió en Ley un proyecto para facilitar la donación de plasma sanguíneo de enfermos recuperados de coronavirus Codiv-19, y la declaración de interés nacional de la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas.
También fue aprobada la ley que habilita las recetas digitales y los formatos de teleasistencia médica, una de las primeras leyes reclamadas por Ginés González García cuando llegó la pandemia.
Asimismo, el pleno dio su conformidad a dos proyectos vinculados con el reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
Por unanimidad fueron aprobados, y girados a Diputados, un proyecto sobre incorporación de la demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina; y la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes.
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