El legislador provincial Dante Rossi (UCR) presentó un proyecto de ley que busca limitar el aumento de las cuotas en los institutos de educación pública de gestión privada, que en algunos casos registran incrementos de 240% desde noviembre del año pasado. “Entendemos que hay que llevar tranquilidad a los cordobeses, que con desesperación ven aumentos en los colegios de sus hijos, que en muchos casos conllevan la consecuencia de tener que cambiarlos de establecimiento por no poder pagar la cuota”, expresó el legislador radical.
La iniciativa, dada a conocer a través de un comunicado de prensa, establece como tope máximo de aumento de las cuotas de los institutos de educación pública de gestión privada, el valor fijado de inflación en el período noviembre/2022 y noviembre/2023 que dispone para la Provincia de Córdoba la Dirección General de Estadísticas y Censos, para todos aquellos establecimientos que “reciban la contribución del Estado provincial en concepto de aportes determinada por el artículo 58 de la Ley 5326, que se liquiden en un porcentual superior al 90 % de lo que dispone el artículo 62 de la ley citada con sus modificaciones. Mientras que para los colegios donde se liquide un porcentual inferior al 90 %, el tope máximo es el de la inflación con un 20 % adicional”.
De este modo, si el subsidio por cada docente es superior al 90%, el incremento no debiera superar la inflación interanual (noviembre 2022-noviembre 2023); y si es inferior al 90%, la suba autorizada debería ser la inflación de los doce meses citados más un 20%.
Además, determina como valor máximo de la inscripción o matrícula para el período 2024 el establecido como cuota del mes de octubre del corriente año.
En febrero de 2023 se suscribió un acuerdo entre los Ministerios de Educación y Economía de la Nación con la Cámara Argentina de Institutos Privados (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociación de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC), estableciendo topes a los aumentos de los colegios privados. Córdoba no adhirió, como si lo hicieron 17 administraciones provinciales.
Recuerda Rossi que “Walter Grahovac expresó en su momento que la medida “pondría en zozobra el funcionamiento” de las escuelas. Está claro que lo que está en zozobra es el bolsillo de las familias que no pueden pagar aumentos que superan largamente la inflación, y que ascienden a más del 240%”.
El legislador explicó que “la Dirección de Institutos Privados (DIPE) autoriza en febrero de cada año, y lo puede revisar, aumentos de acuerdo a los gastos que acreditan las instituciones educativas de gestión privada. El control es casi nulo, y se aprueba casi a libro cerrado lo que exponen las instituciones”.
Detalla que “la ley 5326, con sus modificaciones, establece una contribución del Estado mínima por cada docente, docente auxiliar y directivo que trabaje en la institución, del 45 % de la remuneración de cada uno de ellos. En la práctica, en más del 90 % de las escuelas privadas de Córdoba ese aporte es del 100%”.
Rossi dijo que “el proyecto busca poner un tope en los aumentos anuales de las cuotas igual al monto inflacionario del período noviembre/2022 y noviembre 2023 para aquellos establecimientos privados que reciban un monto superior al 90 % del aporte referido a la contribución del Estado por cada docente; y que, para el caso de ser inferior, no supere un 20 % más. Hay aumentos verificados que van del 121% a más de 240 % en instituciones de zona norte de la Ciudad de Córdoba”.
Dijo también que “no pueden atarse los aumentos a la paritaria docente, pues es el Estado el que cubre la casi totalidad de la masa salarial de los educadores de los colegios privados. Además, en concepto de inscripción o matrícula, el aumento en algunos casos es abusivo. Lo limitamos a la cuota que se estableció para octubre del presente año. Entendemos que hay que llevar tranquilidad a los cordobeses, que con desesperación ven aumentos en los colegios de sus hijos, que en muchos casos conllevan la consecuencia de tener que cambiarlos de establecimiento por no poder pagar la cuota”.
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