El pasado 28 de septiembre, el PAMI emitió la resolución 968, reduciendo el presupuesto disponible para el tratamiento de diálisis. Los prestadores cordobeses aseguran que pone en riesgo la prestación y analizarán no adherir.

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En Córdoba, en los 55 centros de diálisis que se encuentran distribuidos en toda la provincia, se atienden 700 jubilados que padecen de Insuficiencia renal crónica terminal. Esto es, que necesitan dializarse tres veces por semana, en sesiones de 4 a 5 horas de duración.  Estas prestaciones se encuentran en riesgo aseguró el médico Gustavo Ascarani de la Asociación  de Hemodiálisis y Transplantes de Córdoba. “No estamos en condiciones de absorber más ajustes”, le explicó a ENREDACCIÓN.

¿Qué es la diálisis? Básicamente un tratamiento artificial que elimina los productos de desecho y líquidos de la sangre que los riñones no pueden eliminar. También ayuda a mantener el equilibrio en el organismo, corrigiendo los niveles de diversas sustancias tóxicas en la sangre. Sin diálisis, todos los pacientes con insuficiencia renal terminal morirían como consecuencia de la acumulación de toxinas en la sangre.

“Estos pacientes necesitan indefectiblemente realizarse tres sesiones de diálisis semanales, de 4 a 5 horas cada sesión. Durante el tratamiento, el paciente recibe no solamente la atención médica del nefrólogo sino también el apoyo del equipo multidisciplinario que participa del tratamiento”, explica Ascarani.

Se trata además de una práctica regida por la Ley Nacional de Diálisis y reglamentaciones del Ministerio de Salud de la Nación, “por lo cual la cantidad y la calidad de la práctica no puede disminuir sin que ello ponga en riesgo la vida del paciente”.

-¿Cuándo habla de ajuste, a qué valores se refiere?, preguntó este medio a Ascarani.

El año pasado, el PAMI incrementó el valor de las prestaciones de diálisis un 30%, cuando habíamos tenido un incremento de costos de 43%. Es decir, perdimos un 13%. Ahora, con la  nueva resolución propone una adhesión obligatoria y un incremento de 6% promedio, cuando nosotros hemos tenido un aumento de costos de entre 12 y 14%. Es una situación que dificulta los tratamientos. Tenga en cuenta que en los centros más chicos, los que están en el interior, es la única alternativa de prestación de este tratamiento. Si cierran no hay más prestación. Por ejemplo, en Laboulaye, hay un centro que atiende a 50 pacientes que no tienen otra alternativa a 250 kilómetros a la redonda. Con estos valores, la operación de los centros se vuelve muy crítica. En el interior del país nosotros usamos los mismos insumos que en Buenos Aires, donde se adquieren. La diferencia es que nosotros tenemos que pagar fletes. También somos responsables de los residuos patógenos que generamos hasta tanto se destruyan. Ése es otro costo oculto. Y finalmente, los impuestos que cobra el Estado, que es nuestro socio principal. Están mermando la capacidad operativa y económica de los centros con esta decisión.

¿Qué medida analizan tomar frente a esta situación?

Vamos a tratar de dialogar con el PAMI, de buscar soluciones, sin embargo la resolución plantea como una obligación adherir al nuevos sistema con los nuevos costos. Por ese motivo, en Córdoba estamos evaluando no adherir a la resolución.

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN

VER RESOLUCIÓN 968 (Páginas 9 y 10).

La resolución plantea la readecuación de valores en su artículo 2, donde señala: “(…) Dejar sin efecto el Sistema de incentivos Integrales para la Gestión de la Calidad del Tratamiento Sustitutivo Dialítico de la Función Renal establecido en la Resolución N°770/DE/2015, con vigencia al 1º de julio del corriente año”. Y luego, en el artículo 4° obliga a adherir al nuevo sistema, con riesgo de quedar excluido de la lista de centros habilitados. Allí dice: “Otorgar a los prestadores que actualmente tienen a su cargo los servicios del Módulo de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal, un plazo de 15 días corridos a partir del dictado de la presente para manifestar su voluntad de adherir”. Esto ubica la fecha límite en el próximo 12 de octubre.

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