La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, enviaron al Congreso un paquete de cinco proyectos de ley con “el objetivo de combatir el crimen organizado”. Entre esas iniciativas se encuentra la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra el narcotráfico y un aumento de penas para reprimir la protesta social.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Bullrich, y Petri, brindaron detalles de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del presidente Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.
Las leyes son las siguientes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.
La llamada ley antimafias propone que aquellos que “cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.
Agregó la ministra que “la pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”.
Según Bullrich, “una organización criminal es aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.
La ministra de Seguridad planteó que “la ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.
“Segundo: a Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, añadió, y continuó: “Tercero, el registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención”.
Planteó Bullrich que “el cuarto proyecto que vamos a presentar tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.
“El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber”, dijo Bullrich que agregó que “vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”.
“Además, proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años”.
Por su parte, Petri dijo que “la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución, y por disposición del presidente Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos”.
“Estamos modificando la Ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos. A partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.
Petri dijo que las modificaciones también posibilitan “la utilización de medios coercitivos que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.
“Cuando se decida su intervención, las Fuerzas Armadas van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir en tareas de prevención que garanticen la vida, la paz y la seguridad de todos los argentinos”.
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