El Gobierno nacional logró la aprobación de la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones) con el voto de 147 legisladores, la oposición de 107 y la abstención de 2. Es la primera ley que se aprueba en casi siete meses de gobierno del ultraderechista Javier Milei. La Ley Bases delega numerosas facultades legislativas al presidente; permite una profunda reforma del Estado; habilita algunas privatizaciones de empresas públicas; impulsa una acotada y polémica flexibilización laboral; y permite una amplia desregulación y apertura de la economía, que derivará en una economía de enclave. Dos componentes de la Ley van en esa línea: El capítulo relacionado al sector hidrocarburífero y el RIGI.
En el primero, modifica el eje organizativo del sector, al eliminar el objetivo del abastecimiento interno, y dejar librado su funcionamiento al mercado, lo que promoverá que el petroleo y el gas se conviertan esencialmente en bienes transables con la economía mundial.
Mientras que con el RIGI se favorecerá el ingreso de capitales internacionales para explotar, entre otros, los recursos mineros, con reglas diferentes al resto de la economía, como la libre disponibilidad de divisas o la resolución de diferendos en tribunales internacionales. A su vez, no promueve que esas inversiones apuntalen el desarrollo de la industria nacional.
El esquema es establecer estímulos para la captación de inversiones extranjeras (de al menos de u$s 200 millones) durante 30 años para el sector forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. También cuentan con exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año.
Después de tres horas de cuestiones de privilegio, el debate se inició a las 15 de este jueves, con alrededor de 40 oradores anotados para el debate, que se realizó en conjunto para ambos proyectos del temario. Durante la jornada, se hicieron presentes en el Congreso la secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, clave en las negociaciones de ambas leyes; y la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros representantes del Ejecutivo.
La Libertad Avanza contó para la sanción definitiva de la ley con el apoyo de sus aliados, entre ellos el Pro, y de sectores “dialoguistas”, como la Unión Cívica Radical, el bloque Hacemos Coalición Federal e Innovación. También la Coalición Cívica y otros bloques provinciales como Producción y Trabajo, de San Juan. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de plano el proyecto, junto a otro pequeño grupo de opositores.
La Ley Bases contiene 238 artículos contenidos en nueve títulos. Entre sus principales puntos, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y delega facultades en el Poder Ejecutivo.
Además, dispone la privatización de ocho empresas públicas (quedaron afuera de la lista Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina); al tiempo que prohíbe la disolución de una treintena de organismos públicos.
También prevé la creación de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones e introduce una acotada reforma laboral, que avanza sobre eliminación de multas a empleadores, ampliación del período de prueba, creación de un fondo de cese laboral y establecer que los bloqueos en empresas podrán ser considerados causal de despido.
LAS VOCES DE LOS DIPUTADOS
SANTIAGO SANTURIO (LLA)
“La sanción de la ley hará que no solo se confirme el rumbo, sino que nos permita ir más rápido. El Estado no puede gastar más de lo tiene, el superávit es la piedra angular que nosotros sostenemos para la salida de la Argentina”.
DE LOREDO (UCR)
“El motivo más importante para apoyar esta Ley, es porque estamos de acuerdo con los contenidos. Delegaciones razonables, privatizaciones necesarias, la modernización de la legislación del trabajo, un régimen de inversiones que compra una credibilidad que el país no tiene, un cambio de paradigma hidrocarburíferos”.
El diputado nacional, Rodrigo De Loredo (UCR). (Foto: Prensa / Archivo).
SILVIA LOSPENATTO (PRO)
“Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones argentinos. Hagamos que valga la pena, sigamos avanzando, no nos tentemos con salidas fáciles, sostengamos el equilibrio y repartamos mejor el costo de este proceso”.
MÁXIMO KIRCHNER (UXP)
“Es verdad que esta ley contiene cercenamiento de derechos laborales, deberá entonces la oposición pensar cómo construye un 2027 para restituir esos derechos. Pero el RIGI excede el mandato del actual presidente. (…) Por ejemplo, Petronas firmó un acuerdo con YPF que tiene media aprobación de Diputados y, sin embargo, ahora quiere el RIGI nuevo. ¿Qué significa? Que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas y no a YPF y al pueblo argentino”.
CHRISTIÁN CARRILLO (FIT)
“Estas leyes son hijas de un acto corrupto, y por eso vamos a denunciarlas en la justicia; estas leyes son hijas de compra de votos a cambio de cargos, y por eso vamos a denunciarlas; están viciadas de nulidad. Como también los trabajadores van a denunciar que se están violando sus derechos y todo el capítulo laboral es inconstitucional. Lo mismo va a pasar con medidas que quitan derechos a los trabajadores y violan los tratados internacionales, que sostienen que en materia laboral solo puede haber legislación progresiva. Es decir, nuevos derechos a los trabajadores. Todo lo que sea quitarles derechos a los trabajadores es absolutamente inconstitucional, y va a ser judicializado también que estén por meter por la ventana el impuesto a las Ganancias, que no pueden hacerlo porque fue rechazado en el paquete fiscal”.
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