“No solo es inmoral cobrar la deuda externa, también es inmoral pagarla, porque, fatalmente, significará endeudar progresivamente a nuestros pueblos”. Con estas palabras Pedro Casaldaliga, Obispo de São Félix do Araguaia, abría el encuentro continental de la juventud y los estudiantes celebrado en La Habana en septiembre de 1985.
En ese momento la deuda externa de América Latina en conjunto sumaba la cifra de 360 mil millones de dólares, y la de Argentina apenas superaba los 40.000 millones, de los cuales el 85 % había sido contraída, por la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.
El senador Antonio Napoli (Rio Negro UCR) en el inicio de la re-instauración democrática (1984) propuso la creación de una comisión del Congreso de la Nación que en uso de sus facultades constitucionales investigara el origen y procedencia de semejante endeudamiento y al mismo tiempo resolviera la suspensión de los pagos de la misma hasta que se produjera y debatiera dicho informe.
El proyecto se fundamentaba en un estudio preliminar realizado por el economista Salvador Treber, en ese momento vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, que demostraba el carácter espúreo del origen de la deuda externa.
El proyecto del senador Napoli nunca se trató ni aprobó y en su lugar se fue imponiendo oficialmente el discurso monocorde de que los Estados “deben honrar sus deudas” luego de renunciar al ministro Bernardo Grispun, que en ese año 1984 pretendió concertar una acción común de los países latinoamericanos frente a los acreedores financieros internacionales.
El pago de la deuda externa realizado desde aquel tiempo, fue cerrando las posibilidades de que la democracia reiniciada resolviera la promesa de que con ella “se come, se cura y se educa” a las mayorías y terminó asfixiando con sus condicionamientos el proceso institucional abierto en 1983.
Los grandes grupos económicos, como Techint, Arcor, Bulgheroni y Macri, que habían sido los verdaderos contrayentes de aquella deuda y que se beneficiaron con la estatización de la misma decidida por la Dictadura en el año 1982, eran los principales aliados del FMI para imponer el pago de este endeudamiento y aceptar sus condicionamientos. Estos grupos desplegaron una variedad de condicionamientos y presiones que desembocaron en hiperinflación, lo que produjo una fenomenal traslación de riquezas a los sectores más concentrados y el empobrecimiento masivo de de la población. Como consecuencia directa de ésta situación se debilitó al máximo el gobierno radical de Alfonsín (al que obligaron a renunciar seis meses antes de que finalizara su mandato) y los sectores concentrados de la economía impusieron al nuevo gobierno justicialista, presidido por Carlos Menem, un programa de neto corte neoliberal que privatizó el conjunto de empresas públicas. La decepción y el desaliento inmovilizaron a las mayorías populares y en particular a la joven generación que se animó en esos años a soñar y luchar por con una democracia que fuera participativa, real y profunda luego de la peor Dictadura que sufrió la Argentina.
Hoy nuestro país ha quedado nuevamente en una situación comprometida por el endeudamiento, con condicionamientos externos y de los grupos concentrados de poder local bastante parecidos a los de aquellos años.
La Argentina tiene una deuda de 327 mil millones de dólares a diciembre de 2019, de los cuales 45.400 millones de dólares son con organismos internacionales (mayormente el FMI). En diciembre de 2015 las acreencias externas de todo tipo eran de 222.703 millones de dólares. O sea, en el gobierno de Macri la deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró, sobre todo, por la perentoriedad de los plazos.
El 21 de mayo de 2020, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la fuga de capitales del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior. Es más, ese informe sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares.*
A partir de este informe del BCRA, la AFIP debería actuar sobre estos “fugadores” de miles de millones de dólares que no han pagado los impuestos correspondientes aplicando con todo su rigor la legislación tributaria.
En este sentido, no alcanza con que el Ministro de Economía repita que la deuda la contrajo Macri y la fugaron los grupos. Si se tiene la información pública precisa de cómo lo hicieron, se debe proponer una acción soberana de nuestro país. No pueden quedar por enésima vez impunes los grupos empresarios monopólicos que son los verdaderos “fugadores de dólares al exterior” que malversan y se enriquecen con estos créditos y después le imponen a los gobiernos que los paguen sobre la postergación de las demandas populares.
El crédito que Macri tomó del FMI de 45 mil millones de dólares no es más que un cepo para subordinar la economía del país al poder financiero internacional. El FMI sabe perfectamente que no solo no se pagará, sino que se incrementará con nuevos préstamos sucesivamente y en el transcurso condicionará y limitará las políticas de los gobiernos como ha ocurrido en gran parte de la historia argentina.
Sin ir más lejos, en el ínterin de la negociación de este último año, el ministro Guzmán (preparándose a las condicionalidades del Fondo) ya viene reduciendo el déficit fiscal y los salarios determinados por Convenios Colectivos, y los ingresos complementarios establecidos por políticas públicas, en estos dos años han continuado evolucionando por debajo de la inflación. A partir del último trimestre de 2020 dejo de pagar el IFE y otras políticas de protección de los sectores sociales que más han sufrido la pandemia. Lo que genera decepción en muchos de los que votaron al Frente de Todos pensando que iban a recorrer el camino contrario.
Aquel encuentro reunido en la Habana en 1985 al que le hablaba el Obispo**, reunió más de mil representantes de organizaciones juveniles y estudiantiles que dijeron que la deuda externa de América Latina era impagable, moral, política y económicamente y no solo por la voluntad de sus corrientes antiimperialistas, sino porque así lo demuestra la realidad que viven las sociedades. En estas tres décadas y media se ha cuadriplicado la deuda externa de América Latina, a pesar de haberse pagado y repagado la misma una y otra vez. Por su pago se han impuesto y aplicado los planes del FMI y sus condicionamientos y se han entregado las empresas publicas y los recursos naturales al capital trasnacional. Por “honrar” las deudas con el Capital Financiero Internacional se ha deshonrado la historia de los pueblos como lo hizo Pinochet en Chile, Menem en Argentina, Collor de Melo en Brasil o Díaz de Gortari en Méjico.
Los países de Nuestra América pudieron crecer y aplicar políticas redistributivas en la primera década y media de éste siglo básicamente porque se apartaron de los dictados del FMI a partir de la acción concertada simbólicamente expresada en el NO AL ALCA de 2005 en Mar del Plata.
Las concesiones al poder financiero, como ya conocemos por la experiencia nacional y latinoamericana, son interminables, como también sabemos que las derechas locales se suben a la ola de insatisfacción social que generan las mismas para minar las bases de los procesos democráticos e imponer los intereses de las minorías privilegiadas.
La defensa de la democracia y de las condiciones de vida digna del pueblo, están indisolublemente unidas y solamente se puede llevar adelante confrontando con el poder económico concentrado.
Los sectores nacionales, populares y democráticos estamos ante el desafío de enfrentar el verdadero cepo que imponen los conquistadores del siglo XXI, que es la DEUDA ETERNA como la llamaba Don Pedro Casaldaliga**.
* Horacio Rovelli, 8/21
** Pedro Casaldaliga, Obispo de São Félix do Araguaia
– Carlos Vicente es abogado, fue vice intendente de Córdoba (2007-2011) y diputado provincial (1999-2001).
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